El Ministerio del Interior de Turquía anunció ayer la suspensión de 9.103 funcionarios de la Policía por supuestos vínculos con la red de Gülen, actualmente exiliado en Estados Unidos. Del total de empleados suspendidos, 2.500 trabajaban en Estambul, 1.350 en Ankara y el resto en diversas provincias del país. La medida se tomó en el marco del estado de emergencia que rige desde hace nueve meses y le da al gobierno de Erdogan la potestad de suspender o detener a cualquier persona que considere una “amenaza para la seguridad nacional”.
La nueva suspensión masiva de funcionarios públicos se dispuso pocas horas después de que el gobierno turco detuviera a 1.120 personas -en su mayoría funcionarios policiales y de otras fuerzas de seguridad- por supuestos vínculos con los gülenistas. Después de estos arrestos, el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, dijo a la prensa local que las fuerzas de seguridad y el sistema judicial “han dado un paso importante para descubrir y destruir una estructura que infelizmente se infiltró” en la “dirección de seguridad” turca. Advirtió que el número de detenidos irá en aumento.
El ministro explicó que la operación de ayer tenía por objetivo “depurar” el cuerpo policial de lo que llaman “imanes secretos”, personas asignadas por el “gülenismo” para dirigir y coordinar acciones desde dentro de la institución pública. Según la agencia turca Anadolu, el gobierno buscó ayer en total a 4.672 funcionarios en redadas en las que participaron 8.500 policías.
Antes del fallido intento de golpe, el gobernante Partido de Justicia y Desarrollo había pedido la extradición de Gülen, ex aliado de Erdogan, y empezó a purgar a la administración de personas que podrían tener conexión con el grupo del predicador. Sin embargo, la persecución se intensificó después del amague golpista. Desde ese día, la Policía turca detuvo a más de 110.000 personas sospechosas de estar vinculadas con el líder islamista, aunque él negó toda implicación en el plan. Entre las más de 40.000 personas que están en la cárcel a la espera de un juicio hay unos 10.000 funcionarios policiales, 7.000 soldados y 168 generales, así como 2.000 jueces, fiscales y profesores, según informó este mes el ministro Soylu.
Diez días atrás, los ciudadanos turcos apoyaron, por un estrecho margen, los planes de Erdogan de ampliar sus poderes como presidente en un referéndum constitucional, que según denunciaron los partidos de la oposición y varias organizaciones internacionales, estuvo plagado de irregularidades.