Las reformas de Brasil y Argentina tienen puntos en común y diferencias, pero, en conjunto con otras medidas adoptadas por Temer y Macri, muestran que ambos gobiernos de derecha coinciden en su diagnóstico de la economía del país y en que es necesario un recorte de lo que consideran “gasto público”, lo que se tradujo en varias leyes y reformas que perjudican a las personas de menos ingresos. El déficit fiscal parece ser el motivo de desvelo para ambos gobiernos. En 2016, el de Brasil fue de 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y el de Argentina, de 6,1%, mientras que el promedio de América Latina se situó en 3% en ese mismo año, de acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Techo bajo
En Brasil la primera medida en este sentido fue la ley del “techo de gasto”, aprobada en 2016, que establece que durante los próximos 20 años el presupuesto puede aumentar sólo en la misma medida en que lo haga la inflación del año anterior. En un sentido similar, en su última sesión de 2017, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que tanto el gobierno nacional como el de las provincias limitarán el aumento del gasto público al crecimiento de la inflación mientras tengan déficit y, una vez que dejen de tenerlo, el tope para el aumento del gasto público será el crecimiento del PIB.
La norma, que fue acordada con todos los gobernadores, a excepción del de San Luis, también prohíbe la contratación de nuevos funcionarios, excepto en áreas como educación, salud y seguridad pública, que estará supervisada por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Este órgano, creado por la misma ley, estará integrado por representantes de las provincias, pero su liderazgo recaerá en el gobierno nacional.
En Argentina la aprobación de la reforma previsional prácticamente hizo invisible el trámite de esta ley que ya pasó por las dos cámaras y ahora espera ser promulgada por Macri. En cambio, en Brasil, el techo del gasto fue muy criticado, porque perjudica sobre todo a los servicios públicos, a los que suelen recurrir las personas de menos recursos, y a los programas sociales, ya que el congelamiento del gasto público hace muy difícil reforzarlos en períodos de crisis económicas.
Macri y Temer no han hecho gala públicamente de sus muchos puntos de coincidencia, pero, siguiendo el ejemplo de los sectores empresariales de ambos países, que los respaldan, se aplaudieron mutuamente tras la aprobación de reformas criticadas por organizaciones sociales. Ambos gobiernos han usado las reformas del país vecino como un elemento a favor de sus propias políticas: Macri utilizó como argumento la reforma laboral en Brasil para justificar la que impulsa, que será tratada en 2018, y Temer presentó como un ejemplo que en Argentina se haya aprobado una reforma previsional, cuando la versión brasileña será votada en el Congreso una vez que termine el receso de verano, en febrero. De esta forma, se convirtió en una ventaja para estos gobiernos que en cada país se pudiera aprobar una de las dos reformas, aunque la otra generara resistencias.
Ajustable
“Flexibilizar y modernizar” el mercado de trabajo son los objetivos declarados de las reformas laborales de Brasil y Argentina. En el primero, la norma ya fue aprobada, y en el segundo, la mayoría de sus puntos ya fueron acordados con la Confederación General del Trabajo, aunque otras centrales sindicales muestran su resistencia o rechazo frontal.
En Brasil la reforma laboral atacó varios de los aspectos fundamentales de la Consolidación de Leyes del Trabajo, una norma firmada por Getúlio Vargas en la época conocida como “Estado Nuevo”, durante la que se aprobaron varias leyes que garantizaban derechos básicos para los brasileños. Uno de los aspectos fundamentales de la reforma es la debilitación de la negociación colectiva mediante tres vías: permitir que se acuerden condiciones laborales que vayan en contra de derechos garantizados en las leyes e incluso en la Constitución de Brasil; la habilitación de los acuerdos por empresa y no por sector; y el aval para los acuerdos individuales entre los trabajadores de sueldos más altos y las empresas. Estos cambios permiten que en la reforma laboral se presente el acuerdo entre los trabajadores y las empresas como condición única para que, por ejemplo, la jornada laboral se aumente de ocho a 12 horas si no se superan las 44 semanales, o que el tiempo de descanso se reduzca, o incluso elimine.
Además, la reforma habilitó todo tipo de contratación alternativa a la de los trabajadores dependientes, lo que permite a las empresas brindar menos garantías a sus empleados y reducir a un mínimo sus aportes a la seguridad social. Se habilitó a las empresas a tercerizar todas sus actividades, incluso la principal, siempre y cuando se mantenga un porcentaje de las tareas con empleados propios. Además, aumentaron las posibilidades de contratación de trabajadores autónomos y zafrales, lo que fue denunciado, incluso por el Ministerio Público de Brasil, como una excesiva precarización de las relaciones laborales.
Así, la reforma laboral de Brasil ataca a los dos principales recursos que tienen los trabajadores para defender sus derechos: los sindicatos y la justicia laboral. Acerca de los primeros, la reforma prevé el fin del pago obligatorio de la cuota sindical, equivalente a un jornal por año, y permite que las negociaciones colectivas se establezcan por empresa y por fuera de los sindicatos. Sobre la justicia, pone fin a la norma que establecía que si un trabajador perdía un juicio laboral, los costos serían pagados por el Estado, lo que aumenta los riesgos para aquel que presente una denuncia.
