La popularidad y el respaldo con el que contaban los Carabineros en Chile era llamativa. Para los chilenos, eran más confiables que los medios de comunicación, las instituciones de gobierno de los distintos niveles, o la Justicia. En sucesivas encuestas realizadas entre 2008 y 2015 cerca de la mitad de los chilenos dijeron que los Carabineros eran la institución en la que más confiaban. El indicador varió entre el 43% de 2014 y el 59% de 2009, hasta posicionarse en 51% en 2015, un año en el que 13% confiaba en el gobierno y 29% en los diarios, según un relevamiento de encuestas que hizo el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. La aprobación de su tarea también se destacaba claramente de la de otras instituciones, y se ubicaba entre 65% y 77% desde 2015 hasta los primeros meses de 2017, de acuerdo a un estudio realizado por la compañía Plaza Pública Cadem. En simultáneo, la aprobación de la tarea de las radios se ubicaba entre 70% y 77%, la de los diarios entre 50% y 55% y la del Banco Central o el Registro Civil por debajo de 50%.
Pero varias encuestas elaboradas en los últimos meses revelan que para los Carabineros estos indicadores cayeron en picada. Cuánto, varía según cada estudio: para Plaza Pública Cadem, la pérdida de confianza fue de 77% a 61% de febrero a abril de 2017, y para el Centro de Estudios Públicos fue de 54% a 37% de enero a junio.
Este cambio ocurre después de que se supiera que decenas de carabineros desviaron millones de dólares de la institución a cuentas bancarias personales en un fraude cuyas dimensiones todavía son desconocidas. “Aquí no sólo se ha afectado el patrimonio público, sino que también hay un daño —y quizás sea el más relevante— en la fe pública, en el prestigio que tenía Carabineros”, dijo el juez a cargo de la causa, Ponciano Sallés. El descenso en la popularidad y el respaldo “genera un quiebre en la sociedad”, una “disrupción social”, tras la cual “corresponderá a la institución recuperar la confianza de todos los ciudadanos a los que debe servir”, agregó.
Fraudulento
Dentro de Carabineros existió, por lo menos entre 2006 y 2017, una organización criminal cuyo objetivo era desviar fondos públicos “de manera permanente, indefinida y sistemática”, indica un informe del fiscal Eugenio Campos, que está a cargo de la investigación judicial. La organización criminal estuvo integrada por jefes de departamentos y decenas de funcionarios en distintas reparticiones administrativas de Carabineros, para contar con presencia tanto en las oficinas que estaban a cargo de las finanzas de la institución como en aquellas dedicadas al control interno y externo de las finanzas.
El fraude comenzaba en la Dirección de Finanzas, indica Campos en el documento, desde donde se transferían fondos de la organización de unas cuentas a otras hasta desviarlos a las de aquellas personas involucradas. Esto lo hacían, por ejemplo, porque contaban con gente que alteraba los documentos enviados al Banco del Estado —que tiene a su cargo las cuentas de Carabineros— para modificar las listas de personas que podían recibir transferencias de esas cuentas. A su vez, el dinero se fraccionaba después en decenas de cuentas hasta que finalmente el grueso llegaba a las de los líderes de la organización. Otras partes, menores, habían sido repartidas entre los intermediarios.
Según la investigación dirigida por Campos, ese dinero de origen ilícito luego era invertido de forma oculta, haciendo inversiones a nombre de terceros o comprando viviendas a nombre de familiares, para evitar que las maniobras fueran detectadas.
Decenas de militares estuvieron involucrados en esta trama. El general Flavio Echeverría, que estuvo a cargo de la Dirección de Finanzas, definía cómo se retiraba el dinero de las cuentas de Carabineros. El coronel Jaime Paz redistribuía el dinero mediante decenas de cuentas para dificultar su rastreo posterior; el teniente coronel Héctor Nail y el comandante Francisco Estrada Castro coordinaban los retiros de las cuentas; el mayor Nelson Valenzuela Aravena y el teniente coronel Robinson Carvajal Leiva conseguían personas para utilizar sus cuentas como parte de la ruta de los desvíos. Todos ellos ocupaban altos cargos en el área administrativa de Carabineros como jefes de departamento o de sección.
Según los documentos verificados hasta mayo, Carvajal se llevó al menos 300.000 dólares y Estrada 170.000; otras personas involucradas en la trama se beneficiaron con cifras mayores, de hasta casi un millón de dólares. Además, según los testimonios recabados por Campos, los desvíos variaban en el tiempo; por ejemplo, algunos se hacían con frecuencia mensual, otros anual y otros una sola vez.
Las investigaciones dirigidas por Campos están lejos de culminar, pero a mediados de junio se estimaba que el fraude ascendía a 34 millones de dólares. Actualmente, hay 74 personas imputadas por este escándalo y todas ellas están en prisión preventiva desde el 5 de junio. En su mayoría, están acusadas de malversación, asociación ilícita y lavado de activos.
Otras de las dudas que todavía no fueron disipadas recaen sobre los organismos de contralor externos a Carabineros que fiscalizan sus números, como la Contraloría General de la República. Allí fue destituido Juan Munieres, que estaba encargado de supervisar los movimientos bancarios de Carabineros y que, según la investigación judicial, fue sobornado para hacer la vista gorda.
