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Protesta cerca de la Casa Blanca, para exigir que el Departamento de Seguridad Nacional extienda el Estatus de Protección Temporal a más de 195 salvadoreños, el lunes, en Washington. Foto: Andrew Caballero-Reynolds, AFP

Trump intenta conseguir financiamiento para el muro con una reforma migratoria bipartidista

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer con 25 diputados y senadores republicanos y demócratas en un nuevo intento de impulsar una reforma migratoria integral. Con el mismo objetivo mantuvo un encuentro con varios gobernadores la semana pasada.

Con los integrantes del Congreso, Trump se comprometió a firmar cualquier proyecto que implique una solución para los dreamers, unos 690.000 jóvenes que, hasta setiembre, eran protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa implementado durante la administración de Barack Obama. En setiembre Trump anunció el final de este programa, y el Congreso tiene hasta el 5 de marzo para aprobar una norma que permita solucionar su situación, ya que ese día dejan de estar protegidos. En la reunión de ayer hubo avances en este tema, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

La condición excluyente de Trump para promulgar cualquier proyecto de ley de este tipo es que incluya el financiamiento del muro que pretende construir en la frontera con México. “Si no tienen el muro, no tienen seguridad. Van a tener que encontrar una solución”, dijo en el encuentro.

Estas conversaciones se dan mientras Trump sigue adoptando medidas para terminar con la protección a inmigrantes de distintos países. El último cambio fue el que recayó sobre el programa Estatus de Protección Temporal, que se otorga a los inmigrantes que llegan después de que catástrofes naturales hayan afectado a sus países. El caso más grave es el de los salvadoreños que fueron beneficiados al llegar a Estados Unidos después de los dos terremotos de 2001, que fueron 263.282 en su momento y son 195.000 actualmente, de acuerdo a las autoridades de El Salvador. Las personas de ese origen son las de mayor número entre las amparadas en este programa. Estas casi 200.000 personas quedarán expuestas a la deportación a partir de setiembre de 2019, después de haber pasado 18 años en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la decisión de terminar con el programa se debe a que “ya no existen las condiciones originales” que permitieron ese beneficio, que era temporal.

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