“Las palabras justas y la verdad no están sujetas a la distancia de los océanos y del tiempo, y por eso estamos en Roma, pero es como si estuviéramos en Montevideo. Hablamos de crímenes imprescriptibles que involucran a ciudadanos italianos y llaman a un deber de verdad y justicia que debemos buscar con toda nuestra tenacidad”. Con esas palabras, Andrea Speranzoni, abogado de Uruguay en el juicio de segunda instancia del Plan Cóndor en Roma, comenzó su exposición, en el momento en que le tocó aportar su parte en la discusión sobre la apelación. En la jornada ya se había asistido a un pedido de nulidad del juicio por parte de las defensas de los imputados –que fue rechazado por la Corte de Asís– y a la exposición de la sentencia de primer grado por parte de la jueza Agatella Giuffrida, que preside el colegio. La magistrada detalló que el Plan Cóndor “fue una realidad operativa en los años 70” y se trató de “una coordinación entre los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Perú” para reprimir la disidencia con “detenciones ilegales, clandestinas y torturas destinadas a obtener informaciones”, e informó que las condenas y las absoluciones del juicio en primer grado tuvieron como criterio la identificación de responsabilidades entre mandos y cuadros intermedios.
Luego de que la fiscal de primer grado, Tiziana Cugini, mencionara que la sentencia en primer grado falló en la reconstrucción de la responsabilidad penal de los imputados, Speranzoni analizó toda la nueva documentación que adjuntó a las actas en dos tramos: el 5 de octubre y el 6 de noviembre. Las nuevas pruebas buscan demostrar el rol operativo de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (Esma) y el cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay (Fusna) en 1977 y 1978; el intercambio de informaciones y operaciones entre la Armada uruguaya y la Armada argentina; la relación entre los imputados Jorge Néstor Tróccoli, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray y Alfredo Astiz, y la reconstrucción del traslado de Tróccoli de Montevideo a Buenos Aires. En la documentación presentada hay un pedido de prórroga de visa para Tróccoli para todo 1979, que la Embajada de Uruguay envió al gobierno argentino y que fue encontrado por la investigadora italiana Francesca Lessa.
“Nuestra tarea en el juicio de apelación es la de mirar en profundidad quién hace qué cosa y en relación a quién, y analizar las cadenas de mando”, dijo Speranzoni a la diaria. Según sostuvo, la apelación fue posible debido al “serio trabajo de investigación” que se pudo hacer “gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y a las organizaciones uruguayas por los derechos humanos que desde hace años luchan por verdad y justicia”.