En octubre de 2016, Juan Pablo Odiffani y Matías Farías fueron imputados por abuso sexual “agravado por el suministro de estupefacientes” seguido de muerte “en concurso ideal con femicidio” por el asesinato de la adolescente Lucía Pérez, de 16 años, en Mar del Plata. Un tercer hombre, Alejandro Maciel, fue imputado por encubrimiento. En ese momento, la entonces fiscal María Isabel Sánchez denunció un “crimen salvaje”, que incluía la venta de drogas a la joven y su muerte por empalamiento. El caso motivó el repudio de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país contra los femicidios. La protesta incluso desembocó en la convocatoria al Primer Paro Nacional de Mujeres en Argentina.
Dos años después del asesinato, el juicio por la muerte de Pérez terminó ayer sin condenas por femicidio. El Poder Judicial de Mar del Plata sentenció a Odiffani y a Farías a ocho años de prisión por venta de estupefacientes. El tribunal consideró que no se pudo probar que hubo abuso sexual ni que los hombres tuvieron responsabilidad por la muerte de Pérez. Maciel fue absuelto de todos los cargos.
La Fiscalía y el abogado de la familia de Pérez, Gustavo Marceillac, habían pedido que Farías fuera condenado a cadena perpetua por “abuso sexual violento con acceso carnal en concurso ideal con femicidio y venta de estupefacientes”. Para Offidani, la Fiscalía pedía una condena de 18 años de prisión como “partícipe secundario”, mientras el abogado defensor exigía una pena de cadena perpetua como coautor. En cuanto a Maciel, la Fiscalía pidió su absolución porque no había elementos suficientes para arrestarlo, si bien para Marceillac quedó demostrado en el juicio que “ayudó a borrar los rastros del delito” tanto en la escena del crimen como en el cuerpo de la adolescente.
Los peritos que evaluaron los informes médicos coincidieron en que no se pudo comprobar que hubiera lesiones compatibles con abuso sexual y plantearon que la principal hipótesis sobre la causa de muerte es la “asfixia tóxica”. Para la familia, ese informe no invalida la hipótesis del abuso y tampoco la de femicidio. Marcelliac había dicho durante su alegato que se trata de “un caso de violencia de género extrema”, porque “adultos captaban a nenas en la puerta de colegios y les vendían drogas para luego satisfacer sus más bajos apetitos sexuales”.
La coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Laurana Malacalza, que declaró en el juicio como especialista, dijo al portal Cosecha roja que se trata de un caso de violencia de género porque “tres varones adultos usan la droga para relacionarse con ella, menor de edad”. En ese sentido, afirmó que “hay una situación de dominación de estos varones con jóvenes” que “no se comprueba con huellas físicas” pero que “permite ver los controles territoriales que ejercen algunos varones con las mujeres”.
La sentencia del tribunal de Mar de Plata se dio a conocer unas horas antes de que se realizara en Buenos Aires una marcha contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el domingo. Cientos de mujeres caminaron ayer desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para manifestarse además contra la cumbre del G20 –que comienza el viernes en la capital argentina– y el “ajuste” del gobierno de Mauricio Macri. Una vez en la plaza, las organizaciones feministas convocantes denunciaron el fallo sobre el caso de Pérez y pidieron que se acabe la “justicia patriarcal”.