La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley de promoción de empleo para personas con discapacidad. La iniciativa establece que los empleadores de la actividad privada que tengan 25 o más trabajadores permanentes deberán emplear a 4% de personas con discapacidad, en un plazo de tres años.
El senador frenteamplista Juan Castillo, miembro informante, puntualizó que las empresas que incumplan con esta ley serán sancionadas. Sin embargo, señaló que quedarán excluidos de la sanción los empleadores que no puedan cumplir con lo que establece la ley, en un plazo no superior a 12 meses, y que notifiquen a la Inspección del Trabajo de esa situación.
El senador nacionalista Álvaro Delgado dio cuenta de las principales modificaciones que se le hicieron a la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo. El proyecto original, dijo Delgado, establecía el cálculo de 4% sobre el total de trabajadores de cada empresa, pero los legisladores decidieron, para incorporar un concepto “que da garantías y certeza jurídica”, que ese porcentaje se calcule en función de “la totalidad de sus trabajadores permanentes”.
Delgado agregó que se suprimieron los artículos originales 11 y 12, referidos a licencias especiales para trabajadores que tengan o adopten hijos con discapacidad, y señaló que si bien era “atendible” la intención de esas disposiciones, se entendió que “era necesario abordarla en un proyecto de ley que no tuviera la premura del plazo constitucional” (esta iniciativa no puede aprobarse después del 27 de este mes).
Una mala sorpresa
De tarde, el PIT-CNT hizo una conferencia de prensa para explicar los motivos de sus discrepancias con el proyecto aprobado en el Senado. Martín Nieves, responsable de organización de la Comisión de Discapacidad de la central obrera, dijo que las modificaciones que se hicieron “no son menores”. Según dijo, “no es menor” que una empresa contrate a un trabajador con discapacidad y disponga de un año para modificar sus condiciones laborales. “Ustedes imagínense a un compañero sordo que tenga que esperar un año para tener las condiciones de accesibilidad para poder comunicarse, y que esa empresa tenga la posibilidad de despedirlo si no cumple con las expectativas”, ilustró.
Otro de los cambios con los que el PIT-CNT no está de acuerdo es el que establece el cálculo de 4% en relación con la cantidad de trabajadores permanentes. “Si sacamos toda la zafra y agregamos que las empresas pueden tomarse un año para modificar las condiciones laborales, de las 5.400 empresas [que tienen 25 o más trabajadores] el número [real] va a ser mucho menor”. También se rechazó la eliminación de la parte sobre licencias especiales para los “padres y madres que adopten a gurises con discapacidades”. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que si el proyecto fue consensuado entre diversos actores, “no es posible” que la central se haya enterado de las modificaciones “el mismo día de la votación”. “Naturalmente tenemos cierto dolor”, porque “no se logró el objetivo en su totalidad. Pero no vamos a bajar los brazos”, aseguró.