La Cámara de Representantes comenzó a tratar en la tarde de ayer el informe de la comisión investigadora sobre todo el proceso que condujo a la construcción de la regasificadora de Puntas de Sayago. En la votación parlametaria se aprobó, con los votos de 49 de los 95 diputados presentes, el informe de la mayoría, presentado por el Frente Amplio (FA). El texto aprobado rechaza que el Parlamento como tal lleve los antecedentes reunidos durante el trabajo de la comisión a la Justicia. De todos modos, los partidos de la oposición presentarán la denuncia, según aseguró a la diaria el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional (PN). Este aseguró, además, que es “factible” que lo hagan en conjunto.
El miembro informante en mayoría, Roberto Chiazzaro (FA) afirmó que fue “diáfano y cristalino” el proceso de adjudicación por parte de Gas Sayago (empresa conformada por ANCAP y UTE) al consorcio GNLS, formado por Gaz de France y la japonesa Marubeni. Destacó también que todos los directores de la oposición firmaron en su momento el contrato correspondiente, incluyendo el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, que integraba el directorio de UTE y antes había votado contra la adjudicación de la licitación. Chiazzaro acotó que “no se entiende” aquel voto negativo de Antía, “porque no sólo contaba con toda la información, sino que podía participar en estos procesos”.
El frenteamplista dijo que son sólo “insinuaciones y sospechas” las denuncias sobre un supuesto soborno por parte de la empresa brasileña OAS al gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para que intercediera por la adjudicación del gasoducto a esa firma. “Como único elemento para sus infundios, el denunciante mostró una fotocopia de unos expedientes de los que no se dijo de dónde los sacó”. Opinó que esa acusación únicamente busca “manchar la presidencia de [José] Mujica”, y acotó que si los legisladores hubieran acudido a la Justicia, “la denuncia habría caído en el olvido”.
En cambio, el informante en minoría, Mario García (PN), afirmó que la Justicia debería intervenir porque hubo un “apresuramiento muy llamativo” para las adjudicaciones, que se hicieron “apenas 13 días después de abiertos los pliegos”. Aseguró que la “conexión Brasil es un tema medular en toda esta trama” y que OAS llegó a Uruguay por “la influencia de Lula”, mediante procedimientos “reñidos con la transparencia”. Aunque García reconoció que las “formalidades [de las pruebas] no son estrictamente legales”, sostuvo que eso se subsanará una vez presentada la denuncia, gracias a los acuerdos que hay entre Uruguay y Brasil para el acceso a la información.