La CEU fue fundada en 1991, año en el que cayó la Unión Soviética y con ella el Pacto de Varsovia, del cual Hungría formaba parte. Su fundador fue George Soros, que es húngaro aunque ha desarrollado gran parte de su trayectoria empresarial en Estados Unidos. La CEU es una institución estadounidense, pero su única sede está en Budapest, donde recibe a estudiantes de toda Europa del Este. La universidad se presenta como una institución que busca desarrollar prácticas de “buen gobierno, desarrollo sostenible y transformación social”, y tiene como objetivo promover “sociedades” que “están abiertas a evaluar y cambiar las políticas de gobierno”. Actualmente está dirigida por el historiador canadiense Michael Ignatieff y cuenta con 1.500 estudiantes, de 117 países, que asisten a cursos de posgrado, que son los únicos que brinda la institución, todos en idioma inglés.
La CEU es la única institución que tiene las dos características que son prohibidas por la nueva ley: no cuenta con una sede en su país de origen -Estados Unidos- y tiene un nombre en idioma inglés y no en húngaro. La institución tiene tiempo hasta enero de 2018 para adaptarse a la norma, pero ya anunció que no lo hará, lo que pone en duda su futuro.
La universidad promueve una educación liberal y crítica. Algunos de los académicos más críticos con el gobierno han estudiado allí. El ataque contra la institución está en línea con la deriva autoritaria de Orban, que desde que llegó al poder en 2010 con una mayoría absoluta ha reformado la Constitución e implementado políticas que fueron criticadas por la UE y organizaciones internacionales. Entre otras cosas, prohibió el aborto y el casamiento entre personas del mismo sexo -que sí pueden acceder a la unión civil-; redujo las competencia del Tribunal Supremo y creó un Tribunal Constitucional con jueces designados por el Parlamento -dominado por el oficialismo-; reinstaló la cadena perpetua; y estableció la colaboración entre el Estado y la iglesia católica.
El gobierno húngaro argumenta que ha encontrado irregularidades tanto en la CEU como en otras instituciones terciarias, y que por eso es que impulsa esta norma, dirigida a “regularizar” la situación y no a inhabilitar a alguna institución en particular. Sin embargo, el gobierno de Orban ha atacado directamente a la CEU en general y a Soros en particular. “La CEU ha disfrutado de privilegios que son inexistentes para otros centros de educación superior en Hungría. Esto puede ser bueno para Soros, pero le da una ventaja injusta frente a otras universidades”, manifestó el gabinete en un comunicado emitido a comienzos de abril. Por su parte, Zoltan Balog, ministro de Recursos Humanos, aseguró: “Las organizaciones de Soros que operan en Hungría y en todo el mundo son espías seudociviles, y nos hemos comprometido a eliminar este tipo de actividad”.
Los opositores de Orban lo acusan de ir particularmente en contra de Soros, a quien el primer ministro ha acusado de financiar “un sinnúmero de organizaciones disfrazadas como asociaciones civiles” dedicadas a “apoyar la inmigración ilegal”. En un discurso que dio a comienzos de abril, Orban afirmó: “George Soros no puede ser subestimado. Es un millonario poderoso que, cuando se trata de sus intereses, no muestra respeto por nada”. Orban y su partido, la Unión Cívica Húngara (Fidesz, por sus iniciales en húngaro), advierten desde el año pasado que legislarán también sobre las organizaciones civiles que reciben fondos del extranjero, utilizando nuevamente el argumento de que en ellas se han encontrado irregularidades.
En un primer anteproyecto, se establece que todas las organizaciones civiles deberán llevar un registro de las donaciones que reciben, que podrá ser supervisado por órganos gubernamentales, y que aquellas que cuenten con donaciones anuales del extranjero superiores a los 23.000 euros (unos 24.500 dólares) deberán registrarse como “organización cívica financiada desde el extranjero”. Esta denominación no constará sólo ante las autoridades, sino que también deberá figurar en todas sus publicaciones y siempre que aparezca su nombre.
Varias organizaciones han criticado esta iniciativa, entre ellas Amnistía Internacional, cuyo director para Europa, John Dalhuisen, denunció que se trata de “un ominoso plan de agresión inminente contra la sociedad civil húngara”. Dentro del país, la Unión Húngara de Libertades Civiles acusó al gobierno de “crear nuevos obstáculos para entorpecer el trabajo de las organizaciones que critican sus actividades”.
Según indica la bancada del Fidesz en el anteproyecto, el objetivo de la norma es que los húngaros “sepan si esas organizaciones quieren ejercer influencia en Hungría mediante el uso de financiamiento extranjero”.
