El problema de la llamada “turismofobia” copó el debate público en España desde el 27 de julio, cuando jóvenes militantes del colectivo Arran, vinculado con el partido independentista de izquierda Candidatures d’Unitat Popular (CUP), asaltaron un ómnibus turístico de Barcelona en la mitad de la calle para pintarlo con la consigna “El turisme mata els barris” (“El turismo mata los barrios” en catalán). No son las únicas frases contra el turismo que se pueden leer en el centro de Barcelona; hay otras tales como “Tourism kills the city” o “Tourist go home”. La discusión traspasó los límites de la capital catalana y pasó a ser parte de un debate de opinión pública en España.
Según el comunicado de la organización Arran, su acción responde “a un modelo capitalista que está concentrando los beneficios en muy pocas manos y está provocando la destrucción del territorio”. Y prosigue: “Está haciendo aumentar los precios del alquiler hasta el punto de que nos expulsa de nuestros barrios, alejando a las personas de sus redes familiares y de apoyo”. El colectivo también criticó que se utilice el concepto “turismofobia”, ya que demoniza la lucha contra la masificación turística: “Es un concepto inventado, intenta desvirtuar una lucha completamente legítima y acusa a cualquier persona que se pronuncia contra la masificación turística de estar en contra de los turistas”.
No son los únicos que se rebelan contra esta terminología: también la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible rechaza el término turismofobia. “Desvía el foco de atención, da argumentos a los grandes lobbies, y señala a colectivos que llevamos años denunciando las consecuencias negativas con argumentos”. Esta organización alerta de que la masificación está “destruyendo el tejido local”.
Las protestas y demandas parecen haber sido atendidas, al menos en parte, por las autoridades del gobierno autonómico de las Islas Baleares, donde ayer entró en vigor una nueva ley de turismo. Esta norma fija un límite de 623.624 plazas de hospedaje para turistas, de las cuales más de la mitad quedarán en manos de los hoteles. Por otra parte, quedaron prohibidos los anuncios de apartamentos turísticos. Así, empresas como Airbnb y Homeaway se enfrentarán ahora a multas de 400.000 euros si continúan con su actividad publicitaria. Cada vez más ciudades de Europa planean controlar el turismo, y algunas dispusieron medidas, pero en ningún caso tan duras como en las Islas Baleares.
En España, el turismo supone 10% del Producto Interno Bruto nacional y en el segundo trimestre de este año ese sector daba empleo a 2,5 millones de personas, en un momento en que el desempleo ronda el 18%. Del mismo modo, el aumento de turistas internacionales desde 2012 hasta 2016, último año incluido en la medición, fue de 31%. El resultado de este crecimiento se tradujo en descontento social, como mostraba el Barómetro semestral del Ayuntamiento de Barcelona, que situaba al turismo como principal preocupación de los ciudadanos barceloneses, por encima, incluso, del desempleo.
De ahí que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, haya llegado a pronunciarse sobre este tema durante su charla estival con el rey Felipe VI en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca: “No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de ‘bienvenido, señor turista’, pero lo que no se puede hacer al señor turista, que por fortuna viene aquí, es tratarlo a patadas, a golpes. Me parece un disparate”. Rajoy agregó que él está “a favor del turismo y de los puestos de trabajo que crea”, luego de señalar que no le gustan los “extremistas radicales que proliferan demasiado” en su país.
El descontento de los vecinos se apoya en distintos datos. Por ejemplo, según los cálculos del Ayuntamiento de Barcelona, el alquiler turístico es incluso cuatro veces más rentable que el alquiler convencional. Fenómenos de este tipo provocan que buena parte del mercado del alquiler se haya centrado en los turistas, disparando los precios “de modo que se acaba expulsando a la población residente”, afirma Iván Murray, de la Universitat de les Illes Balears.
Por su parte, las agrupaciones de propietarios de inmuebles utilizados para este tipo de actividad económica, como la Federación Española de Asociaciones de Vivienda y Apartamentos Turísticos (Fevitur), no piensan igual, y justificaron sus posiciones al respecto con estudios. Pablo Zubicaray, presidente de Fevitur, argumenta que no hay una prueba concluyente que demuestre la relación entre la suba de los precios y la demanda de alquiler por parte de los turistas. Además, Zubicaray argumenta que la posibilidad de “que sea la comunidad la que juzgue si la vivienda se puede alquilar [a turistas] es algo que dificulta el negocio”.
No está de acuerdo con estas consideraciones el profesor de Gestión Turística Urbana en la Universidad Rovira i Virgili, Paolo Russo, que conoce bien el fenómeno contra el que protestan los colectivos españoles. Russo, que es originario de Venecia, considera que su ciudad vivió un proceso irreversible de abandono de parte de los vecinos en beneficio del turismo, aunque no cree que los culpables sean los visitantes. El académico dijo al diario madrileño El País que estos son “sólo la cara de la industria turística”, y agregó: “Al ciudadano molesto le resulta más fácil considerar culpable al turista, cuando no lo es: es la industria, el puerto que trae cruceristas, los políticos, el urbanismo... Cualquier ciudad que ha sido acogedora con los turistas se enemista con ellos cuando aumenta la presión”.
Visitas contadas | Tres ciudades de Europa con gran afluencia turística decidieron durante los últimos años ir regulando la cantidad de visitantes que reciben. El caso de Venecia probablemente sea el más dramático de los tres. La ciudad italiana de 54.000 habitantes recibe entre 20 y 30 millones de turistas cada año. La cantidad es tal que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) amenazó con quitar a la ciudad la categoría de Patrimonio de la Humanidad, para incluirla en la lista de “patrimonios en peligro”. El gobierno veneciano se propuso regular el aluvión de personas en lugares emblemáticos como la Plaza de San Marcos; estableció que los residentes tienen prioridad a la hora de tomar el transporte público por delante de los turistas; y se puso en marcha la web Geoportale, en la que los residentes denuncian de forma anónima los apartamentos que se alquilan a turistas por fuera del mercado regulado. Sin embargo, Paola Mar, consejera de Turismo de Venecia, admite: “No podemos prohibir la libre circulación de personas y medios de transporte”. Otro caso es Ámsterdam, de 850.000 habitantes, que recibe 17 millones de personas al año. Allí se limitaron a 60 días las estancias en un apartamento alquilado a turistas y se prohibió la construcción de hoteles en el centro de la ciudad. La capital holandesa regula los plazos de alquileres gracias a un acuerdo con Airbnb que consiste en que esta empresa elimina de su sitio web el perfil del usuario que se exceda en el número de días de estadía. Brujas, de 100.000 habitantes recibe, ocho millones de turistas todos los años. El modelo de esta ciudad belga apunta a proteger el centro de grandes cantidades de visitantes en las calles, y para ello se prohibieron las fiestas en el espacio público y la entrada de ómnibus turísticos a esa zona.