En menos de una semana, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, logró allanar el camino para acceder a un cuarto mandato. El martes, el mandatario confirmó que se presentará a la reelección con su esposa, Rosario Murillo, como compañera de fórmula. Unos días antes, el oficialismo había logrado destituir a los diputados del principal partido opositor, que tenía mayoría parlamentaria y que enseguida retiró su candidatura para las elecciones de noviembre.
Ortega y Murillo serán la fórmula electoral de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa, integrada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otros 16 partidos políticos más chicos. Oficializaron la fórmula el martes, cuando se inscribieron ante las autoridades electorales. “Se hablaba de quién iba a asumir la vicepresidencia para seguir con el buen gobierno de este país. Tenía que ser una mujer, ¿y quién mejor que la compañera Rosario Murillo, que ha realizado una labor con mucha eficiencia, disciplina, dedicación y sin horario?”, dijo el líder del FSLN. Agregó que Murillo aspira a la vicepresidencia “en representación de las mujeres nicaragüenses”.
La compañera de fórmula de Ortega es una primera dama con mucho poder: en el actual gobierno coordina el Consejo de Comunicación y Ciudadanía y ejerce 50% del poder estatal -algo que el propio Ortega reconoció públicamente-, ya que cumple las funciones de una superministra y tiene control sobre todas las instituciones públicas. Sin embargo, ejerce esas funciones sin legitimidad, ya que no fue elegida por la ciudadanía. La oposición considera que la elección de Murillo como candidata a la vicepresidencia es una estrategia de Ortega para legitimar el poder que la primera dama, en realidad, ya tiene, e instaurar una nueva dinastía en el país, casi cuatro décadas después de que se derrocó a la familia Somoza.
Los sectores críticos con Ortega consideran, además, que el mandatario -que fue presidente en la década de 1980 y ganó las elecciones en 2007 y 2011- quiere imponer un gobierno de partido único. Encuentran una prueba de esto en lo que pasó el viernes, cuando la Junta Directiva del Parlamento de Nicaragua, controlada por los sandinistas, acató una resolución del Consejo Supremo Electoral y destituyó a 28 diputados opositores.
La resolución establecía que esos 28 legisladores, que pertenecen al Partido Liberal Independiente (PLI), el principal de la oposición, no reconocieron a Pedro Reyes -considerado por la oposición un colaborador del gobierno-, que fue impuesto en mayo por la Corte Suprema de Justicia (también controlada por Ortega) como presidente de esa organización política.
“La destitución masiva de los diputados de oposición constituye un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua, y con ella el régimen de Daniel Ortega está dando un golpe de Estado al Poder Legislativo”, denunciaron los opositores en un comunicado. También dijeron que la decisión demuestra “desprecio por el voto ciudadano” y destruye “la ya debilitada democracia representativa en Nicaragua al cerrar el último espacio institucional para la oposición”.
Tras la decisión de la directiva parlamentaria, el bloque opositor liderado por el PLI anunció que no se presentará a las elecciones de noviembre, que calificaron de “farsa”.