El gobierno alemán pasó a la ofensiva y declaró a Turquía país “inseguro” para sus ciudadanos y para los inversores, en medio de una nueva escalada de las tensiones bilaterales por la detención de activistas defensores de los derechos humanos en Estambul. Al arresto de los activistas –entre ellos, un alemán– a principios de mes se sumó ayer la difusión de una lista de 68 empresas e individuos a los que Turquía atribuye “vínculos con el terrorismo”.
El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, anunció ayer que su país “no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni de los inversores en Turquía” y presentó medidas para hacerle frente a la situación. En primer lugar, dijo que no aconsejaba invertir “en un país cuando no hay seguridad jurídica”. Después, advirtió directamente a los alemanes que piensan viajar a Turquía, en plan turístico, de las diversas arbitrariedades que se pueden sufrir allí. Finalmente, pidió a la Unión Europea (UE) que revise la ayuda que brinda a Turquía como candidato a integrar el bloque, unos 5.000 millones de dólares comprometidos hasta 2020. El par turco de Gabriel, Mevlüt Çavusoglu, rechazó las medidas alemanas, las calificó de “amenazas” y aseguró que su país “responderá”.