El miércoles de noche, los estudiantes de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy hicieron un asado para dar la bienvenida a los alumnos de primer año de la facultad. Pasada la medianoche, el festejo fue interrumpido por funcionarios de la Policía que les reclamaron una autorización para esa reunión. Los estudiantes explicaron que tenían el permiso de la Universidad Nacional -algo que después ratificó el decano de la facultad, Mario Bonillo-, pero no les alcanzó.
Los policías derribaron uno de los portones y se dirigieron a los estudiantes, según relató en Facebook Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, que estuvo presente en ese momento. Los funcionarios tiraron “al suelo” a los jóvenes y les dieron “rodillazos y patadas”, para luego arrastrarlos a los golpes hasta donde estaban los patrulleros, dijo el estudiante. Finalmente, Quispe, de 28 años, e Ignacio García, de 20, estudiante de primer año, fueron arrestados. Los liberaron unas horas después, cuando el propio Bonillo se presentó en la seccional y acusó a la Policía de haberlos detenido de manera ilegal.
A las pocas horas, el Ministerio de Seguridad de Jujuy explicó en un comunicado que sus funcionarios sólo estaban respondiendo a “los llamados de vecinos quejándose de una fiesta y ruidos molestos en instalaciones” de la facultad. El texto agrega que, una vez que las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, constataron “que se llevaba adelante una fiesta con música a alto volumen y una numerosa cantidad de personas en el lugar”, que “no contaban con ningún permiso” y que habían ingerido “bebidas alcohólicas en exceso”. Por esas razones, argumentó el ministerio, la Policía consideró que estaban “infringiendo” la ley que prohíbe “la organización de bailes sin habilitación”. El decano de la facultad insistió el viernes, en declaraciones a una radio local, en que sí tenían una autorización que él mismo había firmado.
El Ministerio de Seguridad explicó que los dos estudiantes detenidos “presentaban signos de ingesta de bebidas alcohólicas” pero que, luego de ser examinados por un médico y debidamente identificados, fueron puestos en libertad. El comunicado no detalla que, mientras estuvieron recluidos, los jóvenes fueron maltratados. Quispe denunció que un policía lo asfixió y lo golpeó mientras estuvo esposado, todo ante la mirada de otros funcionarios.
A pesar de que inicialmente el Ministerio de Seguridad justificó el operativo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (de la Unión Cívica Radical), repudió el sábado la actuación de la Policía y advirtió que separaría del cargo a los responsables.
Lo ocurrido en la madrugada del jueves motivó el rechazo de varias organizaciones sociales, entre ellas la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Jujuy, que en un comunicado calificó de ilegales el ingreso de la Policía en el predio universitario y la detención de los estudiantes.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuestionó al gobierno de Jujuy por violar la Ley Nacional de Educación Superior, que establece la autonomía universitaria e impide que se ingrese a una facultad pública sin autorización de las autoridades de esa institución.
También la líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, presa en Jujuy desde enero de 2016, repudió los hechos. Advirtió que desde la llegada de Morales al gobierno en esa provincia “se avasallan los derechos de los que menos tienen”.
La situación provocó malestar también en la oposición. El viernes, el presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, dijo que Morales “le puso una mancha negra al radicalismo” al “tirar por la borda toda la lucha de los ideólogos de su partido, que en 1918 lograron la autonomía universitaria”. Por su parte, el bloque de diputados del Frente para la Victoria consideró que “Morales y el presidente [de Argentina, Mauricio] Macri parecen sintonizar la misma frecuencia”, porque “tienen problemas con los educadores y los estudiantes de la escuela y la universidad pública”.