El uso que el vicepresidente Raúl Sendic hizo de las tarjetas corporativas de ANCAP mientras integró el directorio de esta empresa pública motivó una de las dos ampliaciones que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente habían realizado en abril de 2016 contra diferentes aspectos de su gestión. La primera ampliación fue en mayo, tras comprobarse que Alcoholes del Uruguay había pagado partidas extra a cerca de 2.500 trabajadores de la caña de azúcar sin aportes al Banco de Previsión Social. En el caso de las tarjetas corporativas, la ampliación consistió en “noticiar al juzgado para que se agregue al expediente”, según explicó a la diaria el senador nacionalista Álvaro Delgado, detallando que se trata de un escrito presentado por los abogados de los partidos en el que “se trata simplemente de dar cuenta al juez del informe que hizo el Tribunal de Cuentas de la República” sobre el uso de las tarjetas corporativas de la empresa. Este organismo respondió a un pedido de informes que hizo en junio el diputado nacionalista Pablo Iturralde y contestó que ANCAP no había sometido a este cuerpo los gastos hechos con las tarjetas corporativas, dado que los comprobantes de estas compras no fueron remitidos al control de los contadores delegados del organismo. El propio Iturralde también se encargó de llevar el tema a la Justicia, aunque por otra vía: le hizo llegar al fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, la respuesta a su pedido de informes para ponerlo al tanto de la situación. Delgado, sin embargo, no quiso profundizar sobre si el dictamen del Tribunal de Conducta Política del FA pueda ser un insumo para la causa judicial: “Eso es un proceso interno del FA, y no se si influye o no. Nosotros tenemos mucha confianza en el proceso que llevan adelante el fiscal y la jueza, y en ese proceso estamos esperando una resolución; lo demás es un tema interno del FA”.
En tanto, Iturralde consideró que si bien el dictamen no debería pesar en la decisión judicial, “el hecho de que puedas tener el aval del partido de gobierno y de medio FA diciendo eso te da luces verdes por todos lados para que puedas actuar fuerte”. El legislador además interpretó que el TCP deja entrever en su dictamen que se constituyó el delito de “peculado”, es decir, de malversación de dineros públicos. Si bien consideró que el informe no debería ser un insumo de la investigación judicial, “la situación sería distinta en una instancia de juicio político”.
En cuanto a los operadores judiciales, según pudo saber la diaria, llamó la atención la “contundencia jurídica” de la fundamentación del dictamen, seguramente por la pluma del abogado y presidente del TCP, Nicolás Grab. “Aunque no se incluya como tal en la causa, indirectamente influye, porque los magistrados también la leyeron, obviamente”, coincidieron. Indirectamente, podría llegar a incorporarse: la Junta de Transparencia anunció esta semana que tomaría el dictamen como insumo, y eventualmente podría elevar recomendaciones ante la Justicia. El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, citará primero a los ex directores de ANCAP y por último al propio Sendic, que comparecerá el 25 de octubre.