Del otro lado
El rector de la CEU ha defendido la institución y pidió apoyo para que esta no se vea obligada a cerrar sus puertas. “Estamos en la primera línea de una importante batalla por la libertad académica que es, además, muy internacional”, dijo Ignatieff, quien recordó que también en Rusia y Turquía han sido cerradas instituciones terciarias. “Cualquier cambio legislativo que obligue a CEU a suspender sus programas en Budapest podría dañar la vida académica húngara y afectar negativamente las relaciones del gobierno de Hungría con sus vecinos, sus socios de la UE y Estados Unidos”, agregó.
Instituciones, autoridades y académicos han defendido a la institución estadounidense basada en Budapest; desde el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, hasta los rectores de las universidades de Princeton, Oxford y Cambridge, pasando por una veintena de personas que han recibido premios Nobel.
Además, la CEU recibió una oferta del gobierno de Austria para mudar la sede de la institución a Viena. El vicerrector de esa universidad, Zsolt Enyedi, agradeció la oferta, pero dijo que por ahora la institución está haciendo “todo lo posible” para contrarrestar los efectos de la ley y para denunciarla.
También desde la UE surgió respaldo a la universidad. Tanto Bruselas como instituciones académicas de Budapest denuncian que Orban no busca regularizar la educación terciaria, como asegura, sino castigar a la elite académica que lo critica.
Varios informes de organizaciones europeas y estadounidenses denuncian que el gobierno de Hungría tiende a volverse autoritario. Según la estadounidense Freedom House, en el país se puede ver “una espectacular erosión de la democracia” que obedece a un auge del populismo y el nacionalismo. Con un discurso nacionalista y populista, Orban ha defendido su búsqueda de la “independencia” de su país ante la UE, así como la persecución a la oposición y, en particular, a la elite académica, que suele criticarlo. Parte de esa elite fue formada en la CEU, como András Bozóki, un profesor de ciencia política especializado en democracia que asegura que la democracia húngara empezó a convertirse, en 2014, en una “autocracia moderna”, similar a la rusa de Vladimir Putin o la turca de Recep Tayyip Erdogan. “Tuvimos elecciones libres entonces, pero injustas, porque no hay una prensa libre de verdad ni un juego político justo”, aseguró en marzo al diario español El País. Otros profesores del Departamento de Ciencia Política han criticado al gobierno húngaro: Janos Kis ha participado en seminarios en los que criticó la política de Orban contra los inmigrantes y escribió varios ensayos al respecto, mientras Gabor Toka ha calificado públicamente de “antidemocrático” al gobierno de Orban y a su partido.
Las críticas a la norma no surgieron sólo del ámbito académico: la población húngara salió a las calles cuatro veces en las últimas dos semanas para protestar por la ley que implica el cierre de la CEU y la que cercena a las organizaciones civiles. Decenas de miles de personas protestaron contra el gobierno y denunciaron una persecución a la disidencia. Usaron carteles que decían “Yo apoyo a la CEU” o “ Viktor, game over”, y otros que pedían vivir en democracia. Algunos de los manifestantes dijeron a medios de comunicación que el gobierno perjudica a la democracia húngara “de forma prácticamente diaria”, o que temen por el futuro de su país por las medidas que está adoptando el Ejecutivo. Los convocantes y oradores de las distintas movilizaciones, todas ellas en la Plaza de los Héroes en Budapest, acusan al gobierno de intentar acallar sistemáticamente a quienes lo critican o controlan, desde las organizaciones civiles hasta los medios de comunicación.
Después de que la nueva ley de educación fuera aprobada en el Parlamento, los manifestantes querían forzar al presidente del país, Janos Ader, a que se negara a firmarla, lo que impediría su entrada en vigencia. Sin embargo, Ader la firmó, argumentando que no va en contra de los principios constitucionales, que es el argumento que él puede presentar para negarse a promulgar una ley.
Ante las protestas, Orban recurrió al periódico oficialista Magyar Idok, al cual le dio una entrevista en la que aseguró que Hungría vive una constante tensión entre “los intereses del pueblo húngaro” y los que “sirven a los extranjeros”. Agregó que “el gobierno está sometido a ataques y a una presión continua” entre estos dos intereses, y afirmó que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.
Por su parte, la Comisión Europea anunció que estudiará de forma detallada la nueva ley de educación para ver si entra en contradicción con las normas europeas. Antes de que termine abril presentará las conclusiones de ese análisis y las eventuales medidas de presión que puede adoptar. Aun así, antes de concretar ese análisis autoridades europeas pidieron al Ejecutivo húngaro que se abstenga de limitar cualquier tipo de libertad, especialmente la académica. Por su parte, el Parlamento Europeo incluyó este tema entre los que tratará en su sesión del 26 de abril, esperando que para esa fecha ya haya sido presentado el informe de la comisión. Además de tratar el informe, las diferentes bancadas evaluarán la situación y pedirán medidas a las autoridades europeas.