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Pedro Strozenberg. Foto: Pablo Vignali

El investigador Pedro Strozenberg afirma que en Brasil convive una juventud crítica y progresista con otra punitiva y sectaria

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“Los dos pilares centrales que debería tener cualquier política dirigida a los jóvenes [en Brasil] son el combate a la alta mortalidad por homicidios y el excarcelamiento”, dijo a la diaria Pedro Strozenberg, un investigador brasileño que trabaja desde hace 20 años en temas de derechos humanos y seguridad, en especial en relación con los jóvenes, en distintas organizaciones sociales. Desde 2009 forma parte del Instituto de Estudios de la Religión (Iser), una organización que investiga el impacto de las religiones en la política brasileña. Además, en 2015 fue designado por movimientos sociales para integrar en su nombre la Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro.

–¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los jóvenes brasileños?

-Los dos temas que más he trabajado y que me parece que son los que más obstaculizan una juventud plena de derechos son las políticas de seguridad y la desigualdad, que afecta muy directamente a la juventud en términos de oportunidades y derechos. En la historia reciente y democrática de Brasil se han desarrollado marcos legales para evitar la violencia, que crean una instancia de protección, por ejemplo contra los niños o los mayores. Pero eso no ha sucedido con las juventudes. Las políticas generadas -y las que fomenta la sociedad- son de privación, restricción, control y castigo. Lo que tenemos, en especial para la juventud más pobre, es la precariedad y fragilidad de protección del Estado, la disminución de oportunidades en empleo, educación y salud, y la mano dura de la sociedad y el derecho para controlarlos. El segmento de la sociedad que es pobre, negra y joven, de favelas y periferias, tiene pérdida de derechos y no protección de derechos. El tema de la seguridad para la juventud pobre es terrible. En Brasil tenemos más de 300.000 jóvenes en las cárceles y más de 20.000 [de entre 15 y 29 años] asesinados anualmente. Son escenarios de una sociedad que está generando muchas disfunciones.

–¿Y en cuanto a la desigualdad?

-Yo destacaría el tema de los ingresos, pero también una cuestión estructural que es la condición de raza. En ese sentido, en Brasil hay una combinación perversa de exclusión por raza y por pobreza. Los dos pilares centrales que debería tener cualquier política dirigida a los jóvenes son el combate a la alta mortalidad por homicidios y el excarcelamiento.

–Sin embargo, las señales políticas van en el sentido contrario: organizaciones sociales denuncian desde hace años que la mayoría de las muertes de jóvenes en Brasil son de negros pobres que viven en favelas o en las periferias, y esto es así incluso en el caso de los homicidios cometidos por la Policía. Al mismo tiempo, en el Congreso se está tratando un proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal.

-La agenda de seguridad en América Latina está muy movida por la sensación de inseguridad, y desafortunadamente la juventud se sigue asociando a lo delictivo, todavía es muy poco percibida como una parte de la sociedad que tiene una opinión para dar. En general, los jóvenes son tratados como beneficiarios o como problema. Esto sigue siendo un debe de la democracia, que no supo incluir a este segmento de la población como un agente de derecho. Eso tiene matices según las clases sociales y las oportunidades que cada uno tiene, pero en términos de política pública sigue habiendo un vacío gigante en el tema de la juventud.

–¿Cómo se trabaja con los jóvenes cuando se sabe que la sociedad tiene ese punto de vista sobre ellos?

-Vivimos un período de desarme de las estructuras formales de representación de la sociedad -partidos, sindicatos, organizaciones-, que históricamente tradujeron estos reclamos de los jóvenes. Hoy tenemos una expresión creciente por parte de los propios jóvenes por medio de internet, de manifestaciones, de expresiones incluso violentas. Entonces, al mismo tiempo que se trata de una debilidad de la democracia institucional y tradicional, es una potencialidad gigante para los jóvenes. Esto también es un motivo de preocupación, porque no se trata de una juventud crítica, igualitaria, colectiva, sino de distintas juventudes: también las hay que tienen una lógica punitiva, excluyente, sectaria. En Brasil tenemos una fractura generacional [entre el gobierno y la juventud] que va a tener que ser resuelta en los próximos años, y creo que la juventud va a tener un papel importante; no sé si transformador o conservador, habrá que verlo.

