La organización civil peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) presentó ante la Fiscalía nuevas pruebas que demuestran que el ex presidente Alberto Fujimori cometió “delitos de lesa humanidad” al haber esterilizado de manera “irregular”, “forzada” y “sistemática” a 236.000 mujeres durante su mandato.
En el informe entregado al fiscal Luis Landa, Demus expone elementos que, a su entender, no fueron considerados hasta ahora por la Fiscalía para demostrar el carácter irregular o forzoso de las esterilizaciones. Por ejemplo, denuncia que 211.000 mujeres recibieron información incompleta sobre el proceso antes de someterse a la ligadura de trompas, mientras que otras 25.000 mujeres no sabían que era una intervención irreversible. Además, de acuerdo con los datos del informe, 11% de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 tenía menos de 25 años, edad no recomendable para la ligadura de trompas como método anticonceptivo, según los médicos. El porcentaje se eleva hasta 15,6% en el caso de las mujeres que hablan en quechua. La mayoría de las mujeres esterilizadas tenían bajos recursos y vivían en zonas rurales, agrega el documento.
Para la organización, el número de intervenciones se disparó en 1996, cuando Fujimori y su gobierno aprobaron la Ley Nacional de Población, que despenalizaba las ligaduras de trompas y las vasectomías como método anticonceptivo. Todo esto se llevó adelante en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
Durante la conferencia de prensa en la que presentaron el informe, las integrantes de Demus exhortaron al fiscal Landa a que agilice el proceso y juzgue de una vez por todas a Fujimori, que ya cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. “Existe suficiente evidencia para que la Fiscalía denuncie y el Poder Judicial investigue y juzgue”, dijo la directora de la organización, María Ysabel Cedano.
“Llevamos 20 años esperando justicia. Lamento que los fiscales hayan guardado tanta documentación. ¿Por qué no pasa al juzgado de una vez?”, manifestaron por su parte las cinco víctimas de esterilizaciones forzadas que acompañaban a Cedano.
En tanto, el abogado de Demus, Milton Campos, pidió a las autoridades que en el caso “no interfiera el plano político” y “se evalúe de manera concienzuda que aquí toca investigar judicialmente a los responsables”.