El foco internacional y nacional está puesto en el gobierno uruguayo que, en los próximos días, deberá tomar una decisión sobre la pedido de asilo diplomático del ex presidente de Perú Alan García. El gobierno aceptó concederle el ingreso a la embajada de Uruguay, ubicada en Lima –a la que recurrió el ex mandatario el sábado– mientras espera recibir información del gobierno peruano sobre el caso judicial que involucra al ex mandatario.
El gobierno peruano anunció que hoy enviará una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que expondrá los motivos por los que no está de acuerdo con que se le conceda el asilo político al ex mandatario. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se comunicó con Vázquez el fin de semana y le transmitió la “importancia del tema, y que, respetando la decisión de Uruguay, que pondere la opinión de Perú” sobre el tema. García es investigado por la fiscalía de su país por presuntos actos de corrupción, delitos de colusión agravada y lavado de activos vinculados con la empresa brasileña Odebrecht.
El ex mandatario peruano optó por enviarle una carta a Vázquez explicando los motivos por los que solicita el asilo político. En la misiva, García argumentó que luego de que estallara el “escándalo Odebrecht” y se comprobaran “grandes sobornos”, en los que estaban implicados los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, “toda la atención” recayó en él, que sin embargo asegura que todo es parte de una “persecución política”, impulsada por el presidente peruano. García niega haber participado en cualquier acto de corrupción y señala que “no existe ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito mencionados por ningún declarante peruano o brasilero”, según sostiene en la misiva, que fue difundida por el Partido Aprista Peruano en Twitter.
En el Frente Amplio (FA) hay distintas miradas sobre qué pasos debería seguir el gobierno. El diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a la diaria que cualquier persona que se presenta ante una embajada tiene que ser acogida por el embajador y el gobierno debe otorgarle, en principio, un “asilo de carácter provisorio”. La segunda etapa, en la que actualmente se encuentra el gobierno uruguayo, consiste en recibir los antecedentes del caso; el “gobierno peruano tiene que explicar por qué no está siendo perseguido políticamente sino que tan sólo está siendo requerido por la Justicia”, explicó el legislador. Si este fuera el caso, el artículo IV de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, de 1954, establece que “no es lícito” dar asilo a personas que se encuentran inculpadas o procesadas por delitos comunes, señaló Chiazzaro. En caso contrario, si el gobierno considera que se trata de un perseguido político, ya que se le están negando los derechos de legítima defensa, puede darle asilo, pero para ello Uruguay deberá solicitar al gobierno peruano “el salvocoducto”: garantizar que lo dejen salir. En ese caso, el gobierno uruguayo debe hacerse cargo de todos los gastos. Chiazzaro entiende que el gobierno uruguayo tendrá que dilucidar si simplemente “se trata de un corrupto” o es un “perseguido político”.
El senador Rubén Martínez Huelmo, del Movimiento de Participación Popular, señaló que este caso no se puede ver desde el punto de vista político o ideológico, porque el asilo político es “para todos” los ciudadanos por igual. “Ningún instituto de asilo se otorga desde una posición política. Es un instrumento objetivo, no funciona al gusto ideológico del consumidor”. De todos modos, señaló que la cancillería tiene que ser muy cauta y no caer en un “error”, para que esto no se “transforme en una artimaña de quien pide asilo para evadir su responsabilidad judicial”.
El diputado de ese sector Daniel Caggiani recordó que Uruguay históricamente ha recibido diferentes solicitudes de asilo político y sostuvo, a título personal, que, más allá de “no comulgar con sus ideales [de García]”, considera que Uruguay debe “mantener esa tradición”. El diputado consideró que en una región cada vez “más convulsionada”, esto siempre va a ser una “ventana abierta” para futuros casos y Uruguay va a tener que acceder a este tipo de solicitudes de “manera más común”.
Los partidos políticos de Perú también se pronunciaron sobre el caso. El Frente Amplio peruano solicitó al gobierno uruguayo que rechace el asilo diplomático. Su portavoz, Humberto Morales, dijo en una conferencia de prensa que no existe la persecución política que alega García y solicitó que se desestime su solicitud, en el entendido de que existe la “separación de poderes en Perú”. Desde el mismo partido del ex presidente, el legislador del Partido Aprista Peruano Jorge del Castillo pidió a la ciudadanía “mantener la calma” y dejar que el gobierno uruguayo decida con “tranquilidad”, según recogió la agencia de noticias Efe.
La senadora Constanza Moreira, de Casa Grande, entiende que, de acuerdo con las declaraciones del Frente Amplio de Perú y de las organizaciones de la coordinadora de Derechos Humanos, “el proceso legal contra Alan García y la tipificación de sus delitos no amerita el uso de la figura de asilo político, ya que no se configura persecución política”. En función de esto, “el Estado uruguayo deberá estudiar el caso y, de llegarse a la conclusión de que se está ante un delito de corrupción en un juicio ordinario, no correspondería darle asilo”.
En la misma línea, el senador Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, explicó que la figura de asilo político se utiliza en casos en que “las personas están siendo perseguidas y su vida corre peligro, así como en casos en los que son perseguidos ideológicamente por fuerzas mayoritarias”, pero este “no parece ser el caso”. Para Castillo, se trata de un “caso de corrupción”, por lo que, en principio, no “parece que ameritara que se le otorgue el asilo”, señaló.
La mirada de la oposición
El precandidato colorado Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos, manifestó que hasta el momento el gobierno uruguayo ha seguido los lineamientos de la convención, pero “aquí de lo que se trata es de un ex presidente que está siendo investigado en un país democrático por una justicia independiente”. “Usted fíjese que si todos los que están siendo investigados por corrupción en América Latina, que abundan miles de casos, vinieran a pedirle asilo en Uruguay, terminaríamos acogiendo y protegiendo a quienes han traicionado la confianza de la ciudadanía incurriendo en presuntos hechos de corrupción”.
Por su parte, el senador nacionalista Javier García escribió en su cuenta de Twitter que el asilo es una “figura” para impedir una “persecución política”, y manifestó que espera que Uruguay no “intervenga en asuntos internos de Perú” y actúe de acuerdo con el derecho vigente.
En tanto, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres entiende que es correcto darle “derecho al amparo”, pero la cancillería tiene que tener mucho cuidado porque en Perú “rigen las garantías” y el gobierno puede terminar exponiéndose a un “deterioro” de las relaciones bilaterales. “Me parecería muy raro que Uruguay termine considerando que existe un caso de persecución política de Perú cuando hay un importante caso de corrupción en cuestión”, advirtió.