Un tribunal de San Pablo decidió que se juzgue nuevamente a los 74 policías militares que fueron condenados a penas de entre 48 y 624 años de prisión por matar a 111 presos durante un amotinamiento en la cárcel de Carandiru en 1992.
El fallo fue un alivio para los familiares de las víctimas de ese episodio, conocido como la masacre de Carandiru, que desde setiembre vivían con la incertidumbre de qué sucedería con estos policías, que ya fueron juzgados en cinco juicios distintos entre 2013 y 2014. Los juicios habían concluido con decenas de condenas y algunas absoluciones, pero fueron anulados en diciembre por el juez Iván Sartori en una cámara de apelaciones paulista. Sartori respaldó algunos de los argumentos de la defensa de los policías, que señalaron irregularidades en el juicio. Por ejemplo, cuestionaron que algunos policías fueron declarados inocentes aunque pesaban en su contra las mismas pruebas que llevaron a condenar a otros, o que un policía fue condenado por el asesinato de más de 50 personas, lo cual consideraron inverosímil. La Fiscalía reconoció esas irregularidades y las calificó como propias de un proceso muy extenso, que fue dividido de acuerdo a lo que sucedió en cada uno de los cinco pisos de la cárcel.
Ya en setiembre la Justicia decidió que el proceso empezara otra vez, pero la defensa de los policías apeló la decisión, que ayer fue respaldada por el Tribunal de Justicia de San Pablo, el máximo órgano judicial del estado.