La Fiscalía de España ordenó ayer a las cuatro fiscalías provinciales de Cataluña que citen en carácter de investigados a los alcaldes catalanes que mostraron su apoyo al referéndum de independencia, que la semana pasada fue suspendido por el Tribunal Constitucional a pedido del gobierno del presidente español, Mariano Rajoy. En la orden emitida, el fiscal general, José Manuel Maza, indicó que, en caso de que los alcaldes se nieguen a declarar, los Mossos d’Esquadra deberán proceder a su detención. Agregó que, dado el número de municipios involucrados, se empezará citando a los alcaldes de los ayuntamientos con mayor volumen de población.
La semana pasada, el gobierno de Rajoy envió una carta a los alcaldes catalanes, a los que advirtió que la convocatoria del referéndum es “ilegal” y recordó que el Tribunal Constitucional “ha prohibido expresamente [...] cualquier acto preparatorio de dicho referéndum”.
La orden de Maza llega después de que 712 alcaldes hicieran público su respaldo a la celebración de la consulta en la página web de la Asociación de los Municipios por la Independencia y se comprometieran a ceder locales para celebrar el referéndum. En la orden de ayer, el fiscal general también aclaró que las autoridades, funcionarios públicos o particulares que se involucren en los actos de organización de la consulta podrían cometer los delitos de “desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos”, penado este último con hasta ocho años de prisión.
También ayer, y como respuesta a otra instrucción de la Fiscalía, el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ordenó a los funcionarios policiales investigar los preparativos del referéndum e “intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o celebrarlo”. Los integrantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil recibieron la misma orden.
El primero en reaccionar a las medidas de la Fiscalía fue el partido de izquierda e independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP), que anunció que sus 30 alcaldes no acatarán la orden de la Fiscalía y no se presentarán a declarar, en un comunicado en el que instó al resto de fuerzas políticas a hacer lo mismo al amparo de la Ley de Referéndum aprobada por el Parlamento catalán. “Denunciamos la actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado español”, escribió la CUP, que a la vez consideró que la orden del fiscal general tiene el “único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos”.
El martes, el presidente catalán, Carles Puigdemont, reiteró que el único que puede evitar la votación del 1º de octubre es Rajoy y llamó a un diálogo para acordar una consulta pactada. “Tenemos un referéndum dentro de 19 días y tiraremos hacia adelante”, dijo Puigdemont en una entrevista con la radio RAC1. El presidente español respondió con una nueva negativa y acusó al Partido Demócrata Europeo Catalán, el de Puigdemont, de querer “liquidar la Constitución, el Estatuto catalán, la legalidad y 500 años de historia” en tan sólo “dos días”.