–En Brasil la movilización juvenil también ha estado muy vinculada con expresiones muy conservadoras, como el Movimiento Brasil Livre. Habría que ver cuál de las dos juventudes se impone.

-Hay que ver. Hay una movida de la sociedad conservadora en general, con esta nueva ola conservadora que se está viendo en la región. Hay una juventud religiosa moralmente conservadora que es difícil de manejar, así como una juventud excluyente en términos de raza; pero también hay una juventud fuerte que lucha por los derechos, por la comunicación, por un trato más horizontal, por cambios políticos, por más transparencia… Creo que tenemos una buena disputa. Ojalá podamos tener una juventud más consciente y crítica, que sea capaz de dar continuidad a las políticas importantes que fueron hechas en los últimos años y que sea una defensora de la democracia. Lo más triste de todo sería ver una juventud con posiciones más parecidas a las de los señores de 80 o 90 años.

–Otro de los temas que usted ha trabajado es el de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que se adentraron en las favelas con el objetivo de desplazar a los narcotraficantes. ¿Cómo está funcionando esa política?

-Yo intento no destruir lo que se está haciendo, porque fue muy importante, hizo una diferencia gigante, tenía un potencial de cambio enorme. Lamentablemente, siguió un proceso de desgaste y discontinuidad, y hoy es una tragedia. Hoy no hay una política, sino un enfrentamiento.

–En su momento se planteó que la instalación de las UPP sería predecesora de la llegada de servicios públicos. ¿Eso ocurrió?

-No, la política de UPP dejó de ser una política y se transformó en un programa militar; ese fue el gran problema. Hubo momentos decisivos para que esto pasara. Los movimientos sociales defendimos mucho una profundización de la política de UPP y no una expansión, pero en determinado momento el gobierno decidió expandir; planteamos que la política de pacificación era útil para comunidades pequeñas o medianas, pero el gobierno fue a los grandes complejos de favelas. Nosotros decíamos que tenían que tener una política de participación, porque sin ella los servicios no son sostenibles, y el gobierno puso los servicios sin participación. Fueron muchas las derrotas que tuvimos las organizaciones civiles a lo largo del proceso y culminaron en esta situación. Es una pena, porque es una práctica que ya se sabe que funciona, que tiene buenos resultados, que es barata, que es respaldada por una parte de la Policía y de la sociedad, pero no se logra concretar. La cultura de la guerra prevalece.

–Más allá de las UPP, ¿los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) generaron cambios profundos?

-Son curiosos los períodos políticos. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue el de mayores avances en las políticas sociales, de juventud y de enfrentamiento a la violencia. Fue un período muy creativo, muy innovador, que incorporó gente e iniciativas de la sociedad civil al gobierno; fue una ruptura importante con la historia elitista y aristocrática de Brasil. Pero el primer gobierno de Dilma Rousseff fue más radicalmente transformador que el de Lula, y creo que ahí Dilma fue derrotada políticamente, un poco por su falta de habilidad, un poco por no tener la fuerza ni el soporte del PT. En el segundo gobierno, Dilma perdió su conexión con los movimientos sociales y su capacidad de innovación, no consiguió profundizar los cambios.

–Desde que asumió el gobierno de Michel Temer, ¿se produjo un retroceso?

-Sí, es un tiempo de absoluta inestabilidad política en Brasil, de un gobierno que no tiene la legitimidad de las urnas, y eso se nota. También es más conservador. Las políticas innovadoras de inclusión, de transparencia, de participación, están suspendidas. Además, hoy tenemos una escasez absoluta de gobiernos con los que podamos trabajar para construir una agenda diferente.

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