Cuando Correa decidió que no se postularía otra vez a la presidencia de Ecuador, después de diez años en el gobierno, el candidato elegido por su movimiento Alianza País para continuar con la llamada Revolución Ciudadana fue Moreno. El ex vicepresidente era muy popular por las políticas sociales que promovió, en particular por los planes dirigidos a las personas con discapacidad, y el oficialismo sabía que con él se aseguraba una buena votación. También daba por descontado que un gobierno de Moreno mantendría en todos sus términos las políticas de Correa. Pero esta expectativa quedó en duda: Moreno llegó al gobierno dispuesto a mantener las grandes líneas del anterior presidente pero también a impulsar sus propias transformaciones.
Uno de los primeros anuncios que hizo al asumir, el 24 de mayo, fue que no continuaría con Enlace Ciudadano, el programa con el que todos los sábados Correa ponía al día a los ecuatorianos sobre sus planes, acciones y prioridades. Esa comunicación se emitía por varios canales de televisión y emisoras de radio, por lo general en vivo, y duraba unas tres horas. “Soy un conversador apegado a las conclusiones, gustoso de ir pronto a la síntesis, al resumen, por eso no haré el Enlace semanal”, explicó Moreno, que lo reemplazó por un informativo de 15 minutos, que se emite los lunes de noche y que no es conducido por él.
La oposición pudo festejar este cambio. Mientras Correa argumentaba que esa comunicación directa le permitía al gobierno rendir cuentas a la población, los opositores consideraban que el gobernante se atribuía un espacio privilegiado para hacer llegar su mensaje político y criticarlos. Por eso llamaban al programa “la insultadera de los sábados”.
Para Correa, Enlace Ciudadano era también un camino para informar sin que intervinieran los medios periodísticos, con muchos de los cuales se enfrentó a lo largo de su gobierno. En cambio, Moreno dijo que buscaría una nueva relación, “fresca y dialogante”, con los periodistas y agregó que “no puede haber diálogo sin libertad de expresión”. Eso sí, llamó a los medios de comunicación a ejercer una libertad de prensa con “altura y responsabilidad”.
Ya como presidente electo, en abril, Moreno dio otra señal de acercamiento a ese sector cuando invitó a los periodistas a hacerle llegar sus críticas a la Ley de Comunicación, y mostró su apertura a modificarla. “Cambiaremos o la forma de ponerla en práctica o definitivamente, si es necesario, la ley misma”, dijo entonces.
Para empezar
Horas después de asumir el cargo de presidente, Moreno terminó con una de las políticas de Correa más criticadas por la sociedad civil, en particular por las organizaciones feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Con un decreto, eliminó el Plan Familia, implementado en marzo de 2015, que tenía como objetivo prevenir el embarazo adolescente bajo la consigna de retrasar “lo más posible” las primeras relaciones sexuales.
Aunque la ejecución de esta política era tarea de varios ministerios, Correa había designado como encargada a Mónica Hernández, que respondía directamente a la Presidencia. El perfil del plan y el de la propia Hernández obligaron a la funcionaria a aclarar varias veces que, aunque era católica, no pertenecía al Opus Dei, con el que la vinculaban.
El Plan Familia fue cuestionado por incluir posiciones morales propias de la religión en una política de gobierno, en lugar de darles a los adolescentes educación e información científica útil para prevenir el embarazo. En sus fundamentos, y siempre con la abstinencia como objetivo, el plan mencionaba conclusiones de ciertos estudios según los cuales la presencia y la cercanía de la madre y el padre biológicos, en el marco de una familia tradicional, favorecían la postergación de las relaciones sexuales. Entre otras acciones, esta política consistió en difundir esta visión en manuales que se hicieron llegar a 350.000 familias.
Al eliminar el plan, Moreno dijo que la política para prevenir el embarazo adolescente “cambiará de enfoque y orientará sus metas hacia el desarrollo integral” de los jóvenes, “con libertad pero no la libertad cavernaria, no la libertad primitiva… con corresponsabilidad”.
