“Para ser franco, heredé un desastre”, dijo Donald Trump en una conferencia de prensa unos días después de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos. De ahí en más, y como había prometido durante la campaña electoral, centró todos sus esfuerzos en desmantelar algunas de las medidas estrella de su antecesor, Barack Obama, o al menos se propuso intentarlo. En estos siete meses de mandato, Trump derogó la reforma sanitaria conocida como Obamacare, abandonó el Acuerdo de París sobre cambio climático, y su gobierno está ahora en plenas negociaciones con México y Canadá para cambiar los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o salirse de él en caso de no lograr modificaciones en su favor.
A esta lista se sumó ayer el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), con el que Obama impidió la deportación de casi 800.000 jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers. A pesar de que Trump había prometido cancelar el programa antes de llegar a la Casa Blanca, su decisión llega después de que fiscales generales de nueve estados republicanos amenazaron al presidente con interponer una demanda contra el gobierno si no lo derogaba.
“Estoy aquí para anunciar que el programa DACA, promulgado por la administración de Obama, va a ser cancelado”, dijo ayer en una conferencia de prensa el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, conocido por sus duras posiciones en materia de inmigración. El funcionario justificó que la decisión se tomó para “terminar la falta de respeto al proceso legislativo del gobierno pasado” y porque ese decreto de la administración anterior es “un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo”. Agregó: “Todas las políticas migratorias deberían respetar a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes que están aquí de forma legal”.
Según explicó Sessions, la medida del gobierno entrará en vigor el 5 de marzo de 2018. Durante los próximos seis meses, el Congreso –el único con poder para cambiar el sistema migratorio–, deberá encontrar una solución para regularizar la situación de los dreamers, los inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo niños o adolescentes. “¡Que nadie se equivoque, vamos a poner el interés de los ciudadanos estadounidenses primero!”, tuiteó Trump después del anuncio.
Con el fin del DACA, el presidente estadounidense cumplió con otra de sus promesas sobre políticas migratorias más polémicas. En menos de un año, autorizó el veto migratorio a refugiados y a inmigrantes musulmanes de ciertos países, planteó cortar los fondos federales para las llamadas “ciudades santuario”, que no colaboran con el gobierno en la detección y sanción a inmigrantes indocumentados para evitar que sean deportados, y aseguró que iba a construir el muro en la frontera con México, si bien sigue a la espera de que el Congreso apruebe el presupuesto.
Futuro incierto
La pregunta ahora es: ¿qué pasará con esos 800.000 jóvenes? Habrá que esperar para ver qué es lo que resuelve el Congreso en los próximos seis meses. Trump aseguró una cosa: sea cual sea la solución, será tomada “con corazón y compasión”, un enfoque en el que hace hincapié desde hace varios meses. “Como he dicho antes, resolveremos el tema del DACA con corazón y compasión, pero mediante el proceso democrático legal, mientras al mismo tiempo nos aseguramos de que cualquier reforma migratoria que adoptemos ofrezca beneficios duraderos para todos los ciudadanos estadounidenses”, dijo el mandatario en un comunicado. “El Congreso ahora tiene la oportunidad de avanzar en una reforma migratoria responsable que coloque los empleos y la seguridad de los estadounidenses en primer lugar”, agregó.
En ese sentido, el presidente acusó a su antecesor de aprobar una iniciativa que “estimuló” la crisis humanitaria que sufrió Estados Unidos en 2014, cuando llegaron al país miles de niños sin compañía, procedentes, en su mayoría, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Trump dijo que algunos de esos jóvenes “se convirtieron en miembros de pandillas violentas en todo el país”. Por otro lado, defendió que “no está a favor de castigar a niños, que en su mayoría son ahora adultos”, pero consideró que el pueblo estadounidense debe reconocer que su país es tierra de “oportunidades” porque también es una “nación de leyes”.
El programa DACA fue aprobado por Obama en octubre de 2012, mediante una orden ejecutiva, para proteger de la deportación a los indocumentados que eran menores cuando llegaron al país. Esos jóvenes tenían que probar que habían llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o terciaria. Además de frenar su expulsión de Estados Unidos, los inscritos en el programa pudieron obtener permiso de trabajo, acceder a ciertas ayudas sociales y, en muchos estados, incluso adquirieron una licencia de conducir, beneficios que debían ser renovados cada dos años.
Un estudio del Center for American Progress determinó que, actualmente, 46% de los dreamers está estudiando y, de ellos, 83% también trabaja. Además, reveló que, al poco tiempo de inscribirse en el DACA, 6% de los jóvenes iniciaron su propio negocio.
La eliminación del DACA desembocará en la deportación de 685.000 trabajadores, lo que provocará una pérdida de más de 460.300 millones de dólares para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en la próxima década, también según datos del Center for American Progress.
El grito en el cielo
Uno de los primeros en reaccionar al anuncio de Washington fue el gobierno de México, país del que procede 78% de los dreamers. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó “profundamente” la medida de Trump y anunció una serie de medidas para ayudar a los jóvenes afectados. Entre ellas, mencionó la creación de una bolsa especial de trabajo, un programa de crédito joven entre Estados Unidos y México, y becas, tanto en el país como en el extranjero. Además, prometió para esas personas el acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata de estudios, así como la afiliación al llamado Seguro Popular. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que tiene el “imperativo moral” de promover “activamente” ante “los poderes Ejecutivo y Legislativo” de Estados Unidos una pronta solución a la incertidumbre jurídica que enfrentan a partir de ahora los beneficiarios del DACA.
En Estados Unidos, líderes demócratas y republicanos mostraron su preocupación por el futuro de los 800.000 indocumentados. Entre ellos, sobresalió la reacción del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, quien pidió a Trump que deje a los parlamentarios buscar una solución “permanente”. Agregó: “Estamos hablando de niños que no conocen otro país ni otro hogar. Viven en un limbo que requiere una solución legislativa”.
Más tarde, Javier Palomarez, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC, por sus siglas en inglés) anunció su renuncia como asesor de Trump como forma de protesta por la medida anunciada. “He decidido dimitir oficialmente de la Coalición Nacional para la Diversidad del presidente de manera inmediata”, anunció Palomarez en un comunicado, en el que además aseguró que, pese a su decisión, “nunca” dejará de defender los intereses de las 4,2 millones de empresas propiedad de hispanos que existen actualmente en suelo estadounidense. La propia USHCC se opuso en un comunicado a “la decisión inhumana y económicamente dañina del presidente de acabar con el DACA”. Grandes compañías estadounidenses también se sumaron y pidieron protección para los indocumentados, entre ellas Facebook, General Motors y Hewlett-Packard.
Un sondeo publicado ayer por el diario Politico mostró que, actualmente, 76% de los votantes estadounidenses se opone a la deportación de los dreamers.