Micaela, de 21 años, desapareció el sábado 1º de abril cuando salió de un boliche en Gualeguay, Entre Ríos. Su familia y amigos la buscaron, y una semana después su cuerpo fue encontrado. La autopsia reveló que la joven sufrió abusos sexuales y fue estrangulada. Su cuerpo fue abandonado entre los pastizales de un campo aislado.
Desde hacía cinco años, Micaela estudiaba profesorado de Educación Física. Combinaba esa actividad con su militancia en las juventudes del Movimiento Evita y, más recientemente, en el colectivo #NiUnaMenos, que lucha contra el femicidio en Argentina. Tenía previsto dedicarse de pleno a la militancia en el Movimiento Evita después de cursar en 2017 el último año de su carrera.
El principal sospechoso del asesinato es Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que fue condenado en 2012 a nueve años de prisión por dos violaciones y cuyo auto aparece de forma recurrente en las cámaras de seguridad del lugar al que fue Micaela la noche que desapareció. Wagner pidió la libertad bajo fianza, que le fue concedida por el juez Carlos Rossi en agosto. Después del asesinato de Micaela, Wagner fue detenido en Buenos Aires y será indagado por femicidio y delitos contra la integridad sexual.
El femicidio de Micaela generó múltiples debates en Argentina. El primero de ellos giró en torno a algunos comentarios vertidos en redes sociales tras el asesinato, entre ellos el de Maia Ferrua, una abogada que trabaja en el Ministerio de Modernización y que, en Facebook, publicó: “Ahora van a decir que a Micaela García la mandó a asesinar [el presidente Mauricio] Macri porque era del Movimiento Evita jajaj”. Ferrua y otros usuarios de redes sociales fueron denunciados por violar la Ley Antidiscriminatoria.
Pero la polémica que más se mantuvo en el tiempo y que más reacciones generó fue la protagonizada por Rossi, el juez que le otorgó la libertad condicional a Wagner. El juez había recibido tres informes que desaconsejaban adoptar esta decisión; uno de los peritos del Tribunal de Ejecución de Penas, otro del Servicio Penitenciario y un tercero del fiscal del caso por el que había sido juzgado. Tras el asesinato de Micaela, Rossi pidió licencia por enfermedad, pero no ha respondido a los reiterados pedidos de que renuncie a su cargo.
Estos pedidos han llegado, incluso, desde el Poder Ejecutivo. “No podemos tener este tipo de jueces”, dijo Macri el domingo, al ser consultado por las declaraciones que anteriormente había dado el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien directamente le pidió la renuncia a Rossi.
También recurrió a los medios de comunicación para exigir la renuncia de Rossi el fiscal Diego Young, que fue quien participó en el juicio contra Wagner en el que fue condenado en 2012. Dijo que su liberación fue “un cachetazo al prestigio de la institución judicial”. A su vez, el fiscal que investiga el asesinato de Micaela, Ignacio Telenta, dijo al diario La Nación que “en los delitos que se le atribuyen a Wagner la única pena que se estipula es prisión perpetua”.
Otra reacción que surgió desde el gobierno fue la de convocar a una “mesa de trabajo” para elaborar “políticas de prevención” de femicidios, así como “protocolos y guías de actuación” para las fuerzas de seguridad y para “adecuar los procedimientos de intervención”. Esta decisión fue anunciada en el Boletín Oficial de ayer, en el que también se indica que a la mesa podrán sumarse “representantes de la sociedad civil”.