“Afirmo mi honestidad. Esos contratos correspondían a trabajos efectivamente realizados [...] Pero no quiero que, de ninguna manera, este debate pueda atentar contra la acción del gobierno”, explicó el ministro del Interior francés antes de anunciar su dimisión. El presidente de Francia, François Hollande, aceptó la renuncia de Le Roux y nombró inmediatamente en su lugar a Matthias Fekl, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Estado de Comercio Exterior.
Un día antes, el programa de televisión Quotidien, del canal TMC, difundió que las dos hijas de Le Roux empezaron a trabajar para su padre como asistentes parlamentarias cuando tenían alrededor de 15 años, y que entre las dos ganaron en total casi 60.000 dólares. Las dos jóvenes, que actualmente tienen 20 y 23 años de edad, firmaron 24 contratos temporales como colaboradoras entre 2009 y 2016. Cuando empezaron, todavía estaban en el liceo.
Entrevistado por TMC, el ahora ex ministro reconoció que sus hijas trabajaron para él, pero aclaró que lo hicieron “en verano o en períodos de vacaciones escolares, nunca de forma permanente”. Sin embargo, Quotidien descubrió dos contratos sospechosos: uno firmado por su hija mayor entre junio y setiembre de 2013, cuando la joven realizaba una pasantía en Bélgica; y otro de tiempo completo, firmado por la hija menor entre abril y mayo de 2015, un período en el que sólo tenía dos semanas de vacaciones. El gabinete del ministro justificó el lunes que, por las características de los trabajos -“tareas de redacción, puesta al día de ficheros, búsquedas en internet”-, ambas podían contribuir a distancia.
Las leyes francesas permiten que un parlamentario contrate a familiares como asistentes, y también es legal emplear a menores de 16 años durante las vacaciones, bajo ciertas condiciones. Lo que es ilegal, y deberá ser aclarado por la Fiscalía, es que ese trabajo sea ficticio y pagado con fondos públicos.
Antes de renunciar, Le Roux pidió que no se compare esta situación con el caso del candidato presidencial de Los Republicanos, François Fillon, que la semana pasada fue imputado por desvío de fondos públicos y apropiación indebida por los empleos supuestamente ficticios de su esposa y dos de sus hijos, también como asistentes parlamentarios. El caso de Fillon, que casi le cuesta la carrera al Elíseo, tuvo nuevos giros esta semana. Ayer, el diario Le Monde informó que la investigación judicial fue ampliada con los cargos de “engaño agravado” y “falsificación y uso de documentos falsos”, después de que las autoridades encontraran en el Parlamento documentos que permiten sospechar que Fillon pudo haber creado información falsa para justificar los salarios de su esposa. A esto se sumó que el lunes el diputado Marc Joulaud, que ocupó el escaño de Fillon cuando fue nombrado ministro, también fue imputado por la Justicia.
Por el momento, el único representante del gobierno de Hollande en pronunciarse sobre la cuestión de Le Roux fue el primer ministro, Bernard Cazeneuve. “Cuando se ejerce la autoridad del Estado hay que ser impecable con las instituciones y con las reglas [...] Sin ello, la autoridad del Estado queda rebajada”, afirmó ayer. Agregó que Francia vive un momento “delicado” en lo que se refiere al respeto de las instituciones, y pidió la “máxima exigencia y rigor” frente a ellas.