Los legisladores de Cambiemos, el partido que gobierna Argentina, buscan que la Cámara de Diputados analice un proyecto de reforma de la ley de semillas que ha encontrado la resistencia de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y de derechos humanos. Su punto más polémico tiene que ver con la restricción del uso propio gratuito de las semillas, es decir, con que los trabajadores rurales puedan utilizar las semillas de cosechas previas sin pagar regalías. La modificación de la ley plantea, en cambio, que las multinacionales del agro cobren regalías cada vez que los productores vuelvan a utilizar sus semillas.
Actualmente, 90% del negocio de las semillas transgénicas y 60% del de todas las semillas está controlado por cuatro grupos de empresas: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (DowDuPont) y BASF; los trabajadores rurales denuncian que el proyecto está confeccionado a la medida de cada uno de ellos.
El oficialismo presentó la iniciativa a mediados de noviembre ante las comisiones de Agricultura, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la cámara baja, y logró el dictamen favorable para su tratamiento en el plenario. Sin embargo, una semana después, la sesión en la que se iba a debatir la ley fue suspendida por desacuerdos al interior de la bancada oficialista debido a cuestiones ajenas a las semillas. El debate quedó en el aire pero, según medios periodísticos como Tiempo Argentino, Cambiemos intentará instalarlo nuevamente en la agenda parlamentaria antes de fin de año.
Cuando finalmente lo logren, los legisladores de Cambiemos deberán negociar con las diferentes bancadas de la oposición para que la iniciativa pueda tener media sanción en Diputados, ya que las bancadas del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Peronismo Federal ya adelantaron que no apoyarán la propuesta.
Las grandes empresas argumentan que es sensato cobrar regalías porque los productores rurales no pagan lo suficiente por el beneficio de las investigaciones que llevan adelante y que permiten mejorar el rendimiento de los granos gracias a las modificaciones genéticas. En la misma línea, los legisladores que respaldan el proyecto defienden que el mercado no puede crecer sin una legislación actualizada que contemple, justamente, el pago por la innovación tecnológica.
Pero para los detractores, el proyecto “privatiza” el uso de las semillas. “Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones sociales, entre ellas la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento Campesino Indígena.
Las organizaciones también niegan que haya un “consenso” en torno a la ley, como afirma el gobierno, ya que el texto fue “negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural”, por lo que “excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”.