Chile vive los últimos días de campaña antes de que el domingo se celebre la primera vuelta de las elecciones, en las que el ex presidente de derecha Sebastián Piñera es favorito. A su vez, el oficialismo de centroizquierda, fragmentado en dos opciones presidenciales, enfrenta dificultades que alejan la posibilidad de que logre una victoria en diciembre. Por su parte, el Frente Amplio, que a comienzos de año se presentó como una forma alternativa de hacer política, parece estar lejos de lograr el impacto electoral que buscaba.
Decenas de académicos chilenos y extranjeros consideran que el gobierno de Michelle Bachelet es un punto de quiebre en Chile, especialmente por las reformas que ha impulsado, que han modernizado al país, sobre todo en términos sociales. Hay varios ejemplos de ello. En la administración de Bachelet se han aprobado leyes como la que permitió el acceso gratuito a colegios y universidades, la unión civil entre homosexuales –en un país donde ser gay fue ilegal hasta 1999– y el aborto en tres casos especiales. También se promulgaron reformas como la tributaria, que aumentó los impuestos para las empresas más grandes, la del sistema social, que pone límites a las administradoras de fondos de pensiones, o la electoral, que hace más representativa la repartición de las bancas en el Parlamento.
Sin embargo, la aceptación del gobierno por parte de la población ha caído en los últimos años y Bachelet, que en 2010 dejó la presidencia con una popularidad de 80%, esta vez la dejará, en 2018, con un respaldo de entre 20% y 25%. Esto se atribuye a cuestiones específicas del gobierno, como que sus reformas causaron rechazo en los sectores que pudieron ser afectados pero no llegaron tan lejos como pedían quienes las reclamaban, a lo que se sumaron las denuncias de corrupción dirigidas a la familia de la presidenta, que todavía son investigadas en la Justicia. Otro factor que se ha mencionado en este sentido es el económico: el país creció poco en los últimos años. Pero también hay elementos que se vinculan con la política chilena en general y no tanto con su gobierno, en particular el distanciamiento de los chilenos con respecto a su clase política, en la que cada vez confían menos. El Estudio Nacional de Opinión Pública presentado por la fundación Centro de Estudios Públicos (CEP) concluye que 19% de los chilenos está bastante o muy interesado en política, mientras que 47% dice que no está nada interesado y 33% se declara “algo” interesado.
La pérdida de apoyo a Bachelet implica también que la presidenta no cuente con una popularidad que le permita traspasar a su coalición, Nueva Mayoría. Además, a diferencia de sus ministros no se ha involucrado en la campaña ni ha mostrado cercanía con ninguno de los candidatos, ni siquiera después de que la coalición oficialista declarara a Alejandro Guillier como su candidato. El único partido que no lo hizo fue Democracia Cristiana, que presentó a Carolina Goic como candidata propia.
A su vez, el escenario general de la política chilena se refleja en el dato que muestran las encuestadoras acerca de la abstención en un país en el que el voto no es obligatorio: sólo 43% de los chilenos “seguramente” vaya a votar, informó CEP en su último estudio. La participación será clave en los comicios del domingo, y CEP se encarga de dejarlo claro con datos que muestran cómo varía la intención de voto de acuerdo con el convencimiento que tienen los encuestados sobre si van a ir a votar. Piñera tiene un respaldo de 34,5% y Guillier, de 15,5%. Pero si se tiene en cuenta la intención de voto sólo de quienes seguro participarán en la elección, el ex presidente trepa a 42,5% y su principal rival a 21,5%. Por el contrario, la intención de voto de Marco Enríquez Ominami, que representa a un pequeño sector de la centroizquierda chilena, desciende de 6% a 4,5%.
Según las encuestas, Piñera no sólo ganará este domingo, sino que lo hará con una intención de voto que ha crecido en los últimos meses, mientras que la de sus contrincantes ha bajado, en particular la de los candidatos más identificados con la izquierda: Guillier y Beatriz Sánchez, la representante del Frente Amplio, una coalición de movimientos ciudadanos y estudiantiles que llegó a contar en julio con un respaldo de 26% y ahora aparece con 9,5%.
Fragmentados
Son ocho los candidatos que participarán en las elecciones del domingo. Goic y Enríquez Ominami, dos políticos escindidos de Nueva Mayoría, representan a partidos que promueven algunas políticas progresistas pero también abogan por la libertad de mercado y un Estado de pequeñas dimensiones. El ala izquierda está representada por tres candidatos; se trata de Sánchez y dos hombres que cuentan con una intención de voto inferior a 1%: Eduardo Artés, del Partido Comunista Acción Proletaria, y el senador Alejandro Navarro, del partido País, cuya agrupación fue excluida del Frente Amplio. El octavo candidato en estas elecciones es José Antonio Kast, que representa a la extrema derecha y se ha presentado como un seguidor del dictador Augusto Pinochet.
Por su parte, Guillier se mostró al comienzo como un candidato de una izquierda más cercana a la de Sánchez, a tal punto que optó por no adherirse a ninguno de los partidos de la Nueva Mayoría y presentarse como independiente dentro de la coalición. Sin embargo, su discurso se ha ido moderando, y aun así hay muchas dudas sobre hasta qué punto podrá tomar decisiones por su cuenta o deberá negociar con los partidos que integran la coalición que lo respalda.
