El 2017 se inició con nuevos precios de los combustibles que significaron aumentos de hasta 20% en el precio de la nafta y de 16,5% en el diésel, que provocaron protestas a lo largo del país. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aceptó que el aumento era “un cambio difícil”, pero argumentó que era necesario para mantener la estabilidad económica y financiar los programas sociales. “Mantener un precio artificial de la gasolina en 2017 habría significado un gasto adicional de más de 200.000 millones de pesos [unos 9.700 millones de dólares]”, dijo en un mensaje emitido el jueves. Explicó que ese monto es equivalente a cuatro meses de seguro social y a dos años de dos programas sociales destinados a personas de bajos recursos, y dijo que la decisión de aumentar el precio de los combustibles se tomó para evitar cortar dichos programas.
La medida forma parte de un proceso de flexibilización del mercado petrolero en México, emprendida en 2013, aunque Peña Nieto ha reiterado su mensaje de que el incremento de hace unos días no se debe a impuestos ni a esa reforma. “Se trata de un aumento que viene del exterior”, aseguró.
Peña Nieto se defendió diciendo que los gobiernos anteriores mantuvieron precios artificialmente bajos, solamente para evitar costos políticos, y que por eso el Estado perdió “un millón de millones subsidiando la gasolina”.
La incertidumbre sobre la política del próximo gobierno estadounidense dificulta prever el futuro económico del país, y la decisión de aumentar los combustibles puede leerse en esa clave. Un vuelco radical hacia el proteccionismo en Estados Unidos tendrá consecuencias globales, pero llevará a la economía mexicana a una inevitable recesión. Para muestra basta un botón: ante presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la empresa automotriz Ford canceló un proyecto de 1.600 millones de dólares para construir una planta en San Luis Potosí. El millonario también lanzó advertencias a General Motors y la japonesa Toyota, ambas con filiales en México.
Los ingresos petroleros representan una proporción muy alta de los ingresos totales del gobierno federal mexicano, algo más de 30%, por lo que cualquier variación que estos sufran genera un fuerte impacto en las finanzas públicas. Sin embargo, la industria petrolera como tal representa una proporción relativamente menor del Producto Interno Bruto mexicano y de sus exportaciones. En este sentido, la economía de México no es dependiente del petróleo al grado en que lo son Arabia Saudita o Venezuela.
En México, el precio de la nafta y el gasoil es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la fijación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El subsidio al precio de las gasolinas en México representó 5,8% del PIB entre 2006 y 2012. Según el informe World Energy Outlook 2015, de la Agencia Internacional de Energía, en 2014 el subsidio al consumo de combustibles fósiles en México equivalía a un gasto de 42 dólares per cápita. Los subsidios a la nafta y el diésel, que comenzaron a aplicarse durante el gobierno de Carlos Salinas para disminuir las presiones inflacionarias, han sido señalados como generadores de regresividad debido a que su distribución es directamente proporcional al nivel de consumo de los hogares. Esto implica que el dinero público que se destinaba a estos subsidios beneficiaba más a los sectores medios y altos de la estructura de ingresos, ya que quienes más consumen esos combustibles son quienes tienen autos particulares.
Dada la posición exportadora de México, la abrupta caída del precio internacional del petróleo durante 2015 provocó un escenario complicado para las finanzas del gobierno federal: los ingresos petroleros disminuyeron casi 33% a lo largo de ese año.
Esa es la razón por la que el gobierno decidió comenzar a compensar la caída en los ingresos por venta de petróleo crudo en el extranjero con los ingresos que recibe por medio del IEPS a las naftas y el diésel.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación del IEPS pasó de ser negativa en casi 13.000 millones de pesos mexicanos (unos 630 millones de dólares) en 2014 a un balance positivo de casi 221.000 millones de pesos (unos 10.700 millones de dólares). De alguna manera, la decisión de aumentar el precio de los combustibles busca compensar la brecha que dejó la reducción de los ingresos petroleros con el aumento de la recaudación fiscal.
Como respuesta a las críticas recibidas, José Antonio Meade, secretario de Hacienda del gobierno federal, explicó que México es uno de los países en los que el incremento de precios de los combustibles ha sido menor, pero los datos no respaldan sus dichos. Según el diario La Vanguardia, México está entre los países en que más ha aumentado el precio de los combustibles. El periódico cita al portal especializado en datos y análisis sobre combustibles Global Petrol Prices, que indica que México fue el país que estableció el mayor incremento en la primera semana del año, seguido por los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos tres meses, el incremento promedio de 20% en México es el quinto más alto en el mundo después de Zambia (32,7%), Egipto (30,6%), Georgia (20,6%) y Malasia (20,6%). En la región, también es México el que estableció el mayor incremento.
Tan campante
Con la reforma energética emprendida en 2013 y promulgada en 2015, por primera vez en 80 años se licitan a empresas privadas áreas petroleras para su exploración y explotación. Desde 2015, empresas privadas mexicanas y extranjeras pueden participar en la extracción y venta de hidrocarburos y en la generación y abastecimiento de electricidad para grandes consumidores.
Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el primer semestre de 2016, las ventas de crudo de la empresa Pemex a Estados Unidos alcanzaron los 14.500 millones de dólares. Por su parte, la paraestatal Comisión Federal de Electricidad vendió energía por más de 13.000 millones de dólares a las industrias y las grandes empresas de servicios, además de a unos 37,3 millones de hogares.
Pemex ha cuantificado los recursos de hidrocarburos del país en más de 100.000 millones de barriles, incluyendo los yacimientos probados y los posibles, tanto en aguas someras poco profundas como en tierra y en mar profundo.
Hasta la reforma, sólo Pemex tenía derecho a acceder a dichos recursos, pero, mediante varios tipos de contratos o licencias, los nuevos competidores de esa petrolera mexicana podrán explotar yacimientos conocidos o los que descubran mediante la exploración, y retener las ganancias, luego de pagar al Estado mexicano los impuestos.
También la reforma permite al capital privado participar en el negocio de la venta de combustibles, es decir, el refinamiento del crudo. Se estima que este es un negocio que implica la venta de 187 millones de litros de combustible al día, con un valor de 65.000 millones de dólares al año.
La apertura del mercado del crudo y los combustibles ha sido justificada por el gobierno porque Pemex no da abasto con el crecimiento energético en el país y se estaba invirtiendo cada vez más dinero de los contribuyentes pero produciendo cada vez menos petróleo, porque se agotaron los mejores yacimientos del país y es necesario iniciar nuevas exploraciones.
Pemex tiene un patrimonio negativo de más de 20.000 millones de dólares, algo difícil de lograr en una empresa petrolera con yacimientos propios.
El gobierno de Peña Nieto ha dicho que la reforma energética posibilitaría que los usuarios de nafta y gasoil accedieran a una mayor variedad de precios, marcas y calidades de combustibles, pero la decisión del gobierno de incrementar el IESP para resolver el desequilibrio de las finanzas públicas puede afectar su viabilidad.