La bancada creó el grupo para priorizar las principales líneas de trabajo durante este quinquenio legislativo. Participan diputados de la comisión de vivienda y también otros interesados. La bancada de diputados del FA mantuvo el jueves una reunión informativa y de intercambio con jerarcas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de la Agencia Nacional de Vivienda. Durante el encuentro, se habló de empezar a caminar hacia un acuerdo entre los actores del Poder Ejecutivo y las iniciativas de los diputados. Hay cuatro proyectos de ley que los legisladores frenteamplistas han presentado o tienen en carpeta. Algunos de ellos guardan relación con el programa de gobierno del FA.
Cooperativas
Los subsidios fiscales a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua los decreta el Ejecutivo. Ciertos legisladores creen que llegó la hora de votar una ley que garantice estabilidad al movimiento cooperativo constructor. Algunos de los diputados del grupo de trabajo sobre vivienda, como el comunista Gerardo Nuñez, creen que es importante bajar a 2% de interés anual la tasa de los préstamos a las cooperativas de vivienda, que actualmente es de 5,25%. “Son elementos a analizar, hay proyectos presentados, pero no quiere decir que haya posicionamiento favorable a ninguno, sino que están en discusión”, explicó.
Regulación de alquileres
“Con los alquileres es clarísimo que estamos en una situación de abuso por parte de quienes fijan los precios. Están totalmente desajustados a la realidad salarial de la inmensa mayoría de trabajadores. Es un asunto de justicia, de derechos humanos. La vivienda debe acercarse mucho más al concepto de qué es un derecho humano, hoy está muy desbalanceada esa relación”, opinó Nuñez, impulsor de un proyecto de ley que busca fijar precios de alquileres. Esto es un problema. El decreto-ley 14.219 consagró la libre contratación en 1974. Ese acuerdo se prorrogó a pie juntillas en 1994 y en la Rendición de Cuentas de 2011; además, en su artículo 236 aplazó hasta 2032 la libre contratación de los alquileres. Para salir de este problema, el diputado del Partido Comunista entiende importante relevar los estímulos que se han otorgado para la construcción privada mediante la ley de vivienda de interés social (LVIS). Tocando esa ley, o creando otra, se podría generar un escenario virtuoso, entiende.
Nuñez estima en 40.000 dólares la renuncia fiscal en cada unidad habitacional construida bajo la LVIS. Pero al incorporar esa vivienda al mercado, las exoneraciones “no se ven reflejadas en el precio final” del alquiler, dice. El representante estima que una modificación en la ley permitiría que las futuras exoneraciones tributarias jueguen a favor del bolsillo ciudadano por la regulación de los precios.
Otro escenario que maneja Nuñez, y estudian sus colegas, es que las casas construidas antes de 1968 quedan por fuera del régimen de libre contratación, algo que dice el propio decreto de la dictadura disfrazado de ley. “Hay que fomentar incentivos tributarios para crear un escenario de regulación de precios que tenga por beneficiaria a la población”, sintetiza. “El espíritu del proyecto lo compartimos”, dice Gabriela Barreiro, diputada del Partido Socialista e integrante del grupo de trabajo. “Todos los sectores consideramos que hay acuerdo, tenemos que hacer algo con los precios de los alquileres”, advierte. “El precio del alquiler en proporción al salario es bastante elevado”, reconoce. El desajuste tiene que ver con el precio del alquiler y quién lo fija. “Lo sigue fijando el mercado, por eso también tienen que jugar las viviendas fuera del mercado, que también tienen que ver con el precio de los alquileres”. Barreiro se refiere a las 50.000 viviendas que el último censo entendió que estaban desocupadas.
Viviendas desocupadas o ruinosas
El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) presentó en esta y en la anterior legislatura un proyecto de ley para que el Estado disponga de los terrenos en los que haya casas ruinosas sin habitantes, y de las propiedades con determinados niveles de morosidad y abandono. Mediante el debido proceso, la expropiación podría ”contribuir a derribar la contradicción que viven miles de familias que se asientan en lugares sin los servicios mínimos indispensables, permitiendo un ejercicio más pleno de sus derechos y mejorando la democratización del acceso a la ciudad”, dice el proyecto de ley.
El año pasado, cuando Asti presentó la propuesta, las autoridades del Ejecutivo pidieron tiempo hasta marzo para estudiarla. Pero la síntesis por parte del MVOTMA todavía no aparece. “Hay muchas viviendas que están al servicio de la especulación, no contribuyen al desarrollo urbanístico de una ciudad y menos aun satisfacen necesidades básicas de la población”, opina Nuñez.
Montevideo expropia o remata
El Departamento de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo (IM) envió a proceso judicial 19 propiedades abandonadas que mantenían elevadas deudas con la administración desde el año pasado.
Esas propiedades se integrarán a los planes del MVOTMA para vivienda social: cooperativas, ayuda mutua, para jubilados y otras de interés social, explicó a la diaria el responsable del área, Andrés Passadore. En 2016 la comuna formó un equipo para encontrar fincas abandonadas, clasificar, estudiar y pasarlas a la cartera de tierras de la IM. El primer problema que encontraron fue que “no hay una definición de qué es una vivienda abandonada por ley”, se lamenta Passadore.
Acondicionamiento Urbano estudia cuál es la situación de la finca. Si está en condiciones ruinosas, si tiene problemas edilicios o vicios arquitectónicos. Luego se hace un estudio jurídico notarial para saber si hay sucesiones sin realizar, hipotecas, embargos y el estado de los títulos. La comuna busca que no haya movimientos en los últimos años. También realizan un análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la propiedad. Se estudia la situación “social” del bien raíz, si está tapiado, vacío, si hay residuos adentro. Las propiedades son tasadas. Si la deuda ronda de 80% a 100% del valor de la casa, es pasible de pasar a manos públicas. Si el inmueble cumple con esas variables y algunas otras ingresa al programa. El siguiente paso es pedir el remate judicial o la expropiación. “Se recupera el inmueble para la ciudad sin costo para el gobierno departamental, se recupera tierra servida (con infraestructura y servicios) en el área central de Montevideo (entre el Río de la Plata y Bulevar Artigas). El objetivo es intensificar el uso del suelo en la ciudad”, explicó Passadore.
En 2016, diez inmuebles fueron relevados. Seleccionaron ocho, cinco fueron a remate y en tres iniciaron el proceso de expropiación. En lo que va de 2017 nueve inmuebles fueron seleccionados para el proceso y están en fase de estudio. Además del destino de vivienda social, alguno de esos sitios podría destinarse a emprendimientos culturales.