La justicia laboral y los sindicatos también han sido dolores de cabeza para el gobierno de Macri, que al igual que Temer, apunta a ellos en su reforma laboral. El borrador de la normativa, que ya está en el Congreso, incluye “verificar” la existencia de 3.600 sindicatos inscritos como tales en Argentina, para lo que se propone hacer una “limpieza” de sus listas de afiliados. En materia judicial, la reforma plantea sólo algunas iniciativas, que serán reforzadas más adelante por otra legislación específica. Entre esas medidas, se destaca la reducción de dos a un año del plazo que tienen los trabajadores para denunciar una irregularidad ante la Justicia y la eliminación de la posibilidad que tienen hoy de entablar un juicio no contra su empleador directo sino contra el que contrata a la empresa en la que trabaja.
Debido a las resistencias que ha enfrentado, el proyecto de reforma fue reducido a su mínima expresión, pero el gobierno ya garantizó que impulsará otras medidas por medio de las negociaciones colectivas o de sucesivas normas que establezcan más modificaciones. De hecho, empezó a hacerlo al incluir en su proyecto de reforma tributaria una reducción de 0,5% de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, lo que, según economistas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, implicaría renunciar a unos 10.000 millones de dólares en aportes durante los próximos cinco años. Esta decisión política, por otra parte, va a contramano de la reforma previsional de Macri, que busca reducir los gastos de la seguridad social.
Lo que se mantiene en la reforma laboral argentina es que, al igual que en el caso de Brasil, se promueven vínculos de trabajo distintos a la relación de dependencia. En ambos países las reformas regulan el trabajo a distancia y el de profesionales que tienen microempresas y se desempeñan por cuenta propia. En los dos casos se exime a las empresas de determinadas responsabilidades con respecto a estos trabajadores, por ejemplo, en el caso de un accidente laboral o de malas condiciones de trabajo. Además, se derogan las normas que establecen que si el vínculo es exclusivo y continuo, se trata de una relación de dependencia y, por lo tanto, el trabajador debe acceder a algunos derechos de los dependientes, como el cobro de aguinaldo, licencia paga y salario vacacional.
Otro aspecto de la norma argentina es que limita el cálculo de la indemnización por despidos injustificados, incluyendo como única variable al salario y dejando por fuera cualquier partida adicional, como bonos, horas extra o presentismo. Además, la reforma incluye un gesto importante para los empresarios al promover un “blanqueo laboral”, una condonación de deuda para los empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores ante el organismo de seguridad social.
Con resistencia
En el caso de las reformas previsionales, nuevamente la iniciativa de Temer fue más dura que la de Macri, aunque se prevé que ambas afecten de manera muy negativa a los jubilados, especialmente a aquellos que cobran menos. En el caso brasileño, el gobierno ni siquiera logró los apoyos necesarios para que la iniciativa fuera votada, por lo que su tratamiento se postergó para febrero. En el argentino, la votación se llevó adelante, pero después de que el gobierno tuviera que negociar y mientras las protestas eran reprimidas de manera muy dura fuera del Congreso.
Las reformas se centran en aspectos distintos: la brasileña en la edad de jubilación y la argentina en el cálculo por el que se definen los aumentos de los jubilados. Pero sus efectos serán los mismos: extender la vida laboral hasta el límite para obtener una pasividad con la que se pueda vivir.
En Brasil, el proyecto original establecía que sólo podrían jubilarse los hombres que tuvieran 65 años y hubieran contribuido a la seguridad social durante un mínimo de 25. Esto fue modificado en una segunda versión del proyecto presentada por el gobierno en noviembre ante el rechazo que había generado la primera. Allí, la edad mínima para jubilarse se mantiene en 65 para los hombres y se reduce a 62 para las mujeres, con la exigencia de un mínimo de 15 años de aportes. Sin embargo, se deberá aportar durante 40 años para jubilarse con una pensión igual al salario que el trabajador cobraba en actividad. Presentar esos aportes se hace difícil en un país en el que se estima que un tercio de los trabajadores no están registrados ante la seguridad social.
En Argentina la clave de la reforma previsional está en la modificación del cálculo con el que se establece cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales como las asignaciones familiares; 17 millones de personas se verán afectadas por la modificación. Antes el ajuste era semestral y ahora será trimestral, pero en lugar de calcularse 50% de acuerdo con la evolución de los salarios formales y 50% por la recaudación del organismo de previsión social, se basará 70% en la inflación y 30% en la suba de los salarios formales. Estas modificaciones implicarán que las jubilaciones aumenten menos de lo previsto en su primer ajuste con esta fórmula, en marzo: en lugar de 12%, crecerán 5,7%.
Si bien no aumenta oficialmente la edad mínima de jubilación, que es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con 30 años de aportes, la reforma tiene una “letra chica”: se habilita la extensión de la vida laboral activa durante cinco años más si el trabajador y la empresa están de acuerdo. Esto implica más años de aportes y, por lo tanto, una mejor jubilación, en un país en el que si se aportan los 30 años exigidos para jubilarse, lo que se cobra equivale sólo a 45% del sueldo promedio de la vida laboral. El porcentaje aumenta a 82,5% si se aporta durante 55 años. El defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, manifestó: “Nadie va a optar por seguir trabajando por voluntad, sino porque necesita seguir comiendo”.