El Tribunal Constitucional de España declaró incompatibles con la Constitución la mayoría de las iniciativas incluidas en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras de Cataluña dirigidas a crear nueva institucionalidad que forme parte del proceso independentista. Después de la consulta soberanista del 9 de noviembre (también declarada inconstitucional), el Parlamento catalán impulsó una hoja de ruta que incluye una seguridad social y una administración tributaria propia.
Para el tribunal, varios artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras le otorgan a la Generalitat, el Poder Ejecutivo catalán, competencias que le corresponden al Estado español. Es el caso de los planes para dirigir los recursos energéticos, las telecomunicaciones y el transporte ferroviario, entre otros, informó el diario madrileño El País. En el caso de la seguridad social, la Agencia Catalana de Protección Social, el tribunal consideró que puede ser viable si se limita a las competencias que hoy tiene el gobierno catalán en el área.
La vocera de la Generalitat, Neus Munté, dijo ayer que los efectos de esta sentencia son “mínimos” y que el gobierno catalán mantiene “un compromiso firme con la creación de estructuras de Estado”. Agregó que se trabaja de forma intensa en la planificación tributaria, que es un documento que “tienen todos los estados”.