El jueves, el ambiente en el piso 24 del hotel Sheraton de Buenos Aires era de tensión. A menudo las respuestas del Estado brasileño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) generaban murmullos de desaprobación o risas irónicas, como cuando se explicó que el Ministerio de Educación brasileño no asistiría a la audiencia por falta de recursos económicos. La CIDH le pidió de oficio al gobierno de Michel Temer explicaciones por excluir de la Base Nacional Curricular Común, en abril de este año, los contenidos educativos que abordaban temas de género y diversidad sexual. También le reclamó que explicitara qué pensaba del programa Escuela sin Partido, que tiene cada vez mayor incidencia a nivel federal, estadual y municipal. Movimientos por los derechos humanos y defensores públicos de Brasil, como representantes de la sociedad civil, se alinearon con la CIDH en el pedido de cuentas.
El programa Escuela sin Partido, incentivado por movimientos religiosos en Brasil, ha motivado un debate intenso en la sociedad brasileña sobre la libertad de cátedra y el derecho a la enseñanza. El programa plantea colocar carteles en las aulas que señalen los deberes de los profesores, entre ellos la prohibición al docente de “promover sus propios intereses, opiniones, concepciones o preferencias ideológicas, religiosas, morales, políticas y partidarias”. También se le reclama que respete “el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Estos postulados se traducen en una serie de proyectos de ley a nivel federal y estadual, que reiteran estos principios pero además habilitan mecanismos de denuncias anónimas contra los docentes, para responsabilizarlos ante la Justicia por violar estos postulados. Según se denunció en la audiencia, también se proyecta criminalizar la circulación de material didáctico que contenga referencias a términos como “identidad de género”.
“Por una ley contra el abuso a la libertad de enseñar”, postula la página en internet del programa. En un breve audiovisual, titulado “¿Por qué el PT [Partido de los Trabajadores] y el sindicato de los profesores rechazan esta propuesta?”, se concluye que quienes están en contra son quienes “lucran políticamente con su práctica”.
Fernanda Lapa, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos y representante de la sociedad civil en la audiencia, manifestó que con este tipo de proyectos “nuestra democracia está a prueba”, y en particular está en juego el derecho de niños y adolescentes a una educación “libre y sin censura”. Remarcó que la educación en derechos humanos sirve para prevenir las violaciones a los derechos humanos, y afirmó: “Precisamos ciudadanos capaces de reflexionar críticamente y entender el mundo en el que viven”.
Alertó que se llegó a la situación de retirar los temas de género y diversidad sexual como contenidos educativos, y aseguró que existe “fiscalización y censura” sobre los docentes. “Este programa viola los derechos humanos, el propio Estado lo manifestó”, aseguró Lapa, en referencia a los pronunciamientos contrarios al programa realizados por la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de la Educación y el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Recordó que los relatores especiales de Naciones Unidas también alertaron sobre la retirada de los contenidos de género y diversidad sexual de los programas escolares. “Necesitamos que el Estado sea más enérgico para combatir este movimiento”, porque “los efectos negativos del programa son concretos”, concluyó Lapa, y pidió a la CIDH que dé una opinión consultiva sobre el alcance del derecho humano a la educación.
Camila Vieira, defensora pública del estado de Paraná, alertó de que el movimiento está creciendo y ha tenido repercusiones en los planes municipales de educación. Consideró que viola “el derecho a una educación plural”, la libertad de expresión de los profesores y la libertad de cátedra.
Además, aseguró que el movimiento “fomenta un discurso de odio a los profesores en las redes sociales, intimidándolos”. Los representantes de la sociedad civil contaron que incluso un grupo de docentes tuvo que dar explicaciones ante la Justicia de Paraná por haber implementado un programa de formación en diversidad sexual.
La respuesta del Estado brasileño fue una larga lectura de los contenidos de la base nacional curricular común, deteniéndose en todas las ocasiones en que se mencionaba las palabras “género”, “derechos humanos” y “diversidad” –esta última palabra se incluyó 80 veces, detalló el director del Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales de la cancillería de Brasil, Alexandre Peña–. “No hay fundamento para decir que la base nacional es omisa en temas de diversidad y género”, evaluó el jerarca. Afirmó, por otra parte, que la base es un proyecto que debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación y que puede tener cambios. “A pesar de que se cita la palabra ‘género’, esos conceptos no son trabajados”, inquirió a su turno el comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco.
Sobre el proyecto Escuela sin Partido, Peña dijo que el Ministerio de Educación de Brasil se manifestó oficialmente contra el programa porque no respeta el pluralismo en las concepciones pedagógicas ni la libertad de los docentes, y por tanto sería “incompatible” con las directrices nacionales de educación.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, aseguró que en muchos países, al igual que en Brasil, hay “movimientos conservadores que quieren invisibilizar” los temas de género y diversidad sexual con frases como “con mis hijos no te metas”. Agregó que “quienes no quieren que se converse de esto en la escuela quieren retroceder”, y afirmó que “no se trata de adoctrinar”, sino de “enseñar a respetar la diversidad”.
Protesta “deteriorada”
La audiencia de la CIDH para este caso se celebró un día después de la represión de una manifestación contra el gobierno en Brasil, que dejó como saldo más de 50 personas heridas, muchas de ellas de bala. La sociedad civil aprovechó la instancia para reclamarle a la comisión que se manifestara públicamente sobre este episodio, y a su turno la CIDH pidió explicaciones al gobierno de Brasil. El director de Derechos Humanos de la cancillería dijo que “un grupo de esos manifestantes echó fuego a tres ministerios, generó pánico”, y esto motivó la “intervención de la Policía con armas de fuego para combatir” a esas personas “que destruyeron los ministerios”. El jerarca aseguró que no hay legislación antiprotesta en Brasil y que la represión se dio a raíz del “deterioro de la protesta”.