La ola ultraderechista que en los últimos años tomó impulso en Europa llegó a las orillas de España. La receta del éxito es la misma que utilizaron sus representantes en países vecinos como Francia, Italia o Alemania: el match entre una agenda social ultraconservadora, un discurso xenófobo y una política económica liberal. Los embajadores españoles de esta fórmula integran el partido Vox –“voz” en latín–, que amenaza con conquistar a votantes del Partido Popular (PP).
Vox fue fundado en 2013 por ex integrantes del PP con el objetivo de “recoger el voto de la derecha desencantada”. Actualmente el partido es presidido por Santiago Abascal, un político vasco que abandonó las filas del PP después de 19 años de militancia por “diferencias irreconciliables” con su cúpula. En particular, Abascal manifestó su desacuerdo con la actuación del entonces partido gobernante frente a los casos de corrupción que lo salpicaban y con la posición adoptada ante los nacionalismos vasco y catalán. Por esto último, el ultraderechista incluso llegó a acusar al ex presidente Mariano Rajoy de atentar contra la unidad de España y “traicionar las ideas” del PP.
En su página web oficial, Vox se presenta como un partido creado “para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española” que apuesta por “los valores, la familia y la vida”. En línea con estos tres pilares, la organización política de extrema derecha propone políticas sociales que “fomenten la natalidad”, por lo que se posiciona contra el aborto legal. También se opone al matrimonio igualitario –y, en general, a todos los reclamos que lleva adelante la comunidad LGBTI– y rechaza los reclamos del movimiento feminista. De hecho, en su programa electoral Vox propone la supresión de “organismos feministas radicales subvencionados”. En el mismo apartado, plantea la derogación de la ley contra la violencia de género y “de toda norma que discrimine a un sexo de otro”. En su lugar, pretende promulgar “una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños”. El plan de la extrema derecha también busca prohibir la educación sexual en los colegios y la difusión de la mal llamada “ideología de género”.
Por otro lado, el partido de Abascal quiere ponerle un freno a lo que considera el avance de la “inmigración masiva”. En este sentido, se opone a recibir refugiados y propone la detención de los inmigrantes indocumentados; todo eso en el marco de una política migratoria que elevará las exigencias del trámite para adquirir la nacionalidad española. El plan de Vox tampoco avala el “multiculturalismo” y por eso establece, entre otras medidas, cerrar las mezquitas “fundamentalistas”, expulsar a los líderes religiosos musulmanes que promuevan “el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad” e ilegalizar la financiación de lugares de culto en territorio español por parte de otros países.
En materia de política exterior, Vox ha manifestado posiciones euroescépticas inspiradas en propuestas de otros partidos ultraderechistas más consolidados en el continente, como Agrupación Nacional (ex Frente Nacional) en Francia, Alternativa para Alemania, el Partido por la Libertad holandés o la Liga Norte italiana. En este sentido, la formación busca impulsar en Bruselas la creación de un “nuevo tratado europeo” –que “aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones”–, reducir “el gasto político europeo”, eliminar “toda representación política exterior de regiones o municipios” y promover un Plan Nacional de Cooperación Internacional con “las naciones de la comunidad histórica hispana”.
En paralelo, Vox apoya una disminución del volumen de la administración pública, con propuestas como suprimir el Senado. Además, defiende una visión liberal de la economía y la disminución o supresión de los impuestos actuales.
Una sola España
Vox no cree en las autonomías regionales, por lo que se opone a la organización actual de España. En cambio, aboga por una reforma constitucional que transforme al país en un “Estado de derecho unitario” que tenga un solo gobierno y un único Parlamento. Como paso previo, dice el programa electoral, las regiones autonómicas deberán renunciar a sus competencias en educación, salud, seguridad y justicia, que quedarían en manos del Estado español.
En consonancia con esa política, la organización política de Abascal promueve la ilegalización de los partidos y organizaciones independentistas. “Ninguna afrenta” a España y a sus símbolos y emblemas, agrega el texto, “debe quedar impune”.
A fines del año pasado, Vox presentó varias denuncias contra políticos catalanes soberanistas a raíz del proceso que incluyó la celebración del referéndum del 1º de octubre en Cataluña y la posterior declaración de independencia. Las encuestas muestran que el número de simpatizantes de Vox aumentó a partir de ese momento. Desde su fundación, en 2013, hasta setiembre de 2017 el partido se mantuvo en torno de los 3.500 afiliados; actualmente llegó a casi 11.000, con un crecimiento sostenido en las redes sociales.
La impronta ultranacionalista de esta formación también queda plasmada en la promesa de derogar la Ley de Memoria Histórica, referida a la dictadura de Francisco Franco. Vox señala que “ningún parlamento está legitimado” para definir el pasado, y asegura que la norma está confeccionada para “manipular” y “dividir” a los españoles.
La cruzada andaluza
La magnitud del avance de Vox se materializó, tal vez por primera vez, en un acto realizado el domingo 11 en Madrid para presentar a sus candidatos para las elecciones regionales de Andalucía, que se celebrarán el domingo. En estos comicios, los andaluces están llamados a votar para renovar los 109 diputados del Parlamento regional, que votará un nuevo gobierno para esa comunidad autónoma.
“Vox no es un partido de extrema derecha, es un partido de extrema necesidad”, lanzó ese día Abascal ante un público que superaba las 10.000 personas. El líder intentaba así responder a las declaraciones de partidos como el PP, Ciudadanos (derecha) o Podemos (izquierda), que apelaron al “voto útil” de los andaluces. “El voto realmente útil es el de Vox”, porque es el voto para “devolver el trabajo y la dignidad a Andalucía, para que esté a la cabeza de España y se aleje del victimismo con el que tienen sometida a tanta gente”, dijo.
Las críticas de los partidos grandes tienen sustento: se sienten amenazados. Los sondeos publicados en las últimas semanas sugieren que Vox podría convertirse en el quinto partido español con representación parlamentaria en Andalucía después de la votación del domingo. La última encuesta de la consultora Metroscopia, difundida la semana pasada, reveló sin embargo un retroceso: si las elecciones fueran en estos días los ultraderechistas alcanzarían 3,1% de los votos, menos que el 5% necesario para ocupar un escaño, al que aparentemente habían llegado los días anteriores.
El mismo sondeo muestra además que –contrariamente a lo que se podría pensar– Vox le está quitando más votos a Ciudadanos que al PP. Este fenómeno se reflejó también en la última encuesta de intención de voto que hizo Metroscopia a nivel nacional, según la cual los votos que recibe este nuevo partido provienen en un 5% de votantes de Ciudadanos, 4% de los que votaron al PP hace tres años, y 1% tanto de los que lo hicieron por Podemos como los que optaron por el Partido Socialista Obrero Español, actualmente en el gobierno. En el acto de Madrid, Abascal resaltó que su movimiento generó un “terremoto político” y que, como consecuencia, lo esperan “con la escopeta cargada”.
Más adelante, el secretario general del partido, Javier Ortega, culpó a la derecha “cobarde” de haber sido “la mayor cómplice de la rotura de España” y de haber “financiado a las asociaciones que han sido el embrión de Podemos”. Las alusiones estaban dirigidas al PP, su principal rival.
El tímido pero rápido ascenso de Vox inquietó a los líderes del PP, que ya no esconden su preocupación –la semana pasada el alcalde de Vejer de la Frontera, José Ortiz, dijo que “votar al PP es tirar el voto a la basura”– y que han radicalizado el discurso en cuestiones como la inmigración o la unidad de España para cortar el éxodo de simpatizantes.