Distintas ciudades rumanas son escenario de masivas protestas callejeras desde que el gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD) aprobó un decreto que despenalizaba ciertos casos de corrupción. El fuerte rechazo de manifestantes, partidos opositores y organismos judiciales obligó al gobierno a retirar la medida, pero no terminó con las manifestaciones y los reclamos de elecciones anticipadas.
Las calles rumanas ya se habían poblado de manifestantes el martes 31 de enero, debido a que el PSD había anunciado la posibilidad de aprobar un decreto que despenaliza delitos de abuso de poder y corrupción si el perjuicio causado al Estado es menor a 46.000 dólares. Dos días después, el Ministerio de Justicia lo aprobó casi en secreto. El gobierno defendió la resolución con el argumento de que su objetivo de fondo era reducir la superpoblación de las cárceles. El decreto daba una amnistía a 2.700 presos condenados por “delitos menores”, incluidos los de corrupción.
La reacción en las calles fue inmediata y masiva. Desde entonces, las protestas han llegado a convocar a más de 200.000 personas por día, especialmente en Bucarest, la capital de Rumania, pero también en otras ciudades como Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Iasi y Brasov. Los eslóganes más repetidos acusan al gobierno de “robar” a los rumanos y piden un liderazgo “limpio y competente”.
La aprobación del decreto fue cuestionada por el propio presidente rumano, el independiente Klaus Iohannis -que cuenta con el apoyo del Partido Nacional Liberal-, quien tildó de “inadmisible” la medida y alentó a los miles de manifestantes que todavía ayer protestaban a la intemperie a pesar del intenso frío.
Presionado por el descontento generalizado, el gobierno rumano finalmente retiró el decreto. “No quiero dividir Rumania”, argumentó el primer ministro, Sorin Grindeanu, al anunciar la decisión en un discurso televisado el sábado 4. Uno de los beneficiados con la regulación que proponía el gobierno era el propio líder del PSD, Liviu Dragnea, imputado en un caso de abuso de poder y corrupción que significó daños estimados en 25.500 dólares. Dragnea no había podido ocupar el cargo de primer ministro precisamente por estar envuelto en esta causa.
El polémico decreto fue recurrido por la Defensoría del Pueblo y motivó una moción de censura por parte de la oposición. En tanto, la Fiscalía General rumana instó a la Corte Constitucional a pronunciarse respecto de la norma, con el argumento de que existe el riesgo de que pueda entrar en vigor con la aprobación del Parlamento, a pesar de que el gobierno la retiró. Sin embargo, el presidente de ese tribunal, Valer Dorneanu, dijo que no puede ofrecer ningún veredicto al respecto porque el organismo sólo verifica “decretos en vigor”, una respuesta similar a la que obtuvo la solicitud de la Defensoría del Pueblo.
Las protestas también provocaron la dimisión del ministro de Justicia de Rumania, Florin Iordache, a quien el gobierno señaló como responsable del decreto. “Desde que llegué al Ministerio de Justicia, me propuse efectuar todos los trámites legales para remediar una serie de problemas existentes y bastante sensibles”, dijo Iordache antes de abandonar el cargo. En ningún momento explicó por qué dimitía, y eludió las preguntas al respecto. El ahora ex ministro no abandonó el poder, ya que volvió a ocupar su escaño como diputado.
Pero la marcha atrás del gobierno no frenó la protesta. Al día siguiente del anuncio de Grindeanu, 500.000 ciudadanos salieron a la calle para oponerse a la corrupción y a una clase política que no los representa, según consideran. En el centro de las movilizaciones están el pedido de dimisión del gobierno y la convocatoria a nuevas elecciones. El primer ministro ya dejó claro que no dimitirá, pero aseguró que, en cambio, abrirá un debate con la oposición y la sociedad civil para avanzar en una reforma del sistema judicial.
El primero de estos pasos tuvo lugar el lunes, cuando el Parlamento rumano aprobó por unanimidad la convocatoria a un referéndum sobre la lucha contra la corrupción en respuesta a una iniciativa del presidente Iohannis, quien ahora deberá proponer una fecha y redactar la pregunta exacta que aparecerá en la papeleta el día de la consulta.
La corrupción es uno de los elementos por los que la Comisión Europea mantiene una auditoría sobre el sistema judicial rumano desde su adhesión al bloque, hace diez años. De hecho, la Unión Europea se mostró preocupada por el camino emprendido con este decreto y advirtió de las consecuencias al nuevo gobierno del PSD, que asumió en diciembre.
La Fiscalía Anticorrupción de Rumania encarceló desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios -entre ellos ministros y un ex primer ministro, el socialdemócrata Adrian Nastase-, lo que le valió los elogios de la Comisión Europea. Actualmente, investiga 2.000 casos de abuso de poder cometidos por políticos.