“Hay que parar ya”, dice uno de los presentes en la asamblea. A pocos metros, una muchacha retruca: “¿Parar para qué? El Estado ya se apoderó del discurso del paro. Si paramos es la excusa perfecta para privatizar la universidad. ¡Tenemos que encontrar otras formas de resistencia!”. La Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) se encuentra impedida de funcionar desde finales de 2015, cuando el estado suspendió por primera vez los pagos de sueldos de funcionarios y de becas de estudiantes, que comúnmente son su única fuente de ingreso.
Hasta hoy, poco se ha solucionado, y los pagos continúan suspendidos. A pesar de esto, la UERJ ha decidido retomar sus actividades. Es que la decisión de hacer paro como manifestación política puede convertirse en un argumento a favor de la principal solución propuesta por el gobierno para enfrentar la grave crisis económica que vive el país: la privatización. Una muestra de esto es la reciente aprobación de la privatización de la CEDAE, la empresa pública que administra el agua del estado, cuyas acciones permitirán al gobierno de Río de Janeiro obtener un préstamo de 3.500 millones de reales, unos 1.117 millones de dólares.
Lo que ocurre con la UERJ es uno de los fenómenos que afectan el presente político brasileño y que llevaron a convocar un paro general para el viernes.
Paquete de reformas
“En primer lugar, el país está quebrado”, dice Bruno Cava, activista, investigador de la Universidad Nómade y autor del libro La multitud se fue al desierto, sobre las masivas revueltas ocurridas en Brasil en 2013. Hay que tener esto en cuenta para entender el radical paquete de reformas “anticrisis” impulsado por el gobierno de Michel Temer. Tal como lo hace desde que asumió, el presidente no electo sigue optando por tocar áreas de interés social para solucionar problemas económicos.
Algunas de las medidas que ya han sido aprobadas son la denominada “enmienda constitucional del fin del mundo”, que congeló la inversión estatal en educación, salud, asistencia social y sueldos de funcionarios públicos durante 20 años; la Medida Provisoria 759, que establece nuevos métodos de regularización de tierras en la Amazonia, atropellando un debate legislativo de 70 años y dejando las tierras a merced de la llamada grilagem (ocupación ilegal de territorios mediante escrituras falsas); la resolución 68, de enero de 2017, que modificó sin debate las condiciones de demarcación de tierras indígenas, burocratizando el proceso a modo de trabar las entregas de tierras en curso.
Entre las iniciativas que todavía se encuentran en discusión en el Parlamento, figura la Reforma de la Previsión Social, que modifica requisitos jubilatorios de tal modo que diversos especialistas los evalúan como “inalcanzables” para la mayoría de la población. Aumenta la edad mínima para jubilarse (65 años para los hombres y 62 para las mujeres), el tiempo de contribución (25 años como mínimo y 40 años para recibir jubilación integral), así como la edad y el tiempo de contribución para los trabajadores rurales, que conforman uno de los sectores más vulnerables del país.
También está en juego la denominada Reforma del Trabajo, que modifica 100 artículos de las normas incluidas en la Consolidación de Leyes del Trabajo (CTL). Algunas modificaciones se orientan a flexibilizar las negociaciones entre empleador y empleado, lo que fragiliza la posición del trabajador. Por ejemplo, vuelve negociable la extensión del horario de trabajo de ocho a 12 horas. También se amplían las posibilidades legales para que el empleador establezca contratos bajo régimen de jornal, trabajo intermitente y de home office, lo que contribuye a la precarización del empleo. Estas medidas complementan la Ley de Tercerización, aprobada por Temer en marzo, que habilita que todas las actividades de una empresa, pública o privada, sean tercerizadas (antes se permitía la tercerización solamente de actividades no centrales, llamadas “actividades-medio”), lo que permite que millones de trabajadores pasen a ser “subcontratados”.
“¿Cómo es posible que con una firma se pueda destruir el trabajo de 15 años?”, se pregunta Marilena Chaui, activista política y filósofa de la Universidad de São Paulo. Su respuesta es la siguiente: “Porque es un programa de gobierno, no de Estado. La desinstitucionalización da lugar a una desdemocratización de la sociedad mediante la destrucción de los programas sociales”.
Chaui explica que, con la llegada de Temer, la estrategia de privatización ha trasladado las reglas de funcionamiento del mercado al Estado. “Vivimos un encogimiento del espacio público y un ensanchamiento del privado. El neoliberalismo introduce la noción de eficacia como paradigma del buen funcionamiento institucional, basado en la productividad, competitividad y autonomía de la competencia, y las aplica al Estado, que es el espacio de los derechos. Ese es el primer aspecto de la privatización”, afirma.
El segundo, dice Chaui, es dejar de invertir en derechos sociales. “Se toman los fondos públicos que se destinarían a los sueldos, desempleo, trabajo, salud, educación, género, y se los transforma en servicios. Y los servicios se compran y venden en el mercado. El Estado pasa a invertir los fondos públicos en el capital. O sea que se privatizan los derechos”, concluye.
Tal es el proceso que ya se encuentra a mitad de camino en Brasil, y que si se completa para 2018, año de nuevas elecciones, agravará la situación de uno de los países más desiguales de la región. “La sociedad brasileña, polarizada entre los privilegios de la opulencia y las carencias de las clases populares, no logra crear el campo de derechos para sostener la democracia. Ese espacio, que fue anunciado e implementado durante los últimos 15 años, se destruyó de un soplido”, agrega la filósofa, refiriéndose a los dos mandatos y medio de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), cuyas políticas de desarrollo social permitieron que millones de personas salieran de la pobreza, accedieran a universidades, bienes de consumo, crédito y pasaran a formar una nueva clase media.
