Dos eventos recientes pusieron en el centro de atención al Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP, por sus siglas en inglés). El último tuvo lugar hace dos semanas, cuando la formación norirlandesa pactó con el gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, después de que el Partido Conservador perdió la mayoría absoluta en las elecciones de junio. Unas semanas antes, el DUP –el mayor partido de Irlanda del Norte– fue noticia por el caso de corrupción que involucró a su líder y actual ministra principal norirlandesa, Arlene Foster, y que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas.
Cuando May anunció el acuerdo con el DUP para poder gobernar en minoría, los partidos opositores británicos rechazaron la decisión inmediatamente, y no sólo porque lo vieron como parte de una jugada “sucia” –porque, a cambio del respaldo parlamentario, la primera ministra prometió mayor inversión en Irlanda del Norte–. Algunos dirigentes manifestaron, además, su preocupación por la alianza de Londres con un partido que defiende posturas sociales ultraconservadoras.
El DUP es el partido más importante de Irlanda del Norte y el quinto de Reino Unido, aunque su representación en el Parlamento británico es más bien mínima (tiene diez diputados en un total de 650). Contrariamente a lo que defienden sus rivales históricos, los nacionalistas católicos del partido Sinn Féin, los unionistas norirlandeses se sienten parte de Reino Unido.
El partido unionista, integrado por protestantes ultraconservadores, fue fundado en 1971, en una Irlanda del Norte que encaraba los primeros años del conflicto armado que duró tres décadas. Su creador fue el reverendo y ex ministro principal norirlandés Ian Paisley, un líder polémico por, entre otras cosas, haberse opuesto públicamente a los movimientos en defensa de los derechos civiles que surgieron en la década de 1960.
Durante el conflicto armado, el DUP fue muy criticado por sus vínculos con grupos paramilitares leales a la corona británica –y enemigos del Ejército Republicano Irlandés (IRA), el antecedente armado de lo que hoy es Sinn Féin–, que jugaron un papel activo en la ola de violencia que durante esos años afectó a la región.
La guerra civil terminó en 1998 con la firma del llamado Acuerdo de Viernes Santo. Ese pacto, que sigue vigente, sentó las bases de un nuevo gobierno, en el que los nacionalistas católicos y los unionistas protestantes tenían que compartir el poder. Uno de los bandos debe ocupar el cargo de ministro principal y el otro el de viceministro principal.
Los norirlandeses tuvieron que esperar nueve años, hasta 2007, para que finalmente las dos partes accedieran a repartirse los escaños de su Parlamento. Ese momento marcó un giro en la dirección del DUP, que tomó distancia de los grupos violentos, moderó algunas posiciones y se convirtió en una verdadera opción política.
A pesar de eso, mantiene posturas ultraconservadoras en materia de políticas sociales, que han atrasado a la región respecto del resto de Reino Unido. Un ejemplo es la firme oposición al matrimonio homosexual. En 2013, el DUP utilizó un controvertido mecanismo de veto para bloquear la legalización de la unión entre personas del mismo sexo. Hace pocos meses, la ministra principal norirlandesa, Foster, llegó a decir que “Peter nunca se casará con Paul en Irlanda del Norte”, en un intento de archivar el tema en un cajón.
El partido unionista también se opone al aborto, excepto en casos de riesgo extremo para la madre. Esta penalización llevó a que el gobierno británico decidiera, hace dos semanas, que permitirá que todas las mujeres que provengan de Irlanda del Norte puedan abortar de forma gratuita. Siete días después, los gobiernos de Escocia y Gales anunciaron que seguirán el ejemplo.
A la vez, el DUP rechaza las políticas dedicadas a combatir el cambio climático y, aunque no tienen una posición oficial, han llegado a tener un ministro de Medio Ambiente que creía que ese fenómeno era “una mentira” y un portavoz de Educación que rechazaba públicamente la teoría de la evolución de Charles Darwin y apoyaba las enseñanzas creacionistas.
Además, la formación es euroescéptica y, como tal, apoyó la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) en el referéndum de junio de 2016, a pesar de que la mayoría de los norirlandeses la rechazó. De hecho, la posición del DUP a favor del brexit fue fundamental a la hora de pactar con May, que necesitará todo el apoyo que pueda conseguir para aprobar una serie de leyes relacionadas con este proceso.
El acuerdo de los unionistas con los conservadores británicos devolvió a Foster la popularidad que había perdido en Irlanda del Norte por el caso de corrupción en el que se vio envuelta a principios de año y que, en marzo, llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas. Los resultados fueron tan reñidos –el DUP obtuvo apenas un escaño más que Sinn Féin– que obligaron a las dos formaciones mayoritarias a negociar. Todavía siguen en ese proceso.
Tire y afloje
La crisis del gobierno norirlandés empezó en enero de este año, cuando Sinn Féin vinculó a Foster con un escándalo de corrupción por la mala gestión de un programa de energías renovables que ella misma estableció cuando ocupó el Ministerio de Empresas, Comercio e Inversión (2008-2015) y que tuvo pérdidas por más de 600 millones de dólares. Los nacionalistas exigieron la renuncia de la ministra principal mientras durara la investigación, pero ella se negó a hacerlo –dijo que dimitir era lo mismo que admitir su culpabilidad–.
Como consecuencia, el número dos del gobierno de coalición, el líder nacionalista Martin McGuiness, dejó su cargo como viceministro principal. Esto precipitó una crisis que obligó a Londres a intervenir, y convocó las elecciones anticipadas.
Desde ese entonces, los dos partidos ya dejaron pasar seis plazos impuestos por Londres para negociar entre ellos y todavía no llegaron a un acuerdo. La última fecha límite vencía el 29 de junio. Ese día, al ver que no había expectativas para llegar a una solución negociada, el ministro británico para Irlanda del Norte, James Brokenshire, dijo que barajaba tres opciones: suspender la autonomía de Irlanda del Norte y gobernarla desde Londres, convocar unas nuevas elecciones regionales o prolongar una vez más el período de negociaciones. Finalmente, se decantó por la tercera alternativa. Si bien esta vez Brokenshire evitó fijar una nueva fecha, advirtió a las partes que la parálisis política en Irlanda del Norte no puede “continuar indefinidamente”. A la vez, reiteró la necesidad de que las dos formaciones sigan adhiriendo a lo convenido en el Acuerdo de Viernes Santo.
Después de que Londres anunció la prórroga, Foster insistió en que la pelota está en la cancha de Sinn Féin, cuya lista de demandas, remarcó, “parece que crece cada vez” que vuelven a la mesa de diálogo.
Por su parte, el partido nacionalista sostiene que el DUP sigue sin ceder terreno ante las propuestas relacionadas con los derechos de las minorías de Irlanda del Norte. En concreto, citó la negativa del unionismo a legalizar el matrimonio homosexual y a redactar una ley específica que oficialice el uso de la lengua gaélica. La primera cuestión tiene un “no” rotundo, pero en cuanto a la segunda, el DUP argumenta que no se opone a legislar acerca del gaélico, sino que prefiere introducir una nueva “ley cultural” más general, que incluya también aspectos relacionados con la identidad de la comunidad protestante-unionista.
Las dos formaciones políticas discrepan también respecto del legado del conflicto armado y los mecanismos para investigar los crímenes cometidos tanto por los paramilitares como por las fuerzas de seguridad durante ese período.
Mientras tanto, Brokenshire informó que Londres “reflexiona” sobre “qué pasos pueden necesitarse para asegurar la continua provisión de servicios públicos” en Irlanda del Norte, ya que sus instituciones, que están paralizadas desde marzo por los desacuerdos entre los partidos, quedaron suspendidas oficialmente el viernes, cuando empezó el receso de verano en Europa.