Un intenso enfrentamiento entre vendedores callejeros -o manteros- y las fuerzas de seguridad dejó ayer, en el barrio porteño de Once, un saldo de dos detenidos y tres heridos. Entre los lesionados, hay dos policías y un fotógrafo del diario Crónica que fue alcanzado por una bomba de estruendo mientras cubría la manifestación. Los manteros protestaban contra el desalojo de sus puestos de venta en la calle, que comenzó en la madrugada con un operativo policial que incluyó palazos y que algunos medios argentinos, como la agencia de noticias Télam, calificaron de “férreo”.
El desalojo fue ordenado por el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, que había solicitado al Ministerio de Seguridad y Justicia porteño “impedir” la instalación de puestos en la intersección de las avenidas Corrientes y Pueyrredón, en Once. Fuentes oficiales citadas por el diario Página 12 informaron que en total se desmantelaron entre 2.000 y 2.500 puestos y que se hicieron allanamientos en varios galpones del barrio, donde se incautó mercadería ilegal.
La reacción de los manteros llegó a las 9.00, cuando cortaron las avenidas Pueyrredón y Rivadavia. Su principal reclamo era que los dejaran trabajar. Los vendedores no dejaron circular a los vehículos, lo cual generó caos en el tránsito de la zona, y prendieron fuego contenedores de basura. La decisión fue tomada después de que no prosperara una reunión que mantuvieron dos vendedores con funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control para llegar a un acuerdo, según informó Télam.
Tres horas después la Policía decidió intervenir en la manifestación para despejar el área. Como respuesta, los manifestantes lanzaron piedras y quemaron neumáticos. Los policías, entonces, reprimieron con balas de goma, gas pimienta y camiones lanzaagua.
Ante esta situación, la subsecretaria de Uso del Espacio Público de Buenos Aires, Clara Muzzio, ofreció a los manteros registrarse en un censo para vender sus productos en uno de los predios que el gobierno de la ciudad tiene pensado destinar para relocalizar a los vendedores ambulantes. Además, advirtió que el gobierno dialogará sólo con “los vendedores de buena fe” y no “con las organizaciones” y “las personas violentas”.
Pero a la mayoría de los vendedores no les parece que esta sea la solución. En una entrevista radial, un integrante de la organización Vendedores Libres, Omar Guaraz, señaló que, en los últimos cinco años, el gobierno de Buenos Aires desalojó a más de 6.000 vendedores. “Todos se han quedado sin trabajo. Desmentimos de manera categórica la supuesta relocalización de la que hablaron las autoridades. Ninguno tuvo una solución por parte del gobierno”, agregó Guaraz.
Gabriela Olguín, que integra la rama de Trabajadores de Espacios Públicos, se manifestó en el mismo sentido en diálogo con Página 12: “Es muy difícil que nos saquen de la calle, por donde circula el público, para alojarnos en galpones”. Olguín propuso, como alternativa, “formar mesas de trabajo en las que estén todos los actores, organizaciones de trabajadores, el Estado, las cámaras comerciales, las organizaciones vecinales”, porque “hay que ordenar las ventas y también el espacio público”, pero “no es con represión”.