Pero para no caer en un binarismo de héroes y villanos, conviene analizar la responsabilidad del PT en la situación actual del país.
El fracaso del desarrollismo
“Cría cuervos y te sacarán los ojos. Acá todos eran cuervos, no había palomas”, bromea Bruno Cava, y agrega: “Hubo una lucha política y el PT fue derrotado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El impeachment de Dilma Rousseff fue la válvula de escape de un sistema que entró en colapso”.
Vale la pena recordarlo: el gran villano de hoy, el presidente Temer, fue el vice de Rousseff en sus dos mandatos, desde 2010. Su partido, el PMDB, la vieja oligarquía política y territorial brasileña, ha sido el gran aliado del PT desde los tiempos de Lula. Era, digamos, la otra mitad del gobierno.
“El gobierno del PT nunca se proclamó de izquierda, sus discursos siempre fueron pragmáticos, de realismo político. El gobierno de Lula no surgió de la izquierda, sino de una inclinación al centro”, dice Cava. Esto puede verse reflejado en algunos nombres de tempranas alianzas de Lula, como José Sarney (coronel del estado de Maranhão durante 40 años), Sérgio Cabral (intendente de Río de Janeiro hasta 2016, cuando marchó preso por corrupción y lavado de dinero) y Renan Calheiros (actual presidente del Senado).
Así, la contracara de los exitosos programas sociales, como Bolsa Familia, era un modelo desarrollista y extractivista (elemento presente en la mayoría de los gobiernos progresistas latinoamericanos) que consistía en una sólida y profunda alianza entre el dúo PT-PMDB y el poder económico, principalmente con las llamadas “campeonas nacionales”: grandes empresas constructoras que se expandieron fuera del país hasta convertirse en verdaderos imperios. Una de estas “campeonas” es Odebrecht, actual vedette mediática y gran financiadora de la corrupción política brasileña.
“Era un esquema perfecto. El gobierno creaba enmiendas parlamentarias que otorgaban exenciones fiscales, tarifas diferenciadas, intereses bajísimos a estas empresas y a industrias de su interés, como la automotriz. Sólo en el mandato de Dilma fueron 500.000 millones de reales (unos 160.000 millones de dólares) en exenciones. La excusa era que estos players iban a apalancar el desarrollo brasileño al ganar competitividad en el exterior”, explica Cava.
Este modelo llevó a la constructora Odebrecht a operar en 80 países, posicionada como representante de lo que algunos estudiosos denominan “subimperialismo brasileño”: la presencia económica de Brasil en Angola, Guinea, Mozambique, Perú, Bolivia, Venezuela… De acuerdo con Cava, “no se trató de una corrupción endémica del subdesarrollo, sino de un perfeccionamiento, una gran alianza entre los partidos y los barones de la industria, el agronegocio, la minería”.
Montado en esta máquina, Lula terminó su primer mandato con 85% de aprobación. Por primera vez en su historia, el crecimiento económico del país fue acompañado por los índices de desarrollo social. El precio alto del petróleo y un ciclo favorable de commodities, impulsado por una gran demanda china, generó un tremendo excedente en la economía. “Podría haberse invertido en reformas estructurales de educación y salud, en capacitación industrial y tecnológica. Pero ese momento histórico fue desaprovechado”, se lamenta Cava.
En cambio, montañas de dinero fueron para las dos fuentes de corrupción que hoy se investigan a partir de la operación Lava-Jato, en la mayor investigación de la historia del Poder Judicial brasileño: el llamado “caixa 2”, destinado a financiar las astronómicas campañas electorales de los partidos, y las coimas para todo tipo de personas involucradas. “Bastó un enfriamiento de los commodities y la caída abrupta del precio del petróleo para que la espina dorsal del desarrollismo se partiera. Estamos en la peor crisis de todos los tiempos en términos de estancamiento y recesión”, dice el investigador.
¿Futuro?
Por un lado, la crisis: económica, política y de la subjetividad, pues la población pasó abruptamente de la bonanza a la recesión y está desencantada. Por otro, la sociedad está movilizada: nunca antes se había discutido tanto sobre política ni ocupado tanto las calles. “El gran paraguas de esa movilización es la lucha antipolítica y anticorrupción. El tema es quién va a transponer esa indignación, que es real, a un nivel de organización política”, dice Cava.
El regreso de Lula, según el investigador, repolarizaría a la sociedad, generando nuevas manifestaciones, a favor y en contra. Pero el líder del PT es investigado por el caso Petrobras y su candidatura puede ser inhabilitada. Otros actores que podrían capitalizar el momento son los políticos outsiders al estilo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: empresarios suprapartidarios, como es el caso de los intendentes recientemente electos João Dória Júnior (San Pablo) y Alexandre Kalil (Belo Horizonte).
En medio de este panorama incierto, Cava recuerda: “Aunque todos los beneficios sociales sean anulados por un gobierno de austeridad, aunque todos los indicadores sociales vuelvan a los niveles de los años 2000, la sociedad no es la misma: hay un saldo de potencia social. Las personas alcanzaron mejores condiciones y están movilizadas. Las luchas serán diferentes”.