La comisión investigadora sobre el financiamiento de campañas de partidos políticos recibió ayer al ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo para que explicara cuáles fueron los motivos que llevaron al gobierno a condonarle la deuda al empresario Francisco Paco Casal, dueño de Tenfield, con la Dirección General Impositiva (DGI).
El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez contó a la diaria que el ex ministro hizo hincapié en que el problema se generó por los vacíos legales que existían en la normativa uruguaya. El centro de la discusión, acotó Sánchez, era si Casal tenía obligaciones tributarias o no con la DGI por las transferencias de jugadores al exterior. En 2002 la DGI inició el proceso judicial contra el empresario por evasión de impuestos y, posteriormente, en 2008, el organismo lo denunció penalmente por defraudación tributaria, recordó Sánchez, y agregó que la deuda era entonces de 100 millones de dólares, por lo que se dispuso el embargo de sus bienes.
La Justicia falló a favor de Casal y estableció que no hubo defraudación, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo de diez a cinco años la prescripción de la deuda. En función del fallo judicial, Casal presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso para que se le revocara el embargo. “Si Casal iniciaba acciones contra el Estado, por el congelamiento de las cuentas y por daño moral, el Estado podía incurrir en un costo mayor”, dijo Sánchez. Por ese motivo, el presidente de la República, José Mujica, le solicitó al entonces fiscal de gobierno Daniel Borrelli (ahora integrante de la Junta de Transparencia y Ética Públicas) que informara cómo debía proceder el Poder Ejecutivo. Con base en ese informe, el ex jerarca explicó que “Presidencia de la República resolvió que si Casal se comprometía a no llevar a cabo acciones judiciales contra el Estado, se le revocaba todo el proceso”, manifestó. “Lorenzo entiende, personalmente, que Casal tenía obligaciones tributarias”, dijo Sánchez, pero agregó que el ex ministro puntualizó que toda la cátedra de Derecho Tributario argumentó lo contrario.
El diputado colorado Adrián Peña, miembro denunciante de la investigadora, sostuvo que lo expuesto por Lorenzo “confirma nuestra sospecha de que no existe justificación al perdón de la deuda de Casal”. Lorenzo, dijo Peña, afirmó que si el MEF había acompañado la intención de multar a Casal era porque tenía los elementos suficientes para hacerlo, y agregó que la cartera “nunca tuvo duda del procedimiento de la DGI”. Según Peña, el ex ministro manifestó que fue la primera vez en la historia en la que el Poder Ejecutivo condonó una deuda a un empresario, y que el ex ministro “dijo que no compartió la decisión que tomó Presidencia”. Asimismo, la investigadora había solicitado la comparecencia de Borrelli a la comisión, pero el ex fiscal argumentó que no asistirá porque se encuentra amparado en el secreto tributario. De todas formas, la comisión investigadora volverá a citarlo porque, según Peña, su testimonio es clave.