“El agua no se vende, el agua se defiende” y “Qué lo vengan a ver, qué lo vengan a ver, privatizan el agua en el gobierno de Tabaré” fueron los dos cantos más populares ayer, pasado el mediodía, cuando más de un centenar de personas acompañó a los dirigentes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) a entregar las firmas recolectadas por la campaña pro referéndum de la Ley 19.553, conocida como ley de riego. La concentración frente a la sede de la Corte Electoral en la Ciudad Vieja iba de vereda a vereda; había militantes de distintos sindicatos y organizaciones como Redes-Amigos de la Tierra, y estaba Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores. Cuando llegó el camión con las más de 80 cajas que contenían las papeletas hubo una cadena humana para acercar las firmas.
Los colectivos que impulsaron la recolección no alcanzaron las firmas necesarias para convocar al referéndum de la ley: se necesitaban unas 650.000 firmas, 25% del padrón electoral, y ayer se presentaron alrededor de 300.000, informó Gustavo Ricci, presidente de FFOSE. El plazo vencía ayer, ya que hoy se cumple un año de la promulgación de la ley.
“Estamos muy contentos. Independientemente de no haber conseguido el objetivo de 25% del padrón electoral, hemos conseguido 300.000 firmas, una movilización de trabajadores, de colectivos sociales, sin respaldo de estructuras políticas partidarias importantes, lo que para nosotros es muy trascendente”, aseguró Ricci, que explicó que si bien saben que no llegaron a las firmas necesarias, las entregaron “porque entendemos que hay que respetar la voluntad de la ciudadanía”.
El camino en contra de la ley de riego será otro: ayer Ricci confirmó que FFOSE resolvió presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley ante la Suprema Corte de Justicia, en el entendido de que “violenta claramente el artículo 47 de la Constitución”. Ricci informó que se está coordinando con los abogados la presentación del recursos, que seguramente se concretará en las próximas semanas, antes de la feria judicial.
Sobre por qué cree que no se llegó al objetivo de las 650.000 firmas, Ricci afirmó que les faltó tiempo. “Al principio faltó ponerlo en la agenda política, para que la gente pudiera tomar realmente conciencia de lo que significa”, consideró, pero aseguró que en las últimas semanas hubo “intenso movimiento en cada uno de los puestos. Si hubiéramos tenido un mes más de tiempo, estamos convencidos de que llegábamos a las firmas”.
La ley de riego tiene como objetivo multiplicar los embalses y habilita a personas físicas o jurídicas a crear sistemas de riego, con beneficios fiscales, con el objetivo de mitigar los efectos de la variabilidad climática sobre la producción agropecuaria. Fue aprobada por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en Diputados (84 en 86); votaron en contra Unidad Popular y el diputado suplente del Partido Nacional Gastón Cossia.
Según Ricci, la norma “deja 100% en manos de privados la gestión del recurso agua”, mientras que la Constitución “dice claramente que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son de dominio público estatal, dice claramente que para gestionarlo, para planificarlo y para controlarlo se debe dar participación a la sociedad civil. Esta ley de riego, que es una manera de gestionar el recurso hídrico, nunca dio espacio a la sociedad civil”, aseguró. La ley recibe también múltiples cuestionamientos por sus efectos ambientales: entre otros actores, desde la Facultad de Ciencias se asegura que la multiplicación de embalses modifica la dinámica de los cursos de agua y favorece la aparición de cianobacterias.