El éxodo de los rohingyas empezó el 25 de agosto. Ese día combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ESRA) atacaron sedes policiales y una base militar en el estado de Rakhine, poblado mayoritariamente por esta comunidad musulmana. Como respuesta, las fuerzas birmanas lanzaron una contraofensiva que ha dejado decenas de muertos, miles de casas quemadas y grandes franjas de tierra despobladas a causa de los desplazamientos, principalmente hacia Bangladesh.
El gobierno birmano aseguró que murieron 400 personas, incluidos 370 “terroristas” rohingyas. Sin embargo, las autoridades de Bangladesh estiman que han fallecido cerca de 3.000 musulmanes desde que empezó la contraofensiva. De hecho, el domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores bangladesí acusó al gobierno birmano de cometer un genocidio contra los rohingyas, en una escalada de tensión entre ambos países que demuestra, según los analistas, la frustración generada en Dacca ante el imparable flujo de refugiados y la imposibilidad de negarles la entrada, por razones humanitarias.
Hasta el momento, hay 313.000 desplazados por el estallido de la violencia, según datos actualizados de la ONU. En un intento por controlar la situación, que empieza a desbordarse, las autoridades bangladesíes comenzaron ayer a registrar a los miembros de la comunidad rohingya que se encuentran en su territorio. Para el portavoz del Programa Mundial de Alimentos en Bangladesh, Maherin Ahmed, el panorama es “crítico”, ya que el alojamiento, el agua y la comida son “insuficientes”. Según el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), más de 60% de quienes llegaron a suelo bangladesí en las últimas dos semanas son niños o adolescentes.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid bin Ra’ad al Hussein, afirmó ayer en Ginebra que las fuerzas de Birmania llevan adelante ataques “extendidos y sistemáticos” contra los rohingyas que “posiblemente equivalen a crímenes contra la humanidad”. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el funcionario recordó que ya advirtió el año pasado de graves violaciones contra esta minoría musulmana. Se refería a otra ofensiva militar en octubre de 2016, que desembocó en la huida de 87.000 rohingyas de Rakhine.
Hace unos meses, un informe elaborado por una comisión investigadora de la ONU detalló, mediante los testimonios de los refugiados, relatos que apuntaban a masacres, asesinatos de civiles –entre los que se incluían bebés y niños– y violaciones sistemáticas, a menudo en grupo, de mujeres rohingyas. Ese documento derivó en la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de una misión de investigación que nunca pudo trasladarse a Birmania, porque el gobierno de Aung San Suu Kyi nunca concedió la autorización necesaria por considerar que la ONU respaldaba a los rohingyas.
Al Hussein dijo ayer que la situación actual “no puede ser evaluada plenamente”, porque no tienen acceso al territorio, pero que “se parece a lo que se define en los libros como limpieza étnica”. Además, instó a las autoridades birmanas a “poner fin a sus crueles operaciones militares”, “rendir cuentas por todas las violaciones ocurridas”, “revertir el patrón de la severa y extendida discriminación contra la población rohingya” y permitir a la ONU el “acceso sin restricciones al país”.
A la vez, afirmó que su oficina dispone de “múltiples” informes e imágenes de satélite que muestran cómo las fuerzas de seguridad birmanas quemaron pueblos rohingyas, así como relatos de asesinatos extrajudiciales. También citó datos de Amnistía Internacional sobre la existencia de minas en la frontera con Bangladesh plantadas supuestamente por el Ejército birmano.
Por otro lado, el alto comisionado “lamentó” la deportación masiva de rohingyas en India, otro país vecino de Birmania y que actualmente acoge a unos 40.000 integrantes de esa comunidad musulmana.
Las posibilidades de una paz temporal se desvanecieron el domingo, cuando el gobierno de la líder birmana rechazó una tregua propuesta por el ESRA para facilitar la evaluación de daños y el acceso de ayuda humanitaria. El argumento fue que “no dialoga con terroristas”. Suu Kyi acusó a los rohingyas de propagar “un iceberg de desinformación” para engañar a la comunidad internacional y de atentar contra su propia comunidad para llamar la atención. Sin embargo, los testimonios de quienes huyeron desmienten esa versión.
La actuación de Suu Kyi ha generado múltiples críticas de organizaciones y líderes internacionales. La actual gobernadora de facto del país asiático fue galardonada con el Nobel de la Paz en 1991 y no pudo ir a recoger el premio porque era una presa política de la Junta Militar que gobernó Birmania entre 1988 y 2011.