La exacerbación de la sensibilidad en la opinión pública con respecto a las cuestiones éticas y morales en el desempeño de la función pública a partir del caso Sendic, que desembocó en la renuncia del vicepresidente, parece haberse vuelto un boomerang contra el Partido Nacional (PN), que desde 2015 había intensificado sus críticas contra el dirigente de la lista 711.
Durante la semana, un intendente, una senadora y un diputado del partido –y que mantienen o mantuvieron vínculos con Alianza Nacional, el sector que lidera el senador Jorge Larrañaga– dieron que hablar a los medios de comunicación a partir de su involucramiento en situaciones de las que se ocupará la Justicia.
Primero fue Ezquerra
El 6 de agosto, en Maldonado, el diputado por Tacuarembó Wilson Ezquerra embistió, con su camioneta Ford Ecosport, una moto conducida por una mujer, lo que le ocasionó “lesiones graves”, según la primera pericia médica. La espirometría efectuada al legislador en el lugar dio como resultado que conducía con 1,4 gramos de alcohol en sangre. La investigación del siniestro estuvo a cargo del Juzgado de Paz de Piriápolis, pero el caso también fue derivado al Juzgado Penal de 2o Turno de Maldonado. Si bien Ezquerra quedó en libertad luego de varias horas de detención, permanece como emplazado y este lunes tendrá audiencia en el Juzgado de Paz por conducir en “grave estado de embriaguez”, lo que representa una falta. Aunque podría ampararse en sus fueros como legislador, esta semana se supo que en ese caso el juzgado podría pedir su desafuero.
Tras esta novedad, el miércoles pasado el legislador convocó una conferencia de prensa.“Fue una gran irresponsabilidad que cometí”, comenzó, y luego pidió disculpas a la víctima del accidente, a su familia (“por los momentos que los hice pasar”), a “los compañeros, a la agrupación y al partido, que se comieron un garrón bestial con esto”, a sus colegas (“porque más allá de pertenecer a un partido y un sector [esto] termina salpicando a todos los compañeros de la cámara”), y a todo “el sistema” político. También informó que presentó una nota a la Comisión de Ética del PN “por si entiende que tiene que tomar alguna medida”, y enfatizó: “Estuve, estoy y voy a estar a disposición de la Justicia cada vez que me llamen. La idea no es ampararnos en los fueros, y si la Justicia entiende que corresponde el desafuero, voy a ser el primero en pedirle a los compañeros que me levanten los fueros”.
Pero además, según pudo saber la diaria, la causa en el juzgado penal de Maldonado está abierta a la espera de un segundo informe médico sobre las consecuencias del siniestro en la salud de la mujer atropellada. Entonces se decidirá si continuar con las actuaciones o archivar el caso.
Luego, Bascou
El otro enredado en problemas judiciales es el intendente de Soriano, Agustín Bascou, que el martes debió asistir a una audiencia judicial en Mercedes, como consecuencia de una denuncia por librar cheques sin fondo. Bascou y su esposa son propietarios de un establecimiento rural dedicado a la producción sojera y al engorde de ganado, pero no les habría ido bien en el negocio.
Tras comparecer ante la Justicia, el intendente argumentó en rueda de prensa que se trata de un tema “empresarial, personal”. “Lamentablemente no nos fueron las cosas como pensábamos. Somos empresa privada, a veces nos va bien, a veces nos va mal [...] Quiero dejar en claro que siempre mi intención es tratar de cumplir con mis compromisos, que nunca voy a renunciar a ello, pero hay un aspecto legal que uno tiene que respetar y yo lo voy a respetar [...] si me citan aquí diez veces, diez veces voy a venir”, aseguró. Para Bascou, lo que está viviendo es “parte” del “cargo político” que desempeña; “me ha expuesto mediáticamente, pero son las reglas del juego”.
Sin embargo, la bancada de ediles del FA de Soriano sumó otra acusación contra Bascou, que lo saca del ámbito de lo “privado” y lo mete en la cancha del uso de los dineros públicos para beneficio propio. Los ediles denuncian que, siendo Bascou director de la empresa Radial Mercedes Ltda, propietaria de dos estaciones de servicio ANCAP de la capital departamental, estas le vendieron combustible a la Intendencia de Soriano en 2015 y 2016 por un monto de 14.134.000 de pesos.
