“Uruguay empezó a dar marcha atrás y esto asusta, porque en la medida en que el país retrocede, estos grupos avanzan”, dice el activista brasileño Jair Krischke sobre la investigación de distintos hechos que quedaron sin resolución en los últimos años, como el robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), las amenazas del “comando Barneix” y los recientes atentados contra las placas de memoria. Krischke, reconocido luchador por los derechos humanos, salvó la vida de miles de uruguayos, argentinos, chilenos y brasileños que huían de las dictaduras que acechaban la región. Con 80 años recién cumplidos, el Parlamento uruguayo decidió homenajearlo por su lucha, entrega y solidaridad.
Un día antes del reconocimiento, el activista brasileño contó a la diaria que le resulta difícil condensar en un discurso todo lo vivido. “Ya escribí y reescribí varias veces lo que quiero decir en el homenaje. Mi abuelo me enseñó que la mejor improvisación es aquella que está bien planificada”, bromea. Es que intentar sintetizar su propia historia, atravesada por otras miles de historias, no es tarea fácil.
El principio de todo su accionar, cuenta Krischke, comenzó con el golpe de Estado de 1964 en Brasil. El presidente, João Goulart, los ministros, los políticos fueron trasladados a Uruguay, pero “no sólo la élite política llegó al país, vinieron muchísimos brasileños”. Para él, la colaboración de los uruguayos fue clave: “No te imaginás lo que era la fraternidad de los uruguayos, era algo impresionante”.
Unos años después, con las dictaduras detonando en varios países de latinoamérica, Krischke y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil –grupo del que es fundador e integrante hasta el día de hoy– encontraron la forma de trasladar a miles de uruguayos, chilenos y argentinos que eran perseguidos por los regímenes militares. La fraternidad, dice, fue el sostén de las distintas acciones para conseguir refugio: “Cuando la cosa se pone fea, si no tenés amigos no tenés nada”, reflexiona.
De ese período recuerda múltiples historias, entre ellas la del secuestro de Universindo Díaz y Lilián Celiberti en Brasil. La investigación de Krischke dejó en evidencia la coordinación existente entre distintos países, en lo que posteriormente se conoció como el Plan Cóndor. “Un día nos contactó un soldado, fotógrafo de la Compañía de Contrainformación del Ejército, que nos contó cómo había sido el operativo del secuestro, quiénes habían participado y nos dijo que si lo sacábamos del país, nos daba toda la información”. Aceptaron. El soldado se fue a su casa, relata; “pensábamos que nunca iba a volver, pero volvió”. Ese testimonio fue clave para armar el rompecabezas de la represión del Cóndor: “Cuando no tenés nada, una información de este tipo es decisiva para empezar a entender cómo funcionaba el aparato”.
También recuerda la historia de un científico uruguayo, Claudio Benech, que en 1980 se encontraba desaparecido. Con el foco internacional sobre el caso, Benech apareció en el centro clandestino “300 Carlos” y luego lo trasladaron a la Compañía de Contrainformación del Ejército. “Era un tipo de una inteligencia privilegiada. Comenzó a analizar a sus represores y se dio cuenta de que tenían un perfil psicológico de depredadores sexuales, entonces empezó a insistirles para que lo dejaran salir a encontrarse con su mujer y les prometió que les iba a contar sobre sus relaciones sexuales”. En Nochebuena lo dejaron salir. “Él volvió, les hizo el cuento y, a fin de año, les pidió que lo sacaran de vuelta con su esposa. Los tipos lo llevaron y lo siguen esperando hasta el día de hoy”.
Krischke relata cómo lograron pasar la frontera y se emociona. “Benech iba en al auto con su familia y nos encontramos en la frontera. Yo llevé a dos periodistas por si se complicaba la cosa”, cuenta. Los policías que custodiaban el área estaban borrachos. El auto pasó expreso: vivieron.
En democracia, Krischke siguió luchando por los derechos humanos. En 2007 logró dar con el paradero del torturador Manuel Cordero, que vivía fugitivo en Santana do Livramento y tenía una causa abierta en Buenos Aires. “Fui al juez y declaré dónde estaba. Se hizo un pedido de extradición, pasaron cinco años para lograrlo, y fue juzgado por los delitos de lesa humanidad que cometió”.
La cadena de la impunidad
El activista brasileño se encuentra en Uruguay bajo medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue uno de los 13 amenazados de muerte por el “comando Barneix”, por medio de un e-mail, en enero de 2017. “Si los estados no reaccionan adecuadamente, estos grupos crecen. Se sienten totalmente libres para cometer todas estas barbaridades. Hasta que pase algo más grave”, dice Krischke. Para él, es “inadmisible” que un grupo se atreva, en plena democracia, a amenazar a un ministro de defensa, al fiscal General de la Nación, a la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. “No veo ninguna iniciativa por parte del Estado para hacer una investigación seria. Y eso me asusta”, señaló.
Si la cadena de la impunidad no se rompe, considera Krischke, estos grupos sienten que pueden actuar sin ser juzgados. Para él, los nulos avances para esclarecer el robo en el laboratorio del GIAF, las amenazas del comando militar y las recientes vandalizaciones de las placas de memoria son “un síntoma” de que algo está pasando y no se ve a simple vista. “Uruguay empezó a dar marcha atrás y esto asusta, porque en la medida en que el país retrocede, estos grupos avanzan”.
También cuestionó la sanción que el gobierno impuso al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. “Hizo críticas, fue sancionado, pero sigue en el Ejército y, ahora, cumple su condena en el exterior. Es grave. La Constitución dice que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y un comandante no puede tolerar insubordinación de sus inferiores. La sanción debe corresponder a la gravedad del hecho: echarlo”.
Para él, la construcción de memoria es uno de los puntos flojos que los países de la región tienen que reforzar para garantizar que estos hechos no se repitan. En particular, señala, el Estado tiene que impulsar políticas públicas de memoria. “No se trata sólo de construir un relato histórico, las políticas de memoria son la vacuna para que estos hechos no pasen más en el futuro”. Según Krischke, se trata de tomar una decisión política. “En política, si tú dejas un espacio vacío, ese espacio se ocupa. Y estos señores lo están intentando ocupar”.
El descalabro político en Brasil
“Votamos con el hígado”, dice Krischke cuando da una explicación de lo que sucedió en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Para él, el descontento de la población con los partidos políticos, en especial con el Partido de los Trabajadores, es lo que explica que el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro haya cosechado tantos votos. “Los partidos no supieron leer las señales de un movimiento inmenso de gente joven de todo el país que salió en junio de 2013 a las calles”.
Krischke entiende que el voto a Bolsonaro se puede entender como “una sanción al mundo político”. “Brasil está parado desde que echaron a Dilma. Ahora viene este loco y el país va a quedar parado por dos años más. Es una tragedia”.