El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) presentó un informe en el que señala como responsables de la muerte de la activista indígena y ambientalista Berta Cáceres a la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en alianza con las fuerzas de seguridad estatales. El documento confirma así las denuncias que hace la familia Cáceres desde el asesinato de la activista, el 3 de marzo de 2016.
La versión que respalda el GAIPE –formado el año pasado para llevar adelante una investigación independiente e integrado por cinco abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala– es que el asesinato de Cáceres fue producto de un “plan” que empezó a tramarse cuatro meses antes.
Según el informe, el plan fue organizado por “altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de Cáceres y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que lideraba la activista. La empresa hondureña en cuestión es la que está a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que la ambientalista se oponía.
El documento señala que esos empleados de DESA “involucrados”, actuaron además en conjunto “con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado” de Honduras. El GAIPE asegura que esa alianza permitió, entre otras cosas, que los directivos de la empresa “tuvieran información privilegiada sobre el asesinato” y pudieran “orientar las hipótesis que se manejaron por agentes del Estado a menos de 24 horas” de la muerte de Cáceres. El informe cita como ejemplo un mensaje entre directivos y empleados de la empresa a menos de 14 horas del asesinato: “He solicitado el apoyo al comisionado […] Él me va a informar de los detalles del asesinato, también me recomendó pronunciar un comunicado para desvincularse de este suceso”.
La activista fue asesinada hace 19 meses en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo fue el activista mexicano Gustavo Castro, quien ese día se alojaba en su casa y resultó herido de bala.
El mismo día en que se presentó el informe, el martes, Berta Zúñiga Cáceres, hija de la líder ambientalista, dijo a la agencia de noticias Efe que para su familia “no es una sorpresa” lo que revela el documento. “Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de ese lugar [DESA], siempre hemos pedido una investigación”, dijo la joven, que asistió a la presentación del informe junto a dos de sus hermanas y su abuela. Agregó que el trabajo de los expertos describe de manera “muy clara” el “modus operandi de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado” en el crimen de su madre. A la vez, exhortó a las autoridades hondureñas a que procedan con “la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales”, porque, según el informe, “hay suficientes pruebas para hacer ya mismo detenciones”.
La familia de Cáceres también denuncia “la responsabilidad” del Estado en el asesinato por no haber protegido a la activista, para quien había dispuesto medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2009, la familia había denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de la represa hidroeléctrica.
Por su parte, la madre de Cáceres, Berta Flores, acusó a la Fiscalía de no haber tenido “la voluntad de hacer justicia completa” y, por el contrario, haber tratado de “encubrir a los poderosos involucrados”.
Actualmente hay ocho personas detenidas por este crimen, entre quienes se encontrarían los autores materiales, aunque la investigación sigue abierta. Pero el GAIPE sostiene que hay otros “posibles autores materiales” del asesinato y culpa al Ministerio Público de liderar una investigación “insuficiente e incompleta”, ya que “aún falta identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato”. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que los responsables materiales son los ocho individuos que están presos, y así lo reiteró ayer el vocero de esa institución, Yuri Mora Carías, a la agencia de noticias AP. También dijo que se recuperó el arma homicida. Después reconoció que “lo que está costando” es “llegar a conocer quién pagó para el asesinato”. La empresa hondureña se defendió y ayer volvió a rechazar las acusaciones que la vinculan al crimen de Cáceres. De acuerdo con DESA, el informe del GAIPE “contiene falsas y malintencionadas interpretaciones provenientes de ciertas conversaciones que han sido totalmente sacadas de contexto” para “desprestigiar un proyecto de desarrollo y generación de empleo que en todo momento respeta lo que establece la ley en Honduras”.
Además, la empresa acusó al Copinh de haber financiado el informe y consideró que este documento incluye “pruebas contundentes de la violencia con la cual actúa esta organización, donde se comprueba la existencia de invasiones y agresiones que ponen en riesgo la vida de quienes cuentan con una fuente de empleo en la zona y sus familias, en una clara campaña en contra del desarrollo de los pueblos”.