El jefe de la Policía de Filipinas, Ronald dela Rosa, anunció la suspensión de la campaña contra los consumidores y los traficantes de drogas para poner el foco en la depuración de la institución de funcionarios corruptos. “Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la limpieza interna y, cuando se solucione el problema, el presidente nos ordenará que volvamos a la guerra contra las drogas. Pero de momento, no más operaciones antidroga”, dijo Dela Rosa desde el cuartel de Campo Crame en Ciudad Quezón.
El anuncio llega un día después de que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, reconociera que la Policía de su país es “corrupta hasta la médula” y prometiera investigar a la institución. Duterte manifestó su inquietud luego de que se destapara el caso de Jee Ick-joo, un empresario surcoreano asesinado hace tres meses durante una supuesta operación antidroga. Jee fue secuestrado el 18 de octubre junto a su asistente en su casa de la Ciudad de los Ángeles por un grupo de hombres armados integrado por tres funcionarios de la Policía y tres agentes de la unidad antinarcóticos, entre otros. Ese mismo día, su asistente fue liberada y el surcoreano falleció estrangulado en la sede de la Policía Nacional. Sin embargo, su esposa recibió una petición de rescate por 100 millones de dólares -que llegó a pagar- semanas después de su desaparición.
El presidente aseguró el domingo que la campaña antidroga se reanudará después de la limpieza en la Policía y que se prolongará hasta el final de su mandato, en 2022, y no sólo por un año, como había anunciado en un principio. Duterte llegó al poder en junio de 2016 y enseguida instauró la “guerra contra las drogas”. Desde entonces, su campaña provocó más de 7.000 muertes, de las cuales 2.527 fueron a manos de funcionarios policiales.
Algunas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, consideran que la “pausa” en la campaña no significará nada a no ser que el gobierno asuma la responsabilidad de los asesinatos.