Curiosamente, el esquema de corrupción llegó al conocimiento de la Justicia mediante una investigación interna de Carabineros dirigida por el director de la institución, el general Bruno Villalobos, que entregó sus conclusiones al fiscal general de Chile, Jorge Abbott, en un encuentro que tuvo lugar en marzo y fue reseñado por el diario La Tercera. Allí Villalobos informó a Abbott que pasaría a retiro a varios de los involucrados y que Carabineros colaboraría con la investigación judicial.
Antes, Villalobos se había reunido con el ministro del Interior, Mario Fernández, a quien también había informado sobre el esquema investigado. A medida que Villalobos tenía reuniones con otros jerarcas, empezaron a salir las primeras informaciones en los medios de comunicación y surgieron las primeras confesiones de los involucrados, que luego testificaron ante el fiscal Campos, quien quedó a cargo del caso.
La Justicia ya tenía una investigación en curso: en 2011 un banco advirtió a la Unidad de Análisis Financiero —un órgano descentralizado encargado de luchar contra el lavado de activos— que había detectado movimientos sospechosos en la cuenta de un teniente de Carabineros, en la cual habían sido depositados casi 500.000 dólares. Sin embargo, esta investigación no había registrado ningún avance e incluso fue cerrada hace unos meses para que no obstaculizara la otra.
Después de que se conociera públicamente la información sobre el fraude, también el Congreso tomó cartas en el asunto e instaló una comisión investigadora.
Nombres en duda
La continuidad de Villalobos al frente de Carabineros fue puesta en duda en más de una ocasión en los últimos meses. Lo fue incluso por algo que él mismo le dijo a Abbott: que pasaría a retiro a carabineros corruptos y a aquellos responsables de supervisar a los que cometieron actos de corrupción, algo que se aplicaría a su propia persona. Sin embargo, Villalobos sigue teniendo el respaldo político del gobierno e incluso de líderes de partidos políticos de derecha y de centroizquierda, que destacan que actuó rápidamente al detectar el fraude y que, a diferencia de lo que podía esperarse, se dirigió a la Justicia civil y no a la militar.
Además, Villalobos se ha encargado de mostrarse como parte de la solución al problema públicamente, divulgando videos de forma periódica en los que llama a los carabineros a recuperar la confianza de la sociedad. “Estamos viviendo un momento histórico, un proceso fundamental para la institución y el país. En Carabineros se enquistó una asociación de personas cuyo objetivo no era trabajar por Chile y los chilenos, sino, simplemente, enriquecerse de manera oscura y traicionera”, lamentó en el último, publicado a comienzos de junio, antes de agregar: “Esta situación nos duele y nos indigna”.
Entre los beneficiarios de los pagos que se hacían con el dinero público desviado, apareció la semana pasada el nombre de Javiera Blanco, quien antes de ser ministra de Justicia fue subsecretaria de Carabineros. Según La Tercera, siete ex jerarcas de Carabineros dijeron ante la Justicia que ella habría recibido casi 40.000 dólares entre 2006 y 2009, período en el que ocupó un cargo en esa institución, el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Blanco ya declaró ante Campos en el marco de la investigación, pero se le solicitó que compareciera la semana pasada ante la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el caso. La ex ministra se negó, argumentando que no podía “entregar información a la comisión” porque sus declaraciones están bajo reserva, en el marco de la investigación judicial, con el objetivo de “evitar que pudieran frustrarse las diligencias decretadas por el fiscal que buscan aclarar el fraude en Carabineros”. De todos modos, Blanco aseguró que no está vinculada con el caso y que no recibió dinero proveniente de actos de corrupción.
“Orden y Patria”
La organización Carabineros de Chile fue creada en 1927, mediante la unificación de policías locales y un cuerpo de caballería armado de carabinas, del que tomó el nombre. El objetivo de la fusión era crear una fuerza policial nacional y disminuir el poder de las autoridades políticas locales en materia de seguridad. En parte por eso, Carabineros, aunque funcionaba en la órbita del Ministerio del Interior, fue concebida como una fuerza altamente militarizada. Algo de su rígida estructura jerárquica es perceptible a simple vista: los “pacos”, como se les decía familiarmente, deben medir más de 1,80 metros de estatura, visten uniformes verdes y hasta no hace muchos años portaban metralletas mientras cumplían tareas de patrullaje rutinario. El 11 de setiembre de 1973, César Mendoza, director de Bienestar de Carabineros, ubicado en el sexto lugar de comando dentro de la institución, dio un golpe dentro de un golpe y se hizo con la dirección de la fuerza para apoyar el alzamiento armado contra el gobierno de Salvador Allende. Mendoza fue parte del Consejo de Gobierno durante casi toda la dictadura de Augusto Pinochet, y Carabineros pasó a depender del Ministerio de Defensa. Aunque se acusa a la fuerza -encargada, entre otras cosas, de reprimir protestas sindicales- de haber causado la muerte de varios manifestantes a lo largo del siglo XX, el episodio más conocido ocurrió hacia el final del régimen, en 1985, cuando tres militantes comunistas fueron asesinados por agentes de Carabineros, en lo que se conoce como el “caso Degollados”. El incidente fue investigado y concluyó con el procesamiento de varios oficiales y la renuncia de Mendoza, que se reconvirtió en empresario de la educación y fundó la Universidad Las Condes. En 2011, Carabineros volvió a ser parte del Ministerio del Interior, aunque algunas de sus funciones se asemejan a las que en otros países cumplen los ejércitos que buscan reconvertirse en fuerzas de paz, como apoyo ante catástrofes naturales y combate al narcotráfico.