El gobierno de Honduras declaró el estado de emergencia y estableció un toque de queda después de que varias personas murieran en las protestas opositoras, algunas de ellas por disparos de la Policía, según denuncian testigos. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no terminó el escrutinio de las actas, que presentan inconsistencias, y atribuye la responsabilidad a la oposición.
Siete personas murieron y unas 300 fueron detenidas desde el miércoles, día en el que las protestas recrudecieron debido a la demora del TSE en anunciar el resultado de las elecciones y la sospechosa remontada en número de votos del presidente, Juan Orlando Hernández. El gobierno no se ha referido a estas muertes y las fuerzas de seguridad confirman sólo dos, aunque reconocen que podrían ser más. Al ser consultado sobre esto por periodistas hondureños, el portavoz de la Policía, Jair Meza, dijo: “No puedo ocultar la verdad que sale en los medios de comunicación”, que son los que informan que los muertos son siete.
Las movilizaciones opositoras han sido reprimidas por la Policía que, por ejemplo, la semana pasada lanzó gases lacrimógenos contra un acto en el que estaba hablando el ex presidente Manuel Zelaya, acompañado por decenas de seguidores. Manifestantes denunciaron que en este tipo de ofensivas la Policía ha llegado a disparar abiertamente, y testigos acusaron a esos funcionarios de haber causado, de esta manera, la muerte de cuatro o más de las siete personas que fallecieron desde el viernes. El caso que más indignación causó fue el de la joven Kimberly Dayana, de 19 años. Ella salía de su casa cuando fue sorprendida por la Policía, que le disparó en la frente, según contaron sus familiares, que presenciaron lo sucedido.
Con el correr de los días, hubo durante las protestas quemas de ómnibus y autos, saqueos de comercios y roturas de vidrieras. Los grupos que convocan a las movilizaciones aseguran que ellos no promueven estos actos y que no son sus militantes quienes los cometen, sino personas ajenas, a las que acusan de ser infiltradas del gobierno.
Después de varias jornadas en las que la oposición salió a las calles, el gobierno decretó el estado de emergencia, que se extenderá por lo menos hasta el domingo, y durante el cual rige un toque de queda entre las 18.00 y las 6.00. “El toque de queda es para salvaguardar la seguridad”, dijo el presidente Hernández. “El pueblo se siente respaldado por sus Fuerzas Armadas y su Policía, porque no es posible que alguien se dedique a saquear o a robar”, agregó. El gobernante pudo postularse a la reelección debido a un fallo judicial que le permitió esquivar la prohibición establecida en la Constitución de 1982. En 2009 el intento de Zelaya de convocar una consulta popular sobre la reelección fue utilizado como argumento para un golpe de Estado que lo desplazó del gobierno.
El toque de queda se suma a una extensión de la prohibición del porte de armas. Esta medida suele estar vigente desde cuatro días antes de las elecciones hasta cuatro días después, pero el jueves el gobierno decidió extenderla hasta el viernes que viene.
Más denuncias
La situación en las calles se vio alimentada por la incertidumbre y las denuncias de fraude, que están presentes desde el mismo domingo de las elecciones, el 26 de noviembre. El TSE había anunciado que daría los resultados esa misma noche, como es habitual, pero finalmente la demora fue la mayor que se haya registrado en el país desde la instauración de la democracia.
El principal incentivo para las protestas fue el cambio en la tendencia que marcaba el recuento de los votos. Hasta el miércoles, en los resultados oficiales llevaba la delantera Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de la Oposición, integrada por el Partido Libertad y Refundación (Libre, de Zelaya), el Partido Anticorrupción y el Partido Innovación y Unidad. Mantenía una ventaja de 5% sobre el presidente. Los dos se habían declarado ganadores el mismo día de las elecciones, Nasralla respaldándose en los datos oficiales y Hernández apoyándose en los resultados de la única encuesta a boca de urna que se hizo en esta votación.
En el conteo del TSE la tendencia parecía tan claramente favorable a Nasralla que uno de los magistrados que la integran, Marco Ramiro Lobo, dijo en una conferencia de prensa que era “irreversible”. Pero las posiciones de los dos candidatos cambiaron el jueves, según el oficialismo, debido al avance del escrutinio, pero, de acuerdo con la oposición, porque se cometió fraude.
El día de las elecciones se había escrutado 57% de las mesas. A esa altura del recuento, Nasralla reunía 45,2% de los votos y Hernández 40,2%. El jueves, cuando el escrutinio alcanzaba 83%, Nasralla bajaba a 42,1% y Hernández lo superaba, con 42,2%. Desde el viernes, los datos oficiales confirman el cambio de tendencia: con 94,35% de los votos escrutados el opositor contaba con 41,4% y el oficialista con 42,9%.
Las denuncias de fraude se han multiplicado desde entonces, tanto en los discursos de los políticos como en las redes sociales, donde la gente cuenta las irregularidades que vio en la jornada electoral. La compra y la presión para dirigir el voto fueron denunciados también en declaraciones a la diaria por Sebastián Hagobian, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio y observador en las elecciones hondureñas. Incluso algunos integrantes de mesas electorales publicaron videos en los que se muestra que los resultados de las actas que firmaron no están reflejados en la página web del TSE. En algunos casos, las actas figuran anuladas. En otros, directamente se ven unos resultados en el escaneo del acta y otros en la contabilización digital que se muestra al costado.
A estas polémicas se suma el vínculo de los cuatro magistrados del TSE con tres partidos políticos hondureños, entre los cuales no están ni la Alianza de Oposición ni las formaciones que la integran. El presidente del TSE, David Matamoros, y el magistrado Mauricio Rodríguez fueron diputados por el Partido Nacional, mientras que los otros dos integrantes, José Escobar y Lobo, tienen vínculos con los partidos minoritarios Democracia Cristiana y Unificación Democrática, respectivamente.
Desde el viernes el TSE mantiene en suspenso el conteo de las últimas 1.006 actas electorales. Se trata de aquellas que presentaron inconsistencias, y representan 5,65% de los votos. Matamoros pidió el jueves que representantes del Partido Nacional y de la Alianza de Oposición acudieran al TSE para supervisar este último escrutinio, pero la coalición opositora se negó a asistir, ya que exige que se revisen nuevamente las 5.174 actas que fueron escrutadas desde el miércoles y generaron el cambio en la votación que favoreció a Hernández. El TSE se ha negado a revisar ese recuento, que ya declaró como definitivo.
En la noche del sábado hubo una reunión entre el TSE y representantes de la Alianza de Oposición en la que se esperaba que esa organización política modificara su postura, pero eso no sucedió, y ayer Matamoros dijo que el escrutinio de las últimas actas comenzaría al mediodía de Honduras, sin importar si estaban o no los representantes de la coalición opositora. Ante su ausencia, el Partido Nacional anunció ayer que se retirará del escrutinio para evitar acusaciones de que ejerció su influencia en ese proceso.