“Vamos a ir a la primera vuelta como una especie de primarias del mundo progresista, pero creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos vamos a concurrir a reagruparnos para la segunda vuelta, y ahí vamos a entrar a una clara competencia con la derecha”, dijo Guillier a la agencia de noticias AFP. Sin embargo, no es tan claro que esto vaya a suceder. El Frente Amplio ha sido escenario de varios roces por cómo se ha manejado la campaña, porque el resultado que auguran las encuestas es peor que el que se esperaba, y por cuál será su postura en una eventual segunda vuelta. Hay sectores que en las pasadas elecciones respaldaron tímidamente a Bachelet en el balotaje y que no quieren que se repita lo que sucedió en las elecciones de 2010, cuando Enríquez Ominami respaldó, tardía y erráticamente, al candidato del bloque de centroizquierda que finalmente fue derrotado por Piñera. Pero también hay grupos que rechazan de manera contundente la posibilidad de involucrarse en el binomio de la política tradicional de Chile, con un polo en la centroizquierda y otro en la derecha.
El diputado Gabriel Boric, que llegó a la política desde los movimientos estudiantiles y fue uno de los que exigieron más de la reforma educativa de Bachelet, consideró que el Frente Amplio no debe entrar en “la lógica vacía” de unirse con la Nueva Mayoría en contra de la derecha sin debatir razones de fondo. Por su parte, otros dirigentes han manifestado que no están dispuestos a debatir iniciativas para llegar a ningún tipo de acuerdo. Todo indica que esa será una fuerte discusión en la interna, y los dirigentes frenteamplistas han reconocido que cualquier decisión que se tome puede generar una división en la coalición conformada en enero.
Dos países
La campaña para las elecciones giró en torno al balance que los distintos candidatos hicieron del gobierno de Bachelet. En el caso de Piñera, se dedicó a criticar el tamaño del Estado chileno y anunció que destituirá a aquellos funcionarios que hayan sido contratados por ser “operadores políticos”. Esa afirmación generó un intercambio de declaraciones con Guillier, quien lo acusó de querer “arrasar con servidores públicos”, a lo que el ex presidente respondió: “¿Qué te pasa, Alejandro? El espíritu de amargura del Partido Comunista se tomó tu alma”, en referencia a uno de los partidos que integran Nueva Mayoría.
La campaña de Piñera hizo hincapié en la recuperación del crecimiento económico. Para ello, se comprometió a reducir el gasto público achicando el tamaño del Estado y eliminando programas sociales instaurados por el gobierno de Bachelet, aunque no especificó cuáles ni en cuánto se traduciría para el Estado. Con lo que se ahorre, Piñera impulsaría propuestas que, según su programa, costarán 14.000 millones de dólares. “Vamos a tener estrictas medidas de austeridad fiscal y un programa de reducción de gastos innecesarios”, prometió el candidato.
Además, Piñera se comprometió a frenar las reformas aprobadas por Bachelet que han sido rechazadas por la derecha, especialmente la tributaria y la que establece la gratuidad de la educación. Sobre esta última argumentó que “las cosas gratis generan menos compromiso”. También dijo que “revisará” la ley que despenaliza el aborto en tres causales –violación, peligro de muerte para la madre e inviabilidad de la vida del feto–, así como la que permite la unión civil de personas del mismo sexo. Otra marcha atrás prometida por Piñera refiere al cierre del penal de Punta Peuco, medida que prometió Bachelet y que estaba anunciada para setiembre, pero todavía no se concretó; el candidato de la derecha aseguró que no cerrará esa cárcel especial en la que se encuentran los presos por delitos de la dictadura de Pinochet.
Por su parte, la campaña de Guillier ha estado sobre todo dedicada a defenderse, ya sea distanciándose de Bachelet y de su gobierno o retrucando las declaraciones de Piñera, en una campaña que los politólogos chilenos definen como aburrida y desesperanzada, con muy poco involucramiento de la ciudadanía. Por ejemplo, en una entrevista con Guillier publicada la semana pasada por el diario El Mercurio, la mitad del espacio estaba dedicado a Piñera y a lamentar el apoyo que recibe el ex presidente: “Hay un error profundo en la apreciación de la gente, porque la derecha no tiene proyecto político para Chile; es más de lo mismo”.
En cuanto a propuestas, Guillier se ha referido a algunas inversiones necesarias para el desarrollo a largo plazo de Chile en áreas como la energía renovable, la tecnología y la investigación científica.
Otro punto en el que la campaña de Guillier ha insistido desde el primer día es que, si llega a la presidencia, gobernará con el respaldo de “los ciudadanos” y no de los partidos políticos. El dirigente optó por no afiliarse a ningún partido para no asumir “compromisos” en un eventual gobierno. “La invitación será a los ciudadanos, no a los políticos, porque si no, quedo prisionero de las negociaciones”, dijo la semana pasada.