El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo ayer que defenderá su “derecho” a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018, en sus primeras declaraciones después de haber sido condenado a nueve años y seis meses de prisión. Además, pidió pruebas concretas que demuestren que es culpable de los delitos que se le imputan, y adelantó que apelará en “todas las instancias” judiciales.
“Quiero hacer un llamado a la prensa y al pueblo brasileño: si alguien tiene una prueba contra mí, por favor, que me lo diga y la mande [...], me quedaría más feliz si fuera condenado con base en una prueba”, dijo ayer Lula desde la sede del Partido de los Trabajadores (PT), en San Pablo. Se refería así a la sentencia emitida el miércoles por el juez Sérgio Moro, quien lo declaró culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero por un caso vinculado con el esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Lula dijo ayer que la sentencia “no dice absolutamente nada”, no se respalda en ninguna prueba y “tiene un componente político muy fuerte”. En este sentido, advirtió que “Moro deberá rendirle cuentas a la historia, que dirá quién estaba en lo correcto y quién estaba errado”. El magistrado condenó al líder del PT a nueve años y medio de prisión, a pagar una multa de más de 200.000 dólares y a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 19 años. Si este fallo es confirmado en un tribunal de segunda instancia, Lula no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, para las cuales es favorito en las encuestas de intención de voto.
Sobre su futuro político, fue contundente: “Si alguien piensa que con esta sentencia me retiraron del juego, debe saber que está equivocado”, afirmó. En este sentido, dijo que si bien “hasta ahora no lo había reivindicado”, de aquí en más defenderá su “derecho” a ser candidato presidencial en las próximas elecciones. A la vez, prometió que, si la Justicia lo permite, luchará “de la misma forma que cuando tenía 30 años” para “convencer a la sociedad” de que su proyecto es el que necesita Brasil. “Quien crea que es el fin de Lula va a tener que partirse la cara, porque quien tiene derecho de decretar el fin es la población brasileña”, concluyó el dirigente, quien también opinó que con este tipo de resoluciones judiciales “se está destruyendo la democracia”.
Carlos Thompson Flores, el presidente del Tribunal Regional Federal que recibirá la apelación de los abogados de Lula, afirmó ayer en una entrevista radial que “con casi absoluta certeza” el caso será juzgado antes de las elecciones, para no interferir en el proceso.