En este caso, fueron diversas organizaciones sociales las que celebraron el cambio que trajo el nuevo gobierno. Una de estas fue el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, cuya vocera, Virginia Gómez de la Torre, dijo al diario La Hora: “El Plan Familia no solamente fue un fracaso total, sino un retroceso, una constante y cotidiana vulneración de los derechos”. Fracasó, dijo Gómez, porque significó “tres años de estancamiento” en la tarea de reducir “el embarazo infantil y adolescente, porque eso no ha disminuido”. La dirigente reclamó que se fortalezca la educación sexual en escuelas y liceos, y afirmó que “el Estado debe regirse” por la “Constitución en lo concerniente a que las políticas de salud y educación deben ser laicas”, sin intromisiones religiosas.
Otra oposición
Moreno llegó al gobierno en un país donde el enfrentamiento entre oficialismo y oposición es fuerte. Si bien el candidato oficialista estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta, con una oposición que se presentó a las elecciones fragmentada, esta situación se revirtió en la segunda, cuando los distintos partidos opositores se alinearon detrás de su rival, el banquero Guillermo Lasso. En esa votación, el electorado se dividió en mitades: 51,16% para el oficialismo y 48,84% para la oposición. En alguna medida, la oposición se sintió fortalecida. Lasso todavía insiste en que él ganó las elecciones pero fue víctima de fraude, y sus partidarios recibieron a Moreno el día en que asumía la presidencia con una manifestación en su contra en Guayaquil, vestidos de luto.
Moreno, en cambio, fue conciliador. Antes de llegar a la presidencia se comprometió a mantener un estilo de “tolerancia, de respeto, de tender la mano permanentemente a todos los ecuatorianos”, incluso a aquellos sectores menos dispuestos al diálogo, aquellos que tienen una posición de “todo o nada”. Ratificó esta postura al empezar su mandato. Se reunió con organizaciones indígenas y con empresarios, y el 20 de junio inauguró en Guayaquil su “iniciativa del Diálogo Nacional”, al que convocó a representantes de distintos ámbitos. Dijo que hay un tiempo para decir lo que “uno cree que son las verdades absolutas” y otro para reconocer “que a lo mejor exageramos”.
El Diálogo Nacional incluye el trabajo en distintas mesas. En una participarán los pueblos originarios y las diversas comunidades del país, en otra se trabajará con sectores sociales y también se instalarán mesas temáticas, dedicadas a asuntos como la corrupción, el trabajo, la información y el agro. Según anunció el gobierno, los acuerdos que surjan allí podrán convertirse en propuestas de ley o en políticas a las que se asignarán recursos.
Uno de los sectores convocados a ese diálogo, el de pueblos originarios, unidos en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), había apoyado a Correa en sus comienzos, pero pronto se volvió muy crítico con su gobierno. Moreno parece encaminado a revertir esa distancia. No sólo incluyó a la Conaie en las mesas de diálogo y se reunió con sus dirigentes sino que también les entregó dos locales para que los usen en régimen de comodato durante 100 años y firmó el indulto para siete miembros de esa organización. Habían sido condenados por el delito de “ataque o resistencia a la autoridad” por participar en agosto de 2015 en una protesta que se volvió violenta. “¡Buenas noticias! El diálogo empieza a dar frutos”, anunció Moreno cuando dispuso el primero de esos indultos.
Por su parte, la Conaie manifestó que esa decisión presidencial “reconoce la herencia heroica de las luchas de liberación” del pueblo, y le reclamó a Moreno que termine con “la política de criminalización y represión a las organizaciones sociales que operó con el ex presidente Rafael Correa”, según citó la agencia de noticias Efe. Esa confederación le había pedido a Moreno que indultara a 20 de sus integrantes y amnistiara a otros 177. Sus detenciones, en general, fueron dispuestas por delitos vinculados con protestas, en la mayoría de los casos convocadas contra leyes y proyectos que, a su entender, lesionaban su derecho a las tierras ancestrales.
Otros sectores se han mostrado más reacios al diálogo, en particular algunos de los que apoyaron al banquero Lasso. Una muestra son las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, que al ser consultado por periodistas sobre la iniciativa de Moreno de crear un consejo consultivo en materia tributaria, respondió: “No sé si es una buena manera de abordar estos problemas”. Si le preguntan a él qué se debe hacer, dirá que lo que se necesita es “recuperar o redefinir el rol de la empresa privada”, facilitar la inversión extranjera y pedirles a los trabajadores “apertura a los cambios en leyes laborales”.
También en el Parlamento, la Asamblea Nacional, el gobierno tiene en la oposición un frente difícil. El lunes los legisladores opositores presentaron una solicitud para iniciar un juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas, a quien vinculan con el caso Odebrecht, que también tiene su capítulo ecuatoriano.
Cuestión de estilo
En la prensa de Ecuador se especula acerca del alcance que tienen los cambios que llegaron con Moreno y si marcan una ruptura con las políticas anteriores o sólo se trata de un estilo diferente de aplicarlas. En el diario oficialista El Telégrafo una columna de Aminta Buenaño argumentaba semanas atrás que quienes apoyaron al sucesor de Correa no tienen motivos para preocuparse. “Ecuador pasó de un presidente enérgico, confrontador, mediático a un presidente prudente, reflexivo, dialogante, que desea gobernar sin que se lo sienta”. A su entender, Moreno “quiere limpiar el aire enrarecido de odios irracionales. Quiere empezar a gobernar sanando espacios y lugares públicos como si fuera un chamán que limpiara su casa de agotadoras vibraciones”.
El 1º de junio, Glas, que también fue vicepresidente en la administración de Correa, le dijo al diario El Universo que no hay ningún distanciamiento entre el actual presidente y el anterior. Agregó que el estilo de Moreno es distinto, pero que los dos gobiernos impulsan la Revolución Ciudadana.
Un mes antes de comenzar su mandato, Moreno explicaba: “Con el presidente Rafael Correa diferimos en el estilo de gobierno. El país estaba devastado en la década pasada, y se necesitaba otro tipo de estilo en el gobierno, un estilo confrontador, porque había que confrontar a todas las aberraciones políticas, económicas, sociales. Ese estilo de gobierno es probable que para este momento ya no sea útil”.
La mirada de Correa
Durante la campaña electoral, uno de los asuntos recurrentes en el discurso de la oposición fue el de la corrupción. Por entonces se comenzaba a investigar el supuesto pago de sobornos en Ecuador por parte de la constructora brasileña Odebrecht. El tema ya estaba instalado en la discusión política cuando Lenín Moreno, al iniciar su gobierno, propuso la creación de una comisión contra la corrupción, integrada por representantes de distintos ámbitos. Pocos días después, hubo allanamientos y detenciones en el marco del caso Odebrecht. Rafael Correa entendió que esto merecía una aclaración pública, para que los ecuatorianos tuvieran presente que la política contra la corrupción no empezó con Moreno. En una columna que publicó en el diario El Telégrafo el ex presidente repasó las medidas que su administración ya había tomado al respecto, y escribió: “Creer que las detenciones y allanamientos de la madrugada del 2 de junio son fruto de poco más de una semana de trabajo —con feriado incluido— es ingenuidad extrema o abierta mala fe”. Su mensaje también estaba dirigido a la interna de su partido, Alianza País, y al nuevo presidente. Dijo que “molesta y ofende la falta de mención de todo este trabajo de meses [de su gobierno], haciéndole el juego a la oposición [que habla] sobre que se quiso ocultar algo”. Días después, publicaba en Twitter que el “frente externo” no le preocupa; “sí el interno, donde, por torpeza o deslealtad, se habla de marcar 'distancia'” con su administración. Por si no quedaba claro su malestar, Correa criticó en su columna la iniciativa de Moreno de crear esa comisión contra la corrupción y la de pedir en esta tarea la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas. El ex presidente dijo que “en democracia habrá que soportar a ilustres desconocidos que llenos de vanidad y odio a la Revolución Ciudadana se autodenominen 'Comisión Nacional Anticorrupción'”, y consideró sorprendente que “se pida 'ayuda' a organismos internacionales”. El martes, durante una conferencia, Correa ratificó su intención de radicarse en Bélgica, el país de su esposa, y retirarse de la política “por un buen tiempo y ojalá definitivamente”. Según informó el diario El Ciudadano, el ex presidente dijo también en ese encuentro que hay “una intención deliberada” del nuevo gobierno de tomar distancia del suyo y opinó: “No creo que sea la estrategia adecuada. Uno tiene que actuar, ser auténtico y la gente verá la diferencia”.