Por 62 votos a favor en 77 presentes, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de Inmuebles Urbanos Vacíos y Degradados, que declara de interés general el cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad inmueble urbana. El informe proveniente de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente establece que un inmueble se considerará “degradado cuando tenga edificaciones en ruinas o paralizadas, se encuentre deteriorado, o esté en situación de baldío, es decir, que ponga en riesgo la integridad física de las personas, la salubridad pública o comprometa la habitabilidad de los linderos”.
En esos casos, el proyecto habilita a hacer una denuncia ante la Justicia para que compruebe y declare la condición de degradado del inmueble. La diputada Gabriela Barreiro, del Partido Socialista, leyó el informe y agregó que “si el propietario no comparece, no puede rehabilitar el inmueble o no tiene interés en ello, se prevé la venta judicial del inmueble a efectos de que un nuevo propietario lo rehabilite”.
Barreiro destacó que “el derecho a la propiedad está protegido por la Constitución, pero esa disposición también hace referencia a los límites que puede tener [el derecho] en beneficio del interés general”. Su par Andrés Carrasco, del Partido Independiente, se manifestó favorable al proyecto, y lo mismo hizo el nacionalista José Andrés Arocena, quien afirmó que el problema de los inmuebles vacíos o degradados “es una realidad que tenemos”, y que “después de años y años”, este proyecto “da una solución”. El colorado Ope Pasquet también dio su visto bueno e hizo hincapié en que “si el propietario no cumple con esa primera intimación, empieza un juicio ordinario con las máximas garantías. No es un proceso administrativo. Es una forma de contemplar el derecho de propiedad del demandado”.
Por su parte, el nacionalista Pablo Abdala argumentó su voto contrario señalando que “coincidir con los fines no necesariamente es estar de acuerdo con los medios”. “En la elección de los instrumentos y en la definición de los mismos se llegó a un proyecto que no está del todo bien resuelto”, remarcó Abdala, y criticó los plazos “exiguos” para que el propietario rehabilite el inmueble, así como la posibilidad de que se establezca una “expropiación encubierta, aunque esa no sea la intención”, ya que cuando los inmuebles degradados se pongan a la venta el Estado podrá “igualar al mejor postor y desplazarlo”, y si no aparece ningún interesado podrá “adquirirlo a mitad de precio”. “Hay una prerrogativa en favor del Estado”, afirmó, y señaló que “el proyecto se basa en la desconfianza hacia el propietario” y “no se detiene mucho en las facultades que tiene el propietario por el derecho de propiedad”.