El vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, entregó ayer al embajador uruguayo en su país, Carlos Barros, la información sobre el proceso que afronta el ex presidente Alan García. Además, le entregó una nota diplomática en la que expone la posición oficial peruana sobre el pedido de asilo político del ex mandatario. Barros y De Zela mantuvieron una reunión que duró por lo menos media hora en la sede de la cancillería de Perú, y a la salida el uruguayo dijo a la prensa que iba a remitir a nuestro país de inmediato la documentación recibida, informó la agencia de noticias Efe. Barros también afirmó que Uruguay se tomará “todo el tiempo que sea necesario” para decidir si le concede de forma definitiva el asilo a García.
En la nota diplomática, el gobierno de Perú asegura que en ese país “impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, que allí el gobierno no practica la persecución política, y que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han actuado en el caso de García con “respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”.
El gobierno encabezado por Martín Vizcarra resalta que tanto Uruguay como Perú forman parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, “cuyo objetivo es precisamente fortalecer los mecanismos anticorrupción para defender a las instituciones democráticas de sus efectos corrosivos”. También señala que Uruguay forma parte del Compromiso de Lima, “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, que se estableció en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en la capital peruana en abril de este año, cuando los estados participantes asumieron la tarea de adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción, incluida la cooperación entre ellos.
El domingo se supo que el sábado de noche García había solicitado asilo político en la embajada uruguaya en Lima, donde permanece a la espera de que el gobierno de nuestro país decida si le dará amparo. El ex mandatario es acusado de actos de corrupción vinculados con el caso internacional Odebrecht.