El presidente de Brasil, Michel Temer, se defendió ante la denuncia de la Procuraduría General de la República, que lo acusó de corrupción pasiva después de que el empresario Joesley Batista lo grabara avalando el pago de sobornos para frenar las investigaciones judiciales sobre la corrupción en Petrobras. Mientras tanto, el gobierno ya hace gestiones en el Congreso para asegurarse la continuidad de Temer.
En una conferencia de prensa que brindó ayer, el presidente de Brasil, Michel Temer, expuso el que será el discurso de su defensa durante las próximas semanas. Aseguró que la denuncia de corrupción pasiva presentada en su contra por el procurador general Rodrigo Janot “es ficción” y no cuenta “con fundamentos jurídicos” ni pruebas que lo respalden. “Mi preocupación es mínima”, dijo Temer en un breve discurso en el que recordó, en varias oportunidades, que él viene del ámbito jurídico (es abogado) y que tiene experiencia en casos judiciales.
Temer agregó que tiene un “respeto absoluto” por las decisiones del Poder Judicial y aclaró que decidió dar una respuesta pública por las repercusiones políticas que podían generarse y por “el ataque” a su “dignidad personal”. Además, volvió a sostener que las acusaciones en su contra se presentan mientras la economía del país empieza a recuperarse.
“Fui denunciado por corrupción pasiva sin haber recibido jamás ni valores ni dinero, ni haber participado en acuerdos para cometer ilícitos”, aseguró el presidente, antes de sostener que las pruebas presentadas por Janot son “ilícitas” y que el procurador plantea “inferencias” ajenas a la verdad.
Temer no se detuvo ahí con sus declaraciones e insinuó que Janot estuvo involucrado en un acto de corrupción. El presidente dijo que un ex asesor “muy próximo” a Janot, Marcelo Miller, ahora gana “millones” en un estudio que defiende a Batista y a su hermano, dueños de la empresa JBS.
Miller, dijo el mandatario, logró “un acuerdo benevolente” entre los empresarios y la Justicia que incluye “una impunidad nunca antes vista”. Agregó: “Tal vez los millones de honorarios recibidos [por Miller] no fueron únicamente para el asesor de confianza [de Janot]... ”. Dijo que él es responsable y que no puede “denunciar” ni “hacer inferencias” sin contar con pruebas, porque tiene “conciencia”. La actuación de Miller es investigada por la procuraduría desde hace semanas.
Por último, el mandatario aseguró que “descubrió” al “verdadero Joesley” una vez que se conoció la grabación, y que, mediante la denuncia, Janot busca “revancha, destrucción y venganza”, sin explicar por qué motivo. “Quieren parar al país y al Congreso con denuncias frágiles y precarias […], están haciendo un atentado contra nuestro país”, agregó, antes de asegurar: “No voy a permitir que me acusen de crímenes que jamás cometí. Mi disposición es continuar trabajando para Brasil, para generar crecimiento y empleo, para continuar con las reformas fundamentales”.
En sus manos
La denuncia fue presentada el lunes ante el Supremo Tribunal Federal (STF), donde la recibió el magistrado Edson Fachin, quien ayer consultó a sus colegas sobre los pasos a seguir. Fachin tiene varias opciones, pero las que parecen tener más posibilidades son: que reenvíe la denuncia a la Cámara de Diputados; que le brinde a la defensa la posibilidad de pronunciarse al respecto para evaluar si la envía o no; o que la pase a otro magistrado del STF. Según el diario O Estado de São Paulo, Fachin evaluaba ayer si pasarle la denuncia a la presidenta del STF, Cármen Lúcia, para que sea ella quien la envíe a la cámara baja. Otros medios brasileños señalaban que es muy poco probable que Fachin opte por no enviar la denuncia a la Cámara de Diputados, que deberá decidir si autoriza o no al STF a llevar adelante la investigación.
Una vez en la Cámara de Diputados, la denuncia irá a la Comisión de Constitución y Justicia, en la que se designará a un miembro informante cuya conclusión será votada por los demás integrantes de la comisión. Después, el parecer final de la comisión será enviado al pleno de la cámara, donde para ser aprobada debe contar con el voto de dos tercios de los diputados –342, igual que en el juicio político contra Dilma Rousseff–. Si la Cámara de Diputados autoriza la apertura de la investigación, el foco vuelve al STF, donde los magistrados deben votar si aceptan o no la denuncia. Si deciden tramitarla, Temer será alejado del cargo de presidente por un máximo de 180 días mientras se desarrolla la investigación.
Las gestiones del oficialismo en la cámara baja ya comenzaron. Ayer se mantuvieron reuniones de diputados de la Comisión de Constitución y Justicia con otros diputados y con integrantes del Ejecutivo, en lo que se presume que fueron encuentros para conocer las tendencias dentro de la comisión. Por otra parte, de tarde, el partido Solidaridad, que respalda al presidente Temer, retiró al diputado que tiene en la comisión y dejó en su lugar al suplente. El titular, Major Olímpio, que había opinado en contra de Temer, fue muy crítico con su propio partido y con el presidente. “Se cumple el axioma de que el cornudo es siempre el último en enterarse”, dijo, antes de insultar a Temer y a su “organización criminal”.
Todo indica que, más allá de estas gestiones, el gobierno contará con los votos suficientes en la cámara baja como para mantener a Temer en el poder. Los dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña no mostraron ayer voluntad de reevaluar el apoyo brindado al mandatario en el Congreso, y tampoco lo hicieron los de Demócratas, otro de los principales partidos aliados del gobierno.
Corregido
Un tribunal de apelaciones absolvió a una de las personas a las que el juez de Curitiba, Sérgio Moro, había condenado por el esquema de corrupción en Petrobras. El ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari Neto había sido sentenciado a 15 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en noviembre de 2015, en la que fue la primera condena contra un integrante del PT en el marco de la causa Petrobras. Según la investigación judicial, Vaccari había negociado con empresas para que pagaran sobornos al PT a cambio de verse beneficiadas con contratos con la petrolera estatal. El abogado de Vaccari, Luiz Flávio D’Urso, dijo que este fallo significa que se hizo justicia porque su defendido había sido juzgado sin pruebas, únicamente por las declaraciones de otras personas acusadas de integrar el mismo esquema de corrupción. La absolución no implica necesariamente que Vaccari sea liberado, ya que fue condenado por Moro en otros cuatro casos vinculados con Petrobras, con penas que van de seis a diez años de prisión y suman un total de 31 años de reclusión. Aun así, su defensa buscará que Vaccari sea liberado y cumpla el resto de la pena en mejores condiciones, como las de la prisión domiciliaria. Este giro representa una mala noticia para Moro, cuyo fallo fue revocado, y una buena para el PT, que espera que en los próximos días ese juez dicte sentencia sobre uno de los procesos en los que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva figura como acusado.