En unos 14 meses de gobierno del presidente Rodrigo Duterte, en Filipinas, su política contra las drogas dejó más de 7.000 muertos y todo indica que el número va a aumentar. Ayer, durante un discurso transmitido por televisión, Duterte impulsó a los policías a que maten civiles. “Su deber los obliga a vencer la resistencia de las personas que arrestan”, les dijo, y agregó: “Si se resiste, y de forma violenta [...], son libres de matar a ese idiota, esa es mi orden”.
Diversas organizaciones internacionales alertaron sobre la violencia de Estado en Filipinas y pidieron un cambio en la política del presidente. Días atrás, también el arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, pidió que se detenga esta campaña, que está dejando miles de muertos. “El problema de las drogas ilegales no debería reducirse a un asunto político o penal. Es un problema humanitario que nos afecta a todos”, dijo Tagle en un documento leído en las iglesias de su jurisdicción, informó la agencia de noticias Efe. Distintos obispos hicieron llamados similares en un país en el que la iglesia católica es influyente.
El fin de semana, cientos de personas protestaron en Filipinas contra esta política durante el funeral de Kyan Delos Santos, un estudiante de 17 años que murió a manos de la Policía. La familia del adolescente asegura que él no traficaba ni consumía drogas, pero fue detenido por cuatro policías y, según los estudios forenses, le dispararon a quemarropa mientras tenía la cara contra el piso. La Fiscalía prevé acusar a los cuatro funcionarios de asesinato.
Kyan fue una de las 70 personas que murieron en cuatro días, durante una seguidilla de operativos en Manila. A las muertes de civiles a manos de policías o grupos parapoliciales se suman los arrestos, que ya son casi 97.000 desde que Duterte asumió la presidencia, en junio de 2016.