El edil Carlos Susaye dijo en conferencia de prensa que en abril de 2012 Bascou fue designado “director, administrador y presidente” de esa empresa junto a su esposa. La situación se mantuvo hasta febrero de este año, cuando “cedieron sus cuotas sociales”. Invocando el artículo 291 de la Constitución, que prohíbe a los intendentes estar al frente de empresas que contraten con la intendencia, y al artículo 292, que establece que si se viola esa norma “importará la pérdida inmediata del cargo”, informó que su bancada convocará a una sesión de la Junta Departamental en la que el FA planteará que el intendente sea separado del cargo por el Senado por violar la Constitución.
Advertido sobre esta denuncia pero sin conocerla, Bascou dijo el martes que su caso “lamentablemente se politiza y todos quieren tirarse de cabeza”. El jueves, ya conocido el planteo frenteamplista, habló para la prensa el director de Administración de la Intendencia de Soriano, Andrés Ramírez, quien explicó el funcionamiento del sistema contratado con ANCAP. El jerarca explicó que no existe una supuesta conjunción del interés público con el privado, porque se trata de un contrato suscrito con ANCAP durante la administración anterior, encabezada por Guillermo Besozzi, por el cual la intendencia le compra directamente a ANCAP y el ente se compromete a entregar ese combustible en la red de distribución que tiene en todo el país. “Los vehículos oficiales de cualquier organismo cargan, en consecuencia, combustible en cualquier estación de servicio del sello ANCAP atenido al Sistema de Contralor Vehicular. Estamos a la espera de lo que suceda institucionalmente en el ámbito de la Junta Departamental, en la que se expresarán los argumentos sobre si hubo o no incumplimiento. La posición de la intendencia es que nosotros en ningún momento hemos violado la Constitución de la República”, sostuvo Ramírez.
Después, Alonso
A todo esto, la senadora Verónica Alonso y su esposo, Marcel Gerwer, enfrentan un pleito judicial por una deuda con una imprenta por la impresión de listas para las elecciones internas de 2014. El Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Civil de 8° Turno, a cargo del juez Federico Tobía, condenó a Alonso a pagar más de 30.000 dólares. La senadora apeló la decisión y ahora el expediente está en el Tribunal de Apelaciones, según informó El Observador el jueves, que aclaró además que no recae sobre ella ningún embargo. Alonso argumentó en su momento que se trató de listas que la apoyaron pero que estaban vinculadas a la Iglesia Misión Vida, del pastor Márquez, que hacían campaña electoral en forma independiente pero hicieron emitir facturas a su nombre.
La senadora, sin embargo, se metió en un lío con sus declaraciones sobre Bascou. “Sería bueno que Bascou dejara el cargo y se ocupara de solucionar sus problemas. Liberar cheques [sin fondo] es delito y deberá actuar la Justicia. Sería buena cosa que no siguiera en la intendencia frente a esta situación. Ocupar un lugar en la intendencia implica estar 100% comprometido”, dijo en el programa Desayunos informales, de Canal 12.
Larrañaga, en cambio, sostuvo que no cree que Bascou “tenga que dar un paso al costado”, y consultado sobre las declaraciones de Alonso, dijo: “Será su opinión”. El líder de Alianza Nacional también criticó la denuncia del FA contra el intendente de Soriano: “Creo que se trata de un cuestionamiento oportunista, que procura intentar llevar adelante una suerte de revancha”.
Por su parte, el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini retuiteó un comentario de un militante blanco: “Lamentable @veronica_alonso en sus declaraciones, ningún compañero le pidió que renuncie al senado cuando ella tenía sus problemas judiciales”.
En tanto, como por ahora parece estar ajeno a esta “embestida baguala” judicial contra su partido, el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, se ha mantenido en silencio. El único que habló desde sus tiendas fue el senador Javier García (lista 40), quien dijo a Radio Uruguay que Alonso “le pide a Agustin Bascou en 24 horas lo que no pidió a Raúl Sendic en un año y medio”, y acusó al FA de querer “emparejar las situaciones” de Bascou y Ezquerra con la de Sendic cuando “no tienen nada que ver”. García opinó que Sendic se metió con los dineros públicos mientras que las de sus correligionarios son “situaciones privadas”.
El miércoles, Bascou y Ezquerra deberán comparecer ante la Comisión de Ética del PN, que integran Jorge Bartesaghi, Carmen Asiaín, Augusto Durán Martínez y Eduardo Lombardo.