Damián, el cultivador de cannabis registrado procesado en Durazno, fue liberado ayer en la tarde, pero su abogado, Patricio de la Cámara, todavía no fue notificado formalmente. El defensor del adolescente explicó a la diaria que están estudiando qué tipo de recurso interpondrán sobre la resolución del juzgado letrado. “Esto no puede quedar así. Hay muchas cosas por dilucidar todavía”, manifestó De la Cámara, que puso como ejemplo el peso de las plantas incautadas. El abogado entiende que el procedimiento policial no estuvo ajustado a los cánones legales. “Falta información del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis) para fiscales y jueces en el interior, inclusive en las jefaturas de policía. No saben de esto, no tienen información suficiente,” opinó.
La noticia se conoció ayer, durante la Marcha Mundial de la Marihuana, que se realizó ante la Torre Ejecutiva. Fue allí básicamente por dos razones: los manifestantes argumentaron que hay demoras en la implementación de la ley de marihuana y cuestionaron los últimos dichos del presidente Tabaré Vázquez, que planteó que no hay evidencia científica para concluir que el cannabis tiene poder medicinal.
“Marchamos a la Torre Ejecutiva porque, en definitiva, es el gobierno el que debe tener la voluntad política de liberar el cannabis medicinal”, explicó Bruno Calleros, integrante del convocante Movimiento por la Liberación del Cannabis.
“La ley arrancó a un paso firme, lento, a la uruguaya, prolijo, pero luego se generó un estancamiento y los miedos de si se aplicaría o no. La ley tiene que ser respetada en el país, pero las trabas burocráticas llevaron a que todo fuera mas lento”, opinó Calleros.
Otro telón de fondo de la marcha de anoche fue el procesamiento con prisión de un joven de 19 años en Durazno, cultivador registrado de cannabis. La Policía no respetó el protocolo de actuación que tiene en materia de cannabis, luego de la regulación votada en 2013. La madre del joven participó ayer en la marcha; y los manifestantes reclamaron mayor capacitación para jueces y fiscales, ya que no es la primera vez que la Policía o el sistema judicial incumplen con las disposiciones de la ley de regulación del cannabis.