Sin demasiada coordinación, durante los últimos meses los partidos tradicionales y sus principales figuras han anunciado que apoyarán o promoverán campañas de consulta popular para tirar por la borda algunas normas o iniciativas legislativas del gobierno. Los blancos vienen apoyando dos propuestas de reforma constitucional, mientras que los colorados han anunciado que podrían llevar adelante dos referéndums.
El 7 de junio, mientras el Senado votaba la derogación del delito de abuso de funciones, el senador Pedro Bordaberry sorprendió a todos anunciando que en caso de que el texto prosperara en la Cámara de Diputados, juntaría firmas para promover un mecanismo de referéndum y derogar la norma. El proyecto de ley todavía se encuentra a estudio en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados y varios representantes del Frente Amplio han dicho que no están dispuestos a votar el mismo texto que aprobó el Senado.
Más cerca en el tiempo, el 22 de julio, el senador Luis Lacalle Pou anunció que apoyará la campaña de recolección de firmas que viene llevando adelante la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este para hacer un plebiscito y dejar sin efecto la “bancarización obligatoria”. “Vamos a apoyar lo que están impulsando algunos empresarios”, dijo entonces, durante un homenaje a su bisabuelo, Luis Alberto de Herrera. Uno de los dirigentes más allegados de Todos, el bloque que Lacalle Pou lidera, el senador Álvaro Delgado, dijo a la diaria el 31 de julio que, si bien en este sector político están de acuerdo con la importancia de flexibilizar la ley, la idea es “no politizar” la campaña, por lo que se resolvió que cada dirigente del sector manifieste en forma individual su adhesión o no a la causa.
Dos días después del anuncio de Lacalle Pou, el otro caudillo del nacionalismo, el senador Jorge Larrañaga, también expresó su adhesión a esta iniciativa, pero además anunció, en una entrevista con Nuevo Siglo TV, que iba a apoyar otra recolección de firmas. Larrañaga habló de un plebiscito que establezca la exoneración de cualquier tipo de gravamen a las jubilaciones y pensiones. Esta campaña nació de la alianza entre la Unión de Jubilados y Pensionistas y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, dos organizaciones de jubilados que presentaron una lista conjunta a las elecciones del Banco de Previsión Social el año pasado.
Y por si faltaba algo, este martes el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado informó mediante un comunicado de prensa firmado por su propio secretario general, Adrián Peña, que de aprobarse el artículo 15 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, se evalúa la posibilidad de imponer un recurso para realizar un referéndum y dejar sin efecto esta disposición. El controvertido artículo habilita al Estado a no pagar sentencias judiciales cuando estas afecten la “atención de los servicios a su cargo”, y fue votada por el diputado colorado Fernando Amado.
Mucho menos proactiva fue la oposición con estos mecanismos durante el período de gobierno anterior. Sin embargo, la derrota de la reforma constitucional que promovía la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años y el fracasado intento de promover un referéndum en contra de la ley que legalizó el aborto lograron mejores alineamientos dentro de los partidos fundacionales. La baja consiguió el apoyo institucional de todo el Partido Colorado y de Todos, el sector mayoritario del nacionalismo. En cuanto al aborto, el Partido Nacional llamó a adherirse a la consulta popular que se realizó el 23 de junio para ver si se llegaba a la cantidad de firmas necesarias para habilitar el referéndum (bajo la consigna de que el tema se resolviera de forma “democrática” en una elección), mientras que el Partido Colorado dejó en libertad de acción a sus militantes y dirigentes.
Desordenado
El fervor opositor por promover estas instancias de democracia directa no es casual para el politólogo Adolfo Garcé, del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Según dijo, se trata de un mecanismo “muy saludable” que está contemplado en la democracia uruguaya, y que su uso puede ser “de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba”. En este último caso, lo suele aprovechar la oposición para activar e impulsar ciertas demandas de la sociedad. Garcé opinó que lo ocurrido en los últimos meses refleja, no obstante, una “dispersión” de la oposición e ilustra su falta de unidad. “Lo que prevalece en definitiva es una competencia entre líderes, al punto de que entre figuras de un mismo partido hay iniciativas distintas”.
Antonio Cardarello, también integrante del Instituto de Ciencia Política, expresó que en las instancias de democracia directa “la oposición intenta marcar agenda y mostrar su posición contraria al gobierno”, y además, generar un “hecho de campaña”. “Es una forma de estar presente en el tablero político, y en estos casos, quienes las impulsan, sobre todo en el Partido Nacional, son los precandidatos, Lacalle Pou y Larrañaga”, que así logran “diferenciarse del gobierno y marcar su propio perfil”.
Para Cardarello, no es casual que mientras los colorados apostarían por referéndums, los blancos se inclinen por plebiscitos: “Se trata de un trámite más importante que derogar una ley, ya que implica incorporar algún mecanismo o aditivo a la carta magna. Y eso parece probable que lo logre el partido que pueda ser relevo del que gobierna ahora”.