La legislación de Haití nunca reconoció la unión civil o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el senador Carl Murat Cantave quiso asegurarse de que esas uniones sean perseguidas, y presentó un proyecto de ley que las penaliza. Su iniciativa fue aprobada con 14 votos, y hubo un pronunciamiento en contra y una abstención en el Senado. Ahora deberá ser considerada por la Cámara de Diputados.
Cantave es un convencido de que los problemas de su país, las catástrofes naturales y “todo lo malo” que ocurre en Haití es un castigo divino a la homosexualidad, y así lo ha expresado públicamente. De acuerdo con el diario haitiano Le Nouvelliste, Cantave argumenta que él sólo intenta “proteger a la juventud y la familia de la depravación”.
Su proyecto de ley castiga “todo intento de celebrar un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y cualquier acción que facilite ese acto”, y establece que “toda promoción [de esos matrimonios], bajo cualquier forma y por cualquier medio, constituye un delito de ultraje a la moral y las buenas costumbres”.
Además, “ningún extranjero tiene derecho a valerse de su estatus personal y de las disposiciones legales de su país para solicitar la celebración en Haití de un casamiento entre dos personas del mismo sexo”. Así, Cantave busca “proteger al país de cualquier desviación” proveniente del exterior. Según informó la agencia de noticias Efe, quienes incumplan la prohibición –sean haitianos o extranjeros– podrán ser castigados con tres años de prisión y condenados a una multa que equivale a casi 8.000 dólares.
El senador que se abstuvo en la votación, Kédelaire Augustin, argumentó que hay artículos en el proyecto que contravienen derechos humanos fundamentales, y que “la psicología misma de la ley puede incitar a la violencia”, teniendo en cuenta que existe “una aversión natural en mucha gente contra los gays y las lesbianas”, publicó Le Nouvelliste. La medida no es la primera que se vota en el Parlamento haitiano contra la comunidad LGBT. Antes, el Senado había resuelto que a esos ciudadanos no se les entregue el “certificado de buena vida”, que les permite acceder a empleos, hacer